Junts y ERC se desmarcan del referendo unilateral de la CUP

BarcelonaEl Parlament debatía este jueves una propuesta de la CUP para impulsar una nueva ley para celebrar un referéndum de independencia, a semejanza del del 2017. Era la prueba del algodón del grado de compromiso de los independentistas con la vía de la unilateralidad, y los anticapitalistas se han acabado quedando solo defendiendo el referéndum de independencia hecho desde Catalunya esta legislatura, con o sin pacto con el Estado. ERC y Junts se han abstenido. "Han pasado seis años desde el 1-O y no se ha hecho ninguna propuesta para aplicar su mandato", clamó la diputada Montserrat Vinyets.

En el tramo final de las negociaciones de investidura, republicanos y junteros se han puesto de perfil y, con diversas fórmulas, han reprochado a los cuperos que quieran ir atrás en el tiempo y se excluyan de un nuevo frente unitario de el independentismo a favor de un referendo pactado. Porque es el "referéndum pactado" y con reconocimiento internacional el que tanto ERC como Junts han reclamado durante el debate. Una postura que los republicanos han defendido en los últimos años, y que querían apuntalar con el informe de expertos sobre un acuerdo de claridad, pero que no siempre han reivindicado con el mismo fervor a los diputados de Junts.

PSC, comunes, PP y Vox han votado en contra de la propuesta. Los socialistas lo aprovecharon para celebrar que Junts y ERC "se hayan apartado de la estrategia de la CUP", mientras que los comunes reivindicaron la "buena política" de la ley de amnistía y pidieron estar a la altura del momento. El momento, por supuesto, son las negociaciones de investidura. El debate se producía pocos minutos antes de que se hiciera público el acuerdo del PSOE y Junts que prácticamente deja cerrada la investidura de Sánchez, a la espera del PNV, y que abre la puerta a una negociación sobre la autodeterminación. La ley de amnistía es, con este último pacto, algo hecho.

Uno de los primeros acercamientos de Junts hacia el referéndum acordado se produjo con motivo de la aprobación de una resolución en el debate de política general de ámbito español. Tras intensas negociaciones, ERC y Junts pactaron no apoyar una investidura sin el "compromiso" de "trabajar" para conseguir las condiciones para celebrar un referendo de independencia. En un principio, y en una propuesta propia, Junts reiteraba que sólo se sentía vinculado por el mandato del 1-O. Finalmente, ambos grupos convinieron en reconocer que sólo un referendo acordado podía sustituir el resultado de las urnas de 2017. El Parlamento lo aprobó por mayoría, con la abstención de la CUP y el voto en contra del resto de formaciones.

La moción de la CUP también pedía recurrir a Naciones Unidas, la Comisión Europea y el Consejo de Europa para resolver el conflicto político. Este punto también ha decaído, con la abstención de ERC y Junts (a pesar de sus pactos sobre mediación internacional con el PSOE) y la de los comunes.

La amenaza sobre la mesa

El debate de este jueves en el Parlament se ha producido bajo la amenaza de Cs y Vox con llevar la cámara a los tribunales para admitirla. Ambas formaciones habían pedido a la mesa que no las tramitara, lo que habría impedido debatirlas. Es una situación similar a la que acabó con la mesa del expresidente del Parlament Roger Torrent sentada en el banquillo por haber tramitado resoluciones en favor de la autodeterminación y en contra de la monarquía. Según el Tribunal Constitucional (TC), eran inconstitucionales y la mesa tenía la obligación de impedir que llegaran al hemiciclo. En defensa de la libertad de expresión y la pluralidad política, la mesa de Torrent decidió sacarlas adelante pese a las advertencias. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) los absolvió.

La actual mesa, presidida por Anna Erra, ha optado también por tramitar la moción bajo sospecha, pese a que el PSC ha apoyado a la de Cs de detener al debate (pero no a la de Vox, según precisan fuentes socialistas). Cs ya ha avisado de que recurrirá ante el Tribunal Constitucional, y Vox también ha anunciado una ofensiva legal contra los miembros de la mesa. Cs, además, se ha ido del hemiciclo durante la votación. "¿Qué es esto, el día de la marmota?", ha protestado la diputada Anna Grau (Cs), recordando los hechos de 2017.