El laberinto de los presupuestos

BarcelonaMartes se producirá una de las imágenes más icónicas de cada legislatura: el titular de Economía, Jaume Giró, entregará a la actual presidenta del Parlament, Laura Borràs, un dispositivo con el proyecto de presupuestos del Govern. Justo un rato antes, el consejo ejecutivo presidido por Pere Aragonès habrá dado el visto bueno tras meses de preparación con los departamentos y de intentar hacer la cuadratura del círculo a pesar de -como denuncian desde la Generalitat- no disponer de los ingresos extras de los fondos covid para Salud que hasta ahora había transferido el Estado. Algunos datos concretos del presupuesto se han sabido con cuentagotas -ayer el ARA avanzó que habrá 85,2 millones más para Cultura-, pero el marco general es que son unas cuentas expansivas con 3.500 millones de euros más que los anteriores, que cuentan con partidas que tienen que provenir de los fondos europeos y que no hay previstas subidas de impuestos.

Ahora bien, el ejecutivo topa con un problema: no tiene ningún acuerdo cerrado con su socio potencial, la CUP, con la que Giró se ha reunido periódicamente desde el verano para intentar limar fricciones. Hasta ahora sin éxito. Ayer Esquerra -en un acto en la Llotja de Mar con Oriol Junqueras y Marta Rovira desde Suiza- instó a los cupaires a tejer una alianza “estratégica” para evitar la “sociovergencia”, en alusión al hecho que el PSC pueda acabar siendo el socio alternativo para sacarlos adelante. Junqueras disparó contra Junts, socio de gobierno, acusándolos de protagonizar con los socialistas un modelo “caduco”, que añoran “los de siempre” y que ha allanado el terreno a la “corrupción”: citó la ampliación del aeropuerto de El Prat y el pacto de JxCat con el PSC en la Diputación de Barcelona. “Queremos trabajar con la CUP para garantizar un futuro sostenible y luchar contra los intereses elitistas”, dijo Rovira, a pesar de que los cupaires se quejan que no se cumple el pacto de investidura.

¿Qué separa al Govern y a la CUP?

La sensación que describen unos y otros de la negociación de los presupuestos de 2022 es muy diferente: así como la CUP afirma desde hace semanas que no se avanza, el Govern asegura que las conversaciones no van tan mal. ¿Qué les separa? Los anticapitalistas han insistido mucho en la internalización del 061 y denuncian que el Govern no les ha planteado una fórmula concreta. Pero fuentes gubernamentales dicen que sí que se les ha ofrecido incorporar el compromiso de hacerlo a través de una disposición adicional en los presupuestos o en la ley de acompañamiento. La CUP también pide aumentar el presupuesto de vivienda hasta 1.000 millones de euros y denuncia que el ejecutivo prevé 600, a pesar de que desde el Govern afirman que si más allá de la partida principal se le suman otras relacionadas con la emergencia habitacional ya se llega casi a la cifra que pide la CUP. Donde no hay margen es en la presión fiscal: los cupaires quieren subir impuestos y el Govern ya ha cerrado la puerta a ello.

La última reunión de los negociadores se hizo viernes -avanzada por el ARA - y no sirvió para cerrar acuerdos. Así, hoy los cupaires reúnen la coordinadora oberta parlamentària (COP), donde están representadas las asambleas territoriales y las organizaciones que apoyan la formación, para decidir si presentan una enmienda a la totalidad y cómo lo trasladan a la militancia para que exprese su opinión -informa Xavi Tedó -. El plazo empezará la semana que viene: una vez martes lleguen las cuentas al Parlament, la mesa tendrá que admitir el proyecto a trámite y los grupos tendrán diez días para presentar, si quieren, enmiendas a la totalidad tras escuchar las comparecencias de todos los consellers en comisión. Será del 9 al 19 de noviembre, pues, que la CUP discutirá internamente cuál es el posicionamiento en este primer pleno.

Ayer la diputada Eulàlia Reguant, que lleva el peso de las negociaciones con el ejecutivo, no era optimista: en Catalunya Ràdio aseguraba que estaban “más cerca del no que del sí”, a pesar de que no renunciaba a continuar trabajando. Según la CUP -a diferencia de lo que dice Esquerra- no se está cumpliendo el pacto que firmaron para apoyar la investidura de Pere Aragonès. Un acuerdo en el que se incluían cuestiones presupuestarias -como los 1.000 millones anuales en políticas de vivienda-, pero también otras que no tienen que ver con las cuentas, como la no presencia de los antidisturbios en los desahucios y la retirada de la Generalitat de las causas contra activistas si no hay lesiones. Hay que tener en cuenta que la CUP solo ha apoyado los presupuestos una vez. Fue en 2017 a cambio del compromiso del entonces president Carles Puigdemont de hacer el 1-O. Este 2022 la contrapartida con el Procés está descartada: la CUP defiende un nuevo referéndum unilateral este mandato que ni Esquerra ni Junts ven. Aún así, ayer a ERC intentó hacer acercamientos sin calendario: defendió el referéndum como la “mejor herramienta” y la mesa de diálogo, de la que reniegan los cupaires , como un “pulso al Estado” para hacer la independencia.

Escenarios alternativos

Sin embargo, a diferencia de años anteriores en que el Govern tenía un único socio potencial, esta vez la coalición de ERC y Junts tiene más pretendientes en el Parlament. El PSC se ofrece desde hace meses y desde esta semana también los comuns. Ante este panorama, el hecho que la CUP decida o no presentar una enmienda a la totalidad es clave. Si no la presenta, el Govern continuará negociando con los anticapitalistas. Ahora bien, si la presenta se activarán los planes alternativos porque el Govern necesitará la alianza de los socialistas o de los comuns para superar el debate a la totalidad en el pleno y poder poner en marcha el trámite de los presupuestos en el Parlament (debate en comisión por departamentos y aprobación final en el pleno). Si no, Catalunya no dispondría de nuevas cuentas el 1 de enero de 2022 (habría prórroga de los de 2020). La posibilidad de pactar con los socialistas no se recoge del mismo modo por parte de ERC o de Junts. Los republicanos insisten con la CUP en público y en privado, porque depender de los socialistas en Catalunya desactivaría -creen- su potencial fuerza negociadora con el PSOE en el Congreso. En cambio, desde Junts, a pesar de que también apuestan por la CUP, hay voces pragmáticas que no ven mal la opción de los socialistas. A pesar de la distancia con el Procés, en términos económicos se entienden.

La elección del socio para las cuentas va mucho más allá del debate presupuestario. Pactar con el PSC no sería inocuo para el Govern de Aragonès: sería la primera vez después de los años álgidos del Procés que el PSC se situaría como socio clave e implicaría entrar en una fase de geometría variable. También representaría la rotura de la mayoría independentista del 14-F, porque además de no tener una hoja de ruta común tampoco sostendría la gobernabilidad del país.