Los letrados del Congreso dudan de la constitucionalidad de la amnistía
Los juristas adscritos a la comisión de Justicia plantean que debería realizarse una reforma constitucional y no una ley orgánica singular
BarcelonaA diferencia de lo que ocurrió en el 2021, cuando la mesa del Congreso de los Diputados no tramitó la proposición de ley de amnistía de los independentistas, esta vez sí ha avalado que pueda debatirse –y posteriormente, aprobar– en la cámara española. Ahora bien, esto no quiere decir que los letrados del Congreso no tengan objeciones: si bien no la ven manifiestamente inconstitucional y avalan que se tramite, los juristas que asisten a la comisión de Justicia –donde se debate ahora la norma– sí creen que hay dudas de que encaje plenamente en la actual carta magna. Como cualquier informe de los letrados, en todo caso, no es vinculante, sino que será potestad de los diputados decidir si atienden o no su criterio, distinto al de los juristas que han asesorado a la mayoría plurinacional.
En un informe, avanzado por La Vanguardia y al que ha tenido acceso el ARA, plantean que es posible que sea necesaria una reforma constitucional. El texto considera que no queda justificado de forma suficiente en el preámbulo de la ley que el Congreso de los Diputados tenga la facultad de dejar sin efectos condenas penales: "La afirmación de que la amnistía previa a la Constitución [la de 1977] forme parte del pacto constitucional originario genera dudas de que pueda constituir la premisa a partir de la que se pueda deducir que la amnistía como figura jurídica está permitida por la Constitución”. Y sigue: "La iniciativa plantea dudas que pueda tener cabida en la carta magna, por lo que debería ser articulada a través de una reforma constitucional".
¿En qué se basan los letrados de la cámara? Básicamente en dos argumentos: el primero, que la Constitución desautoriza a los indultos generales, y, el segundo, que durante el debate constituyente se descartaron por la mayoría de aquella época diversas enmiendas que precisamente atribuían a las Cortes la posibilidad de hacer una amnistía . Añaden, en este sentido, que el contenido material de esta iniciativa podría constituir "el ejercicio de la potestad jurisdiccional", una materia reservada "exclusivamente a los juzgados y tribunales".
Objecciones también en el articulado
Más allá de las pegas que ponen en la exposición de motivos, los letrados también señalan reparos en el articulado. Consideran que la definición que hacen de las conductas y delitos asociados es "indeterminada", ya que la norma cita una serie de tipos penales amnistiables pero también añade que lo serán todos aquellos que encajen en la definición más amplia que se plantea: "Reivindicar , promover o procurar la secesión o la independencia de Cataluña, convocar, promover o procurar la celebración de las consultas, o el propósito de permitir su celebración". Esta "indeterminación", así como el período temporal que comprende –del 2012 al 2023–, para los letrados del Congreso, podría "lesionar el principio de seguridad jurídica" y también "la aplicación igualitaria de la ley". Su argumento es que consideran que va más allá de las consultas del 9-N y del 1-O y del "carácter excepcional de una extinción de la responsabilidad" que exige una ley singular como la amnistía.
Al mismo tiempo , los letrados adscritos a la comisión de Justicia también recelan que se incluya como delito amnistiable la malversación porque podría, dicen, "comprometer la armonización y la efectividad de las normas reguladoras de los delitos de este flanco, perseguidos por el derecho de la Unión Europea", y también concluyen que excluir de la amnistía a los condenados por terrorismo sólo por sentencia firme "puede ser contrario al derecho europeo". En este sentido, también creen que la ley no debería pronunciarse sobre si deben dejarse sin efecto o no las órdenes de detención cuando entre en vigor la norma aunque existan recursos de inconstitucionalidad: opinan que es materia reservada a la ley del Tribunal Constitucional.
El PP aprovecha el informe
El PP no ha tardado en aprovechar el informe de los letrados para cargar contra el PSOE. "Es la dignidad de quienes se niegan a someterse", ha dicho el portavoz popular en el Congreso, Miguel Tellado, quien ha prometido que desde el PP harán "todo lo posible para detener la ley y reparar sus efectos". Así, fuentes del PP acusan a la presidenta de la cámara baja, Francina Armengol, de "esconder" el informe: "Está fechado del 10 de enero y lo recibimos ayer por la tarde", aseguran, y añaden que hubiera sido útil para presentar las enmiendas parciales, cuyo plazo terminaba precisamente este martes.
Se ha apresurado a reaccionar, en sentido contrario, el ministro Félix Bolaños: "Respetamos todos los informes, los trabajaremos y los analizaremos", ha dicho, quitando importancia a la opinión de los juristas. Así, citó "otros informes de los letrados del Congreso" que opinan que la amnistía es constitucional y remarcó que los criterios "doctrinales y jurídicos son libres". Bolaños hace referencia al reciente informe de los letrados de la mesa que avalaron la tramitación de la amnistía y también a un informe de 2018 sobre una iniciativa relacionada con sanciones a guardias civiles que tenía en cuenta a la amnistía como una figura dentro de la Constitución. El ministro, en cambio, no ha citado el informe de los propios letrados de la mesa del 2021 que vetó la iniciativa en el Congreso por inconstitucional.
