La ley de amnistía y el poder judicial

MadridAhora que ya tenemos la ley de amnistía sobre la mesa no todo está claro y las preguntas siguen. Quizás nos pensamos que el acuerdo entre el Govern y Junts sería la respuesta, pero más bien es la pregunta. ¿Será suficiente, será suficiente? No estoy seguro. No quiero decir que no se haya negociado bien y que el texto no permita ser interpretado por archivar la práctica totalidad de las causas penales que quedan abiertas sobre el Proceso. Podría ser. Pero lo que no veo probable es que la tensión con los jueces haya terminado. Cuando digo jueces me refiero especialmente al Supremo, pero no sólo a ese tribunal.

Doy por descontada la presentación de una consulta o cuestión prejudicial en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), y ya veremos qué curso tiene el sumario sobre el caso Tsunami. De entrada, el auto de la sala penal para aceptar la exposición razonada del juez que le remitió la causa, Manuel García-Castellón, ya incluía cierto esfuerzo pedagógico por hacer entender a la opinión pública –periodistas incluidos– que el terrorismo no consiste exclusivamente en los delitos de sangre, citando a la kale borroka, como equiparable la ocupación de un aeropuerto con la acción sostenida de apoyo a una organización terrorista, como fue ETA.

Hay datos suficientes, en definitiva, para creer que en los próximos meses podemos conocer una situación insólita, de choque de trenes, entre parte del estamento judicial y el Congreso de los Diputados, que habrá aprobado la ley de amnistía . Si esto ocurre ya no estaremos ante un conflicto entre el poder judicial y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, o entre un sector de los jueces y el gobierno, sino en un marco de desacuerdo entre poderes del Estado. En parte, el origen del problema está en un punto que trataba el informe de la Comisión de Veneciano –el órgano consultivo del Consejo de Europa en materia constitucional– sobre la ley de amnistía, cuando echaba de menos un apoyo más amplio en torno a esta iniciativa parlamentaria.

Los motivos de la justicia

Es verdad que PSOE y PP no se han entendido habitualmente sobre qué hacer con relación a Catalunya, excepto —y no es poca excepción— para suspender la autonomía en octubre del 2017. La razón no ha sido otra que la voluntad de aprovechar esta materia como elemento de desgaste del adversario. No puede imaginarse una situación en la que los dos grandes partidos estatales pudieran coincidir en una estrategia común para enderezar la relación con Catalunya. En estas circunstancias no puede extrañar que sea la magistratura conservadora la que aparezca en primera línea de resistencia frente a la ley de amnistía. No hay más que recordar la cena que una cincuentena de fiscales hicieron con Feijóo, poco antes de las elecciones municipales y autonómicas del año pasado, donde algunas intervenciones se dedicaron a glosar la idea de derogar el sanchismo, exhibida por los populares como la síntesis de su proyecto político.

¿Todo esto quiere decir que hay jueces dispuestos a prevaricar, oa actuar como brazo ejecutor de los propósitos de la derecha política? Obviamente no, no hace falta ir tan lejos. La cuestión es que al huir de la justicia española, Puigdemont se libró de ir a prisión, pero también asumió riesgos. De entrada, el de no poder tener ninguna seguridad del momento en el que podría volver a España. A diferencia de las euroórdenes de detención, las enviadas a los cuerpos policiales interiores han estado vigentes siempre desde que Puigdemont fue declarado en rebeldía. Y si las dirigidas al exterior no lo han sido en todo momento se debe a que se quería evitar que fracasaran.

Dicho de otro modo, la justicia tiene sus propios motivos, sin necesidad de recibir estímulos desde el ámbito político, por considerar que con Puigdemont hay una cuenta pendiente. Esa cuenta sería el derivado del hecho de que a los miembros de su gobierno se les pudiera juzgar y condenar mientras él seguía amparado por la justicia belga. Hubo un momento en el que el líder de Junts pudo ser entregado en función de la euroorden. Fue cuando le detuvieron en Schleswig-Holstein, en Alemania, y los jueces alemanes ofrecieron cumplir la euroorden sólo por el delito de malversación, no por las acusaciones de rebelión o sedición. Y el Supremo no lo aceptó, porque estaba a punto de juzgar a todos los demás procesados por el conjunto de los delitos mencionados.

¿Volverá Puigdemont en junio?

Teniendo en cuenta estos antecedentes no me parece que pueda asegurarse que Puigdemont estará de vuelta en Catalunya este mes de junio. Habrá que ver cómo interpreta el Supremo la compatibilidad entre la directiva europea de 2017 sobre terrorismo y el Código Penal español. Podría resultar sorprendente, pero no es teóricamente descartable que cuando la sala penal haya estudiado más a fondo el sumario del caso Tsunami, y haya practicado las diligencias que considere oportunas, acabe rechazando la tesis del terrorismo y considerando que los hechos no ocurrieron de constituir un delito de desórdenes públicos. Esto implicaría la aplicación de la ley de amnistía.

Se puede apuntar como hipótesis remota, ahora inverosímil, vistas las posiciones que ha estado sosteniendo el Supremo y su oposición frontal a los indultos, cuando tuvo que informar sobre el expediente abierto por el gobierno para conceder aquella medida de gracia . Lo que para Pedro Sánchez y el ministro Félix Bolaños es hacer de la necesidad virtud, para los fiscales de la causa del Proceso y por el propio Supremo es una cesión política por unos votos que resultan imprescindibles para el gobierno. La sala penal ya dijo entonces que no veía razones de justicia, equidad o utilidad pública para acordar a los indultos, ni ningún atisbo de arrepentimiento por parte de los condenados.

Aparte, falta ver qué camino seguirá el recurso del PP en el Constitucional. Aquí la discusión se centrará en si la amnistía respeta la interdicción de la arbitrariedad. Y es poco probable que el tribunal de garantías pueda dictar sentencia antes del verano. En cualquier caso, el acuerdo sobre la ley de amnistía confirma la voluntad compartida de que la legislatura avance, como se verá en los próximos pactos de presupuestos. Todo esto sin descartar que el caso Ábalos-Koldo pueda dar nuevas sorpresas sobre el grado de penetración de la corrupción en la actual administración. La gran ventaja de Pedro Sánchez es que Feijóo sigue sin tener con quien aliarse para ponerle en peligro.