Las impugnaciones dejan la suspensión del 14-F en manos del TSJC

BarcelonaEl Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) tendrá la última palabra sobre el aplazamiento de las elecciones decretado por el Govern la semana pasada, con el aval de la gran mayoría de fuerzas parlamentarias. El tribunal ha recibido varios recursos contra el decreto de suspensión electoral, uno de los cuales, interpuesto por un particular, reclama medidas cautelarísimas y que, por lo tanto, se resuelva en veinticuatro horas si se deja en suspenso -hasta que se resuelva el fondo de la cuestión- el decreto firmado el pasado viernes por el ejecutivo. El Govern no tiene posibilidad de hacer alegaciones hasta que no se haya resuelto si el tribunal acepta las cautelarísimas, pero fuentes del ejecutivo confían en que se inadmitirán.

La Lliga Democràtica, que no se presentaba a los comicios después del fracaso de las negociaciones con el PSC, ha sido el primer partido en anunciar que impugna el decreto de la Generalitat, a pesar de que otras formaciones políticas como Izquierda En Positivo, una formación extraparlamentaria de "izquierda no nacionalista", que presentó candidatura por el 14-F, ha anunciado su intención de emprender acciones legales contra la decisión de la Generalitat. También Impulso Ciudadano, una asociación unionista, ha avanzado que mañana presentará recurso, mientras que Federalistas de Izquierdas, de la órbita de los socialistas, ya lo ha presentado. El PSC, en cambio, no ha aclarado todavía, como tampoco Vox, si impugnarán el aplazamiento y aseguran que lo están estudiando con "diferentes juristas". Vox es otra de las formaciones que ha apuntado en la dirección de impugnar, a pesar de que todavía no se han decidido a hacerlo.

La vice primera secretaria del PSC, Eva Granados, ha negado que estén utilizando organizaciones afines para evitar mojarse con el recurso. "El presidente de Federalistas de Izquierdas es un insigne militante de ICV, y la Lliga Democràtica es una formación que estuvo en conversaciones con el PSC pero que no forma parte de la candidatura", ha argumentado. Así lo ha defendido también en Catalunya Ràdio el presidente de la entidad federalista, Joan Botella, si bien también ha afirmado que "al PSC y a la mayoría de partidos les cuesta arriesgarse y están esperando a que algúien más impugne las elecciones". Granados, con todo, ha anunciado que los socialistas suspenden la campaña y ha pedido al resto de los partidos que, por coherencia ante el aplazamiento, hagan lo mismo. "No sacaremos adelante ningún tipo material ni haremos ningún acto electoral. [...] Tampoco volveremos a reunir a nuestro comité electoral", ha ejemplificado.

A la espera de ver qué recibimiento tiene esta propuesta, en dos escritos interpuestos por Lliga -a los cuales ha tenido acceso el ARA- se defiende que el artículo 23 de la Constitución, sobre el derecho a la participación electoral, ha sido vulnerado por el Govern, pero no se reclama la adopción de medidas cautelares. En el momento en el que el TSJC lo admita a trámite, el partido dispondrá de un plazo de ocho días para hacer las alegaciones, según explican fuentes del servicio jurídico del partido, que apuntan que valorarán la petición de cautelares una vez se formalice la demanda.

En un comunicado, el partido considera que hay "intereses electorales" detrás el aplazamiento de los comicios y que la pandemia es una "excusa", y critica especialmente que la nueva convocatoria quede aplazada "sine die y en manos del Govern", cosa que da lugar a un "abuso de poder inaceptable" y una "absoluta indefensión e inseguridad jurídica". Desde el PDECat han avalado el aplazamiento del 14-F, pero también ven "intereses electorales" en la elección del 30 de mayo como nueva fecha. "Son criterios arbitrarios", ha dicho la candidata Àngels Chacón en rueda de prensa.

La portavoz de JxCat, Elsa Artadi, en cambio, ha defendido que posponer las elecciones era "inevitable" como consecuencia de la situación actual. Ahora bien, ha pedido "tomar medidas" para que no pase lo mismo el 30 de mayo y se pueda votar independientemente de la pandemia: implementar el voto anticipado, promover más el voto por correo, ampliar la jornada de votación a dos días o permitir las urnas móviles. Todo reformas, sin embargo, que tienen que pasar por el Congreso de los Diputados para ser avaladas.

Patronal y sindicatos se decantan por no presentar recurso

Ante esta batería de recursos, Foment y PIMEC, que estudiaban impugnar el decreto de suspensión, se mantendrán al margen, según ha avanzado el ACN, con un comunicado conjunto que harán público hoy mismo después de reunir a sus ejecutivas. A pesar de que los principales sindicatos también habían recelado del cambio de fecha electoral, no lo impugnarán. "No estamos de acuerdo con el aplazamiento, pero respetamos las decisiones políticas y no las llevaremos a los tribunales", ha asegurado en declaraciones a Efe el líder de CCOO en Catalunya, Javier Pacheco.

En los últimos días, el Govern ha hecho llamamientos a la "responsabilidad" de los partidos para evitar que pusieran en manos de los tribunales la celebración de las elecciones. Esta mañana, el vicepresidente Pere Aragonès ha reclamado que nadie impugne el aplazamiento: "En el caso gallego y vasco nadie se atrevió a cuestionarlo y a ponerlo en entredicho". Lo ha dicho en un encuentro digital de Europa Press, en el que ha argumentado que posponer la fecha electoral es la mejor decisión porque las próximas semanas serán muy difíciles "desde el punto de vista sanitario". Para Aragonès, aplazar los comicios permitirá que la campaña electoral no gire exclusivamente sobre "si se tienen que hacer las elecciones o no". En el decreto de la Generalitat, el ejecutivo reconoce que las medidas que se han tomado para garantizar el derecho de voto de los catalanes son insuficientes ante la virulencia de la pandemia. La secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, ha ido algo más allá y ha acusado a la Moncloa de estar detrás de las impugnaciones para intentar interferir en el escenario político catalán con un "155 encubierto".

La Moncloa dice ahora que "no tiene nada que alegar" sobre el aplazamiento

Mientras tanto, la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, ha asegurado este lunes que el gobierno español no tiene nada que decir sobre la decisión de los partidos catalanes y del Govern de la Generalitat de posponer las elecciones hasta el 30 de mayo. A pesar de las declaraciones de la semana pasada de algunos compañeros de gabinete -como el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que afirmó que el aplazamiento supone "suspender la democracia",- Darias ha apuntado a Onda Cero que el gobierno español "no tiene nada que alegar" porque "es una cuestión que corresponde decidir a los partidos catalanes, a la sociedad catalana y al Govern".

"Han sido los partidos de ámbito catalán y el Govern los que han decidido esta fecha y yo me remito a las consideraciones a las que han llegado", ha recalcado. El pasado domingo, en una entrevista en El País, el ministro de Sanidad y candidato socialista, Salvador Illa, también rehuía hacer ningún comentario sobre el aplazamiento de los comicios, a pesar de que el PSC se haya mostrado desde el primer momento en contra. Los comunes, por boca de su portavoz, Joan Mena, han considerado un "error volver a judicializar" la política catalana llevando a los tribunales el aplazamiento de las elecciones. Con todo, ha avisado de que sería "un nuevo fracaso para el Govern" que hubieran elaborado un decreto "fácilmente impugnable".