Un maquillaje a la Corona dos años después de la fuga
Los retoques se limitan a una auditoría del Tribunal de Cuentas
MadridSobre la bocina, la Casa Real y el Gobierno español podrán decir que, casi dos años después de que Juan Carlos I huyera de España asediado por la corrupción, han dado algún paso. Hace tres semanas Felipe VI anunció que tenía un patrimonio de 2,5 millones de euros –todavía hoy es cuestión de fe dar la cifra por verídica– y al día siguiente el consejo de ministros aprobó un decreto para dotar de más transparencia a la institución. El paquete de medidas, negociado por la parte socialista del Gobierno español con la Corona y con el visto bueno del PP, fue recibido con poco entusiasmo en Unidas Podemos y las formaciones soberanistas. A pesar del pasado oscuro del emérito, no ha cambiado nada que pueda impedir que su hijo actúe igual.
La reforma de la Constitución es una posibilidad que prevé la carta magna, pero los defensores más acérrimos del texto no quieren en ningún caso abrir este melón. Esto hace que se aleje el escenario de tocar la inviolabilidad del jefe del Estado, regulada en el artículo 56.3, con un redactado genérico que la cúpula judicial interpreta de manera extensiva. Es decir, que no solo protege el monarca de sus actos como máxima institución –de hecho, tienen que ser refrendados por el Gobierno–, sino también de los privados. La investigación de la Fiscalía al rey emérito sobre su fortuna en el extranjero cuestionó más que nunca la tan repetida sentencia de que “la justicia es igual para todo el mundo”, porque uno de los obstáculos para haber presentado una querella contra él es que algunas de las actividades delictivas las cometió cuando era inviolable.
Aun así, el PSOE no está dispuesto a reformar este punto, ni siquiera explorando una vía que no requiera la reforma constitucional que algunos expertos jurídicos ven posible. “No creo que sea necesaria esta condición para el jefe del Estado”, afirmó el presidente español, Pedro Sánchez, en una entrevista a la SER el octubre del año pasado. Las cosas han cambiado y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, dejó claro durante la presentación del nuevo decreto sobre el funcionamiento de la monarquía que la inviolabilidad se mantenía. De hecho, aseguró que los cambios que anunció eran el “punto de llegada” de la agenda de modernización de la monarquía.
La medida más destacada es que el Tribunal de Cuentas hará una auditoría externa de las cuentas anuales de la Casa Real. Los detalles de esta fiscalización se concretarán en el convenio de colaboración que tendrán que firmar la institución y el tribunal. Si llega este año, el primer ejercicio económico fiscalizado será en 2023. A la espera de saber cómo se desarrolla este control, en el decreto aprobado ya se establece que el objetivo será saber si las cuentas reflejan la “imagen fiel del patrimonio y la situación financiera del organismo”. Esta auditoría estará sujeta, sin embargo, a los parámetros de los artículos 56 –precisamente, el que blinda la inviolabilidad– y 65 de la Constitución, que da autonomía al rey para administrar la partida que le corresponde de los presupuestos generales del Estado.
Sucesión y control del Congreso
En la etapa de modernización tampoco se ha considerado cambiar la sucesión de la Corona. Se establece que el heredero será hombre de manera prioritaria, si bien la evidencia reproductiva de Felipe VI y Letizia ha hecho que esto no provoque un conflicto. La nueva monarquía también continuará sin control en el Congreso y Juan Carlos I cuando visite España verá que no ha cambiado tanto.
