La presidenta del Poder Judicial pide a los jueces que no cedan a “influencias, presiones o injerencias”

MadridUn año más, el Tribunal Supremo ha acogido un acto solemne para dar el pistoletazo de salida al curso judicial. Lo ha hecho la misma semana que la pesadilla judicial de Pedro Sánchez se ha reactivado en la Audiencia Nacional, y a pocos metros de donde estaba declarando el exdirector general de la Guardia Civil, investigado en el caso Leire Díez. Todo el mundo sabe –en Ferraz, en Génova y en la Moncloa– que los tiempos de la justicia marcarán los próximos compases y los últimos vaivenes de la legislatura, tanto por los casos que salpican al PSOE como por la aplicación de la amnistía. Y unos de los grandes protagonistas han sido los reproches por las críticas políticas a los jueces: “No es admisible que la descalificación pública se convierta en un instrumento de presión”, ha proclamado la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló. “Si las descalificaciones proceden de quienes ejercen responsabilidades institucionales, la gravedad es mayor”, ha añadido. Sin decirlo abiertamente aludía –por ejemplo– a las críticas sucesivas y reiteradas que han expresado Pedro Sánchez y el ministro Óscar Puente contra los jueces de los casos de Begoña Gómez y de David Sánchez. Y ha enviado un mensaje directamente a los jueces: “Nuestra independencia es la mejor garantía de que, a la hora de tomar una decisión, lo haremos sin ceder a influencias, presiones ni injerencias de ningún tipo”.

La presidenta del CGPJ ha exigido al gobierno español que respete a la justicia como un “verdadero contrapeso” de los otros poderes del Estado, y ha reclamado que, aunque haya desacuerdos, se “preserve” el “respeto” a los jueces: “La confianza en la justicia es un valor que nos incumbe a todos, y las críticas en función de intereses partidistas no resultan aceptables”, ha insistido. Justamente esta semana, Óscar Puente ha dicho abiertamente que desconfía del papel de María Tardón, la jueza que investigará la entrada masiva de migrantes en Ceuta en la Audiencia Nacional: “Proviene del mundo político [fue concejala del PP en el Ayuntamiento de Madrid de 1999 al 2003]. Hasta ahora ha dado muestras que nos llevan a dudar de su imparcialidad, desde luego”, dijo. Ahora bien, Pedro Sánchez reconoció que el “compromiso político coyuntural” de María Tardón “no está reñido” con sus tareas como jueza.

Asimismo, Isabel Perelló ha advertido que las acusaciones de lawfare podrían ser delictivas: “Acusaciones expresas generalizadas de que los jueces adoptan determinadas decisiones por razones políticas es una imputación de extraordinaria gravedad que puede llegar a comportar la atribución de una conducta delictiva”, ha avisado. Finalmente, ha enviado un mensaje que puede entenderse como un reproche implícito a Juan Carlos Peinado, que ha investigado a la mujer del presidente español durante más de dos años y la ha dejado a un paso del banquillo de los acusados. Meses después de la decisión de Peinado de retirarle el pasaporte, la presidenta del CGPJ ha pedido a los jueces que tengan “mesura”, que piensen en la “trascendencia que pueden tener sus decisiones” y que tengan “prudencia” en sus intervenciones públicas.

Una “descalificación sistemática” contra la Fiscalía

Quien ha debutado ha sido María José Segarra, fiscal general del Estado desde el año 2018. Haciendo tándem con Isabel Perelló, ha sido el primer año de la historia en el que dos mujeres han intervenido en la apertura del año judicial. Durante su intervención ha dicho que la corrupción “erosiona la confianza de la ciudadanía en las instituciones” y “distorsiona el correcto funcionamiento de los poderes públicos”, y ha reclamado el “máximo rigor, independencia y determinación” del ministerio público para investigar y perseguir estas conductas, “particularmente cuando afectan a autoridades o funcionarios que se prevalen de las responsabilidades inherentes a su cargo”. No le ha mencionado, pero en las paredes del salón de plenos del Supremo ha resonado el nombre de José Luis Ábalos.

La fiscal general del Estado también ha salido al paso de las críticas que reciben algunos fiscales. El PP, por ejemplo, arremete desde hace tiempo contra los fiscales de los casos de Begoña Gómez y David Sánchez, que desde el primer día han sido partidarios de archivar las causas contra la mujer y el hermano de Pedro Sánchez, que han salido adelante solo con el impulso de las acusaciones populares. Peramato ha lamentado que se haga una “descalificación sistemática” y se proyecte sobre la institución una “imagen que no se corresponde con la realidad”. “Se atribuyen gratuitamente motivaciones espurias donde únicamente existe una valoración jurídica, se distingue entre fiscales buenos y malos según que la posición procesal que adopten convenga a unos o a otros”, ha dicho.

Por otra parte, Peramato también ha reclamado reforzar “todos los mecanismos de prevención, detección, protección y asistencia a las víctimas” de violencia de género y crear las “condiciones necesarias” para que puedan “denunciar con seguridad y confianza”. Las palabras llegan un mes después de que se supiera que en Andalucía el PP ha dejado en manos de Vox el servicio de valoración a víctimas de violencia machista. Peramato ha aprovechado el parlamento para deshacerse en elogios a las reformas que ha impulsado el ministro Félix Bolaños y que sitúan a España, a su juicio, ante una “oportunidad histórica”. Después de celebrar la implantación de los tribunales de instancia, ha mostrado el “firme apoyo” a que se atribuya a la Fiscalía la dirección de la investigación penal, y ha recalcado que la propuesta de nuevo Estatuto de la Fiscalía es un “importante paso adelante” y una “apuesta valiente”. Ahora bien, es altamente improbable que los dos proyectos vean luz verde en el Congreso.