MadridEl final del primer acto de los debates de investidura ha generado algunos momentos de nervios que han servido para dramatizar la situación más de la cuenta y volver a poner de relieve, eso sí, la dificultad que supone el pacto del PSOE con los independentistas. La impresión que tienen los socialistas es que sigue vigente la posibilidad del acuerdo, pero con preocupación por los mensajes que se utilizan para tratar de condicionar la negociación. Sánchez había dado instrucciones muy estrictas al gobierno ya su partido para que imperara la discreción, pero el no recibido por Feijóo en el Congreso y las peticiones de Junts y ERC en el Parlament de Catalunya han sido el signo del inicio de una nueva etapa en este intento de diálogo. Y es una fase en la que hay menos certezas. Que Feijóo no saldría adelante y no obtendría la confianza del Congreso, lo sabíamos. Lo que pueda ocurrir a partir de ahora, en cambio, no acaba de dibujarse con claridad.
En definitiva, ha comenzado el segundo acto de la representación, que no podrá ser una comedia ligera ni tampoco debería ser un drama. Contradictoriamente con el objetivo de discreción, los actores políticos compiten en busca de protagonismo, incluido el propio Sánchez, que va soltando píldoras sin concretar nada. Salvo, claro, el rechazo radical a cualquier iniciativa que se acerque al ejercicio de la autodeterminación. Pero ha sido demasiado exagerada la reacción del PSOE ante la resolución propuesta por ERC y Junts en la cámara catalana. Y también la de los medios de comunicación, por los intereses que representan en cada caso y porque todos estamos necesitados de intentar interpretar cada gesto y cada palabra.
La declaración de estos dos partidos en el sentido de que no apoyarán a Pedro Sánchez si no se compromete "a trabajar para hacer efectivas las condiciones para la celebración de un referéndum" en Catalunya generó algo más que inquietud y comportó una rápida respuesta del PSOE y el PSC en términos de grave advertencia a los independentistas. No había para tanto. La expresión utilizada –“trabajar para hacer efectivas las condiciones”– me recuerda a la retórica de buenos momentos de la política italiana, cuando yo estaba en Roma como corresponsal, en la década de los 80. Eran curiosos los comunicados de los partidos cuando querían dar a entender que mantenían unas negociaciones largas y serias, que eran muy lentas y de las que raramente salía algo concreto. Aquellos comunicados utilizaban fórmulas narrativas de aparente solemnidad para no concretar nada. Explicaban, por ejemplo, que “dopo una lunga e aprofondita seduta” –es decir, después de una sesión larga y seria–, todo seguía igual.
En este caso, el compromiso de trabajar para hacer efectivas unas determinadas condiciones la verdad es que no deja nada ligado. La legislatura pasada también hubo un supuesto compromiso para favorecer la mesa de diálogo con el Gobierno y no me parece que se acabaran haciendo grandes esfuerzos desde el ejecutivo español por potenciarla, ni siquiera por tenerla en cuenta. Creo, por tanto, que si el PSOE se lo hubiera tomado como una exigencia formal, pero en el fondo poco o nada comprometedora, no se habría generado ese momento de nervios al que me refería al principio. Está claro que ERC y Junts querrían un referéndum, pero seguro que también son conscientes de las limitaciones que tienen los socialistas para dar reclamaciones de este tipo, limitaciones que son tanto de carácter constitucional como estrictamente político.
La reiteración de un deseo
Supongo que todo el mundo también es consciente de que los independentistas no pueden dejar de serlo y no quieren abdicar de sus ideas, ni siquiera por razones estratégicas. Por tanto, lo exagerado es traducir dicha declaración como la prueba definitiva de que se sube de manera inaceptable el listón de las condiciones que Sánchez deberá cumplir si quiere volver a residir en la Moncloa para poner en marcha una nueva legislatura. La negativa del PSOE a negociar cualquier iniciativa que conduzca al ejercicio del derecho a la autodeterminación era muy clara antes de aprobarse la declaración y lo sigue siendo después. La hipotética insistencia de ERC y de Junts en este punto sólo tendría sentido si se estuviera preparando la ruptura de las negociaciones para investir a Pedro Sánchez. Y como nada hace pensar que una salida así esté en curso, me resulta difícil creer que se le esté planteando realmente una reivindicación inasumible para él y su partido, incluidos socialistas catalanes. Por tanto, la declaración aprobada en el Parlamento me parece la reiteración de un deseo que no se podrá convertir en una imposición.
Hay que recordar que, poco después de la toma de posesión en enero, el actual presidente del Constitucional, Cándido Conde- Pumpido, dijo en el pleno del tribunal que la autodeterminación no estaba amparada por la Constitución. Lo subrayó para evitar que tuvieran mucho recorrido unas declaraciones de la magistrada del propio tribunal, María Luisa Segoviano, quien a una pregunta sobre la autodeterminación había respondido que si se proponía y llegaba al órgano de garantías ya se iba a estudiar. No creo que el gobierno pidiera a Conde-Pumpido que cortara las especulaciones que provocaron las declaraciones de Segoviano. No hacía falta. Seguro que este tribunal, incluso con la actual composición de mayoría progresista, nunca daría facilidades a una iniciativa mínimamente relacionada con la autodeterminación.
Es una buena razón para que el gobierno de Sánchez –ahora en funciones– no se comprometa a cosas que no podría hacer en serio. Seguramente también por eso se explica la rotundidad de la respuesta. ”Por ese camino –dijeron con una sola voz PSOE y PSC– no hay avance posible. El camino es el de la convivencia y la cohesión, el entendimiento y el progreso económico y social de Cataluña y del resto de España, siempre dentro de la Constitución”. Este texto también tiene su punto de retórica, pero no deja espacio para dar muchos pasos, por no decir ninguno. Por tanto, ERC y Junts no se equivocarán si concentran los esfuerzos en concretar la supuesta ley de amnistía y garantías de progresos importantes en materia competencial y de financiación. Sólo veo otra alternativa, que es empezar a preparar nuevas elecciones.
