La Moncloa piensa en la renovación unilateral del Constitucional

Vence el mandato de dos miembros propuestos por el Gobierno y dos por el CGPJ

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OT SERRA
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La fachada del Tribunal Constitucional, en Madrid, en una imagen del otoño pasado.

MadridEl mandato caducado del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) vuelve a provocar un quebradero de cabeza al Gobierno español por el vencimiento del mandato de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC). Hoy expiran los nueve años como miembros del tribunal de garantías del presidente, Pedro González Trevijano; el vicepresidente, Juan Antonio Xiol, y también de Santiago Martínez Varas y Antonio Narváez. Dos de ellos fueron propuestos por el Gobierno español y los otros dos por el CGPJ en 2013. Ahora tocaría renovar este tercio –cuatro de doce que integran el TC–, pero la reforma de la ley orgánica del poder judicial que imposibilita que el órgano de gobierno de los jueces haga nombramientos mientras está en funciones –lo está desde diciembre de 2018– es ahora un obstáculo.

El debate jurídico que hay sobre la mesa es si el ejecutivo puede proceder a nombrar a los dos magistrados que le corresponden sin que lo haga también el CGPJ. El artículo 159 de la Constitución dice que los miembros del TC se renuevan “por terceras partes cada tres años” y no hay ningún antecedente de que no haya sido así. Ahora bien, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ya dejó caer que, a su entender, el Gobierno español puede seguir su camino sin esperar al CGPJ. Algunas fuentes consultadas hacen un matiz: una cosa es la renovación efectiva y otra el nombramiento.

Según el catedrático en derecho constitucional de la UB Xavier Arbós, el ejecutivo tiene la obligación de designar a los dos nuevos magistrados, que en este caso tienen que sustituir a Trevijano y Narváez, propuestos en su momento por el Gobierno de Mariano Rajoy. Después, la toma de posesión depende del propio TC, que tiene que celebrar un pleno gubernativo en el cual dé el visto bueno a los candidatos. Los requisitos de idoneidad son que los escogidos sean juristas de reconocida competencia con quince años de experiencia y, en principio, los miembros del tribunal no tendrían que entrar en valorar nada más.

En manos del pleno del TC

Pero no se descarta que, a pesar de dar el visto bueno, el pleno considere que antes de que tomen posesión hay que esperar a los candidatos propuestos por el CGPJ para proceder a la renovación “por tercios” que establece la Constitución. Esta semana El País explicaba que hay magistrados del bloque conservador dispuestos a bloquear el relevo si no hay una actuación simultánea del Gobierno español y el órgano de gobierno de los jueces. La decisión no se prevé que sea “pacífica”, según fuentes conocedoras de cómo se podría desarrollar la deliberación.

Por ahora la Moncloa no aclara si dará el paso después de las elecciones andaluzas y continúa presionando al PP para que se avenga a renovar el CGPJ. Y de momento los populares afirman que esta es una “urgencia política” del Gobierno y que su prioridad es la inflación y el choque con Argelia. En la renovación del TC está en juego que el bloque progresista logre la mayoría en el tribunal que tiene la última palabra sobre la interpretación de la Constitución.

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