Montero vs. Junqueras: la viabilidad de la financiación singular en juego

Barcelona / MadridEl deslumbrante por la investidura de Salvador Illa fue el acuerdo para que Catalunya tuviera un nuevo modelo de financiación singular que pasaba por recaudar todos los impuestos, empezando por el IRPF. Aparte del PSC, el acuerdo también lo avaló el PSOE en un comité federal, la garantía que le sirvió a ERC para someter ese pacto a votación de las bases –que avalaron con una ajustada mayoría, un 53,5%–. Aunque sobre el papel el pacto establecía que de cara al próximo año la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC) ya debía recaudar el IRPF, a lo largo de los últimos meses esta previsión no sólo ha mutado, sino que el cumplimiento global del pacto ha quedado en el aire. El choque entre Esquerra y el ministerio de Hacienda se ha hecho evidente en las últimas semanas, dejando en falso al gobierno de Salvador Illa, que ha tenido que hacer equilibrios. ¿Qué separa ahora mismo a ambas partes? ¿Por qué no encaja lo que pide ERC con lo que quiere la titular de su cartera, María Jesús Montero?

El acuerdo de investidura entre socialistas y republicanos ponía por escrito que con el nuevo modelo de financiación Catalunya debía pasar a recaudar todos los impuestos y establecer una cuota de solidaridad para aportar al resto del Estado. Para empezar a aterrizar el pacto, el Govern empezó a dimensionar la ATC para incorporar recursos humanos y tecnológicos que deben permitir al organismo gestionar el IRPF, el impuesto que Catalunya debía recaudar en el 2026, pero que finalmente la previsión se ha dilatado hasta el 2028. En paralelo, Esquerra ha dado un paso adelante presentado este viernes y en solitario una proposición de ley para dar amparo legal a la recaudación de la ATC y también ampliarlo al resto de comunidades autónomas. Y ahí se ha evidenciado el primer choque con el ministerio de Hacienda.

Desde ERC defienden que sin aprobar un marco legal, los pasos que dé el Govern para preparar la Hacienda catalana para que pueda recaudar el IRPF son estériles. Los republicanos, de hecho, se quejan de que María Jesús Montero no quiere ceder esa recaudación porque supone tocar "el tuétano del Estado", en palabras de Oriol Junqueras. La proposición de ley de los republicanos no sólo contempla que Catalunya pueda gestionar este tributo, sino que lo amplía a las comunidades que lo soliciten. De hecho, proponen modificar tres leyes estatales para que tenga base legal: la Lofca (ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas), la ley por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común (22/2009) y la ley de cesión de tributos a Cataluña (16/2010). Sin embargo, la vía de los republicanos no la comparte Montero.

El impuesto con más peso

El IRPF no es un impuesto cualquiera. Se trata de la figura impositiva más importante en el Estado por su peso recaudatorio, lo que tiene consecuencias directas en los recursos que se reparten a través del sistema de financiación autonómica de régimen común, y que debería haberse actualizado en 2014. Hay que tener en cuenta que del tramo autonómico del IRPF, sólo una parte se la queda el territorio (en el caso de la %) parar en el bote común que nutre el sistema. Asimismo, una descentralización total del IRPF también afectaría a los recursos del Estado, que ahora controla el otro 50% del tributo. Es por eso que éste siempre ha sido un debate, como mínimo, espinoso para Hacienda. De hecho, hace años que la discusión sobre dotar de mayor autonomía fiscal a las comunidades se arrastra y no sólo a las instituciones, también a la academia.

Desde el ministerio de Hacienda no están claros en sus intenciones en cuanto a la cesión de ese tributo –en un pasado, Montero ha defendido públicamente avanzar hacia una federalización del sistema fiscal y ha abierto la puerta a una armonización de los tributos–. En todo caso, el punto de partida de Hacienda es el acuerdo alcanzado con el Govern en el marco de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado del pasado mes de julio, pero no la proposición presentada este viernes por ERC. De hecho, en el documento resultado de la reunión Generalitat-Estado se hablaba de "impulsar" cambios legislativos para que la ATC "asumiera progresivamente competencias en la gestión del IRPF". No hablaba, por tanto, explícitamente de recaudación.

La pelota, ahora, está en su tejado. De entrada, podrían imponer un veto a la propuesta legislativa de ERC por motivos presupuestarios tal y como reconoce la Constitución (afecta a un impuesto y, por tanto, a los recursos con los que cuenta el Estado). Tiene 30 días para decidirlo. Si no pone bastones en las ruedas, la iniciativa se votará en el pleno del Congreso cuando sea el turno de ERC.

Fuentes de esta cartera remarcan sólo que hay que ir "progresivamente" –ceder del todo un tributo supone dar la llave de la caja, es decir, de los recursos, a una comunidad– y que la modificación del IRPF supone tocar "leyes muy importantes" que sí o sí implican tener el aval del Congreso de los Diputados, algo que hoy no la plurinacional. "Debe agradar a todo el mundo", reiteran las mismas fuentes, que prefieren no hablar de calendario.

Pendientes de la propuesta de Hacienda

Si la norma finalmente no sigue adelante, Esquerra se plantea otra vía que debería servir como primer paso para aprobar esta base legal para que la ATC pueda recaudar el IRPF. La reforma global del modelo de financiación autonómica que debe presentar María Jesús Montero debería comportar la modificación de la Lofca y es ahí donde el partido de Junqueras ve una brecha para incluir también el cambio legal para que las comunidades autónomas puedan gestionar el impuesto de la renta, apuntan fuentes de la formación. Ahora bien, habría que modificar otras dos leyes –las que ERC había incorporado a su proposición de ley– para que esta recaudación fuera efectiva.

La intención de Hacienda es presentar una nueva propuesta de modelo antes de que acabe el año. Sin embargo, desde dentro de la cartera apuntan que a pesar de estar estrechamente ligado con la cesión de impuestos como el IRPF, se trata de cosas "paralelas". "Se está trabajando", indican fuentes del ministerio, que ya advierten de que la intención es que sea "viable" para todas las comunidades autónomas. Fuentes republicanas creen que el hecho de que María Jesús Montero sea candidata a Andalucía complica todo tipo de adelanto en esta materia. "No llevará nada bajo el brazo firmado con ERC" para presentarse, opinan las mismas fuentes. Este mismo sábado, Montero ha asegurado que es "mentira" que el gobierno español quiera beneficiar más a Catalunya con una nueva financiación, al igual que lo era que el finiquito del FLA sólo ayudara a la Generalitat: "Perdonamos más a Andalucía que a otros territorios".

Hay, sin embargo, que enmiendan esta tesis: "Ya sea candidata o no, [María Jesús] Montero no propondría un modelo que fuera negativo para Andalucía, pero tampoco para ninguna otra comunidad". Fuentes cercanas a la vicepresidenta aseguran que es difícil encontrar a alguien "con más sintonía" y "sensibilidad" que ella para negociar un modelo singular que de rebote suponga dotar de mayor capacidad a la hora de gestionar tributos como el IRPF. "Conoce a fondo el modelo de financiación y está dispuesta a negociar [...]. Si alguien cree que lo tiene más fácil negociando con alguien que no sea ella, va equivocado. Es un error de lectura", reiteran las mismas fuentes. Sin embargo, la presión de Esquerra, por ahora, no ha hecho mover el ministerio de Hacienda. Pero la posición de María Jesús Montero deja en una posición difícil al gobierno de Salvador Illa, que no se ha cansado de repetir que cumplirá con el acuerdo de investidura.

Este miércoles, el propio presidente de la Generalitat intentaba relativizar el choque con el gobierno español y aseguraba que Montero es un "activo". Esta semana, sin embargo, el Govern se ponía junto a ERC cuando aseguraba que su objetivo era cumplir con que Catalunya recaudara el 100% del IRPF. No es el primer encontronazo que los socialistas catalanes tienen con el PSOE. En la reunión de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado de julio, cayó del acuerdo para un modelo de financiación singular el principio de ordinalidad que ha defendido el PSC y simplemente se incluyó como una de las cosas que defiende Cataluña, pero sin que el gobierno español lo asumiera.