Mundó, Borràs y Vila dejan atrás la inhabilitación del Supremo

BarcelonaUn año y ocho meses después, este miércoles Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santi Vila han cumplido su condena y se han convertido en los primeros dirigentes independentistas que dejan atrás la pena impuesta por el Tribunal Supremo en el juicio del Procés. La suya fue una condena por desobediencia que les comportó veinte meses de inhabilitación. En la práctica, estos veinte meses les han cambiado poco la vida porque los tres ya habían abandonado la política institucional antes del juicio. Y ahora que se les ha levantado la inhabilitación es probable que tampoco les suponga ningún cambio sustancial, porque ninguno de los tres tiene intención de volver a dar el salto a las instituciones, al menos a corto plazo. Eso sí, tal como dice el ex conseller de Justicia, haberse liberado de una condena que ve del todo “injusta” no deja de ser liberador.

A diferencia de los otros nueve líderes independentistas, el Supremo condenó a Borràs, Mundó y Villa por un delito de desobediencia. Una pena que implicaba que se liberaban de volver a entrar en la prisión, pero que tenía un regusto agridulce por la sentencia de entre 9 y 13 años que cayó sobre sus compañeros. “Fue una condena totalmente desproporcionada que ha causado mucho dolor”, dice Santi Vila. “Mientras nosotros hemos tenido inhabilitación, los presos han tenido penas de prisión cuando habrían tenido que tener la misma condena que nosotros”, añade Meritxell Borràs, que explica que sigue visitando a los presos. La ex consellera de Gobernación, como también Carles Mundó, pasó 33 días entre rejas, mientras que Vila pasó una noche y salió en libertad después de pagar la fianza impuesta por la juez Carmen Lamela.

Todos reiteran que la condena no les ha hecho cambiar sus convicciones políticas, pero esto no significa que quieran volver a la primera línea. De hecho, Mundó explica que, por ejemplo, ERC le planteó la posibilidad de volver a la política institucional formando parte del nuevo gobierno de Pere Aragonès y él declinó la oferta. “El compromiso político lo tengo, pero por coherencia no lo acepté”, detalla, recordando que después del 21 de diciembre de 2017 ya decidió abandonar la política institucional para dedicarse a su profesión de abogado. “Es una decisión que responde a factores profesionales y personales”, argumenta, a pesar de que no se atreve a decir que “nunca más” volverá a la política institucional. Meritxell Borràs la abandonó antes del 21-D, cuando rechazó la oferta de formar parte de las listas de JxCat. Ahora la ex consellera trabaja en la Universitat de Vic y no se plantea, de momento, volver a la vida política. Tampoco Santi Vila, que trabaja en Aigües Busot de Banyoles y también en la Universitat Ramon Llull: “Es necesario que entren caras nuevas y yo todavía tengo otras causas abiertas”. 

El Tribunal de Cuentas

Vila se refiere al caso de los bienes de Sixena, que le podría volver a comportar una pena de inhabilitación por un delito de desobediencia. Pero también a la causa abierta en el Tribunal de Cuentas que tienen todos los ex consellers del Govern de Carles Puigdemont. El organismo abrió un procedimiento para que los condenados por el Tribunal Supremo restituyeran como responsabilidad civil el coste del 1-O a la administración pública. 

Mundó subraya que puede ser “especialmente doloroso” si el caso acaba “mal”: “Es una venganza pura y dura”. El Tribunal de Cuentas reclamó una fianza de 4,1 millones de euros a los condenados por el Procés. Un dinero que se pagaron con la fianza que en su momento ya ingresaron todos los condenados en el Tribunal Supremo y que se completó con los fondos de la Caixa de Solidaridad. La causa está pendiente de resolución. “Esto no se ha acabado aquí”, avisa Mundó. Y es que la inhabilitación la han completado, pero la judicialización continúa.