"No queremos cerrar guarderías, pero estamos al límite": el drama financiero de algunos ayuntamientos catalanes

BarcelonaHace meses que los ayuntamientos catalanes avisan de que, si nada cambia, tendrán dificultades para pagar los recibos del agua, el alumbrado y las obras, pero también los servicios que prestan a pesar de no tener obligación legal, como los hogares de niños, las oficinas de empleo o las residencias de ancianos. El parche más inmediato ha sido la subida de impuestos municipales como el IBI. Pero, en algunos casos, ni siquiera esto ha permitido evitar los temidos recortes, las reducciones de plantilla y la tutela financiera de la Generalitat. Según los últimos datos de la Generalitat, a los que ha tenido acceso el ARA, hay una treintena de municipios –27– con remanentes de tesorería negativos (en otras palabras, en números rojos). Por otro lado, a partir del 75%, los municipios quedan por ley bajo tutela financiera de la Generalitat, situación en la que se encuentran quince municipios catalanes, según las últimas cifras disponibles. En concreto, hay 8 que están por encima del 76% y 7 que superan el 100% de endeudamiento respecto a sus ingresos ordinarios.

Las cifras no llegan a la derrota financiera que se vivió entre el 2012 y el 2015, pero los problemas para cuadrar números son ya una realidad en un escenario en el que, tras la pandemia, hay que volver al equilibrio presupuestario.

Los servicios, amenazados

"Hemos tenido que despedir a una decena de personas y subir el recibo del IBI un 36% de media nada más llegar al Ayuntamiento", lamenta el alcalde de Cabrera de Mar, Òscar Fernández. El déficit en las arcas municipales les llevó a reducir los horarios de la piscina municipal y los autobuses en fin de semana. El último batacazo ha sido la sequía y las sanciones que la Generalitat quiere imponer a los municipios incumplidores, que llegan en un momento en que las arcas locales reciben menos dinero a consecuencia de los cambios estatales en la plusvalía y deben hacer frente a la inflación. En Cabrera de Mar, las facturas de luz y gas se han multiplicado por tres.

Pero las subidas de impuestos son impopulares y los gobiernos intentan evitarlas en la medida de lo posible. Lo sabe bien la alcaldesa de Vilajuïga, Joana Cobo, que en 2016 tuvo que incrementar el IBI un 100%. Esto, afirma, le hizo perder las siguientes elecciones. A las de 2023 se presentó con el compromiso de bajarlo; ganó y ha cumplido. Sin embargo, ahora les preocupa la recogida de residuos puerta a puerta, con una tasa que habrá que subir porque "es deficitaria". También lo es la guardería. "Estamos al límite, pero no queremos cerrarla ni la cerraremos, porque si no las familias acabarían marchando", apunta.

Comparte esta preocupación el alcalde de Riner, Joan Solà, presidente de la asociación Micropobles. Tener pocos vecinos no equivale a tener una extensión de territorio pequeña, y hacer llegar el agua, la luz o internet a núcleos o masías aisladas sale muy caro para los pueblos que, a menudo, deben recurrir a las subvenciones sin tener un equipo técnico para preparar las convocatorias. Si los micropueblos recortan en servicios, hipotecan su futuro, avisa el alcalde, porque ni conseguirán retener a los vecinos ni atraerán a nuevos.

Metropolitanos

Ciudades grandes como Granollers, Mataró, Martorell, Mollet, Rubí, Sabadell, Terrassa, Vilafranca y Vilanova y la Geltrú también han lanzado un SOS para su financiación a través de la asociación de municipios del Arc Metropolità de Barcelona. Su presidenta y alcaldesa de Rubí, Ana María Martínez, pide que la ley reconozca a los ayuntamientos las competencias que ejercen en educación, ocio o cultura popular y les dé una financiación a la altura. El riesgo, advierte, es o no poder prestar servicios de calidad o tener que cerrarlos. En Sant Cugat, por ejemplo, el nuevo gobierno de Junts y ERC se encontró con un agujero de 25 millones de euros sobre un presupuesto de 150. Según el teniente de alcaldía de Economía, Carles Brugarolas, lo han reconducido rebajando el presupuesto de cultura (empezando por las actividades de Navidad) y promoción económica. Y prevén reducir plantilla: cuando exista una vacante, se cubrirá prioritariamente con trabajadores de la casa.

En Tarragona, que llegó a alertar de riesgo de quiebra, el equipo del alcalde Rubén Viñuales ha logrado esquivar el golpe. Fuentes municipales aseguran que han cuadrado cuentas sin recortar servicios, reduciendo en gasto administrativo y del sector público. Tarragona cierra el ejercicio con una deuda del 78,3%.

Endeudamientos

Todas las fuentes coinciden en que el problema de la financiación local es estructural. El presidente de la Federación de Municipios de Catalunya y alcalde de Esparreguera, Eduard Rivas, pide aprovechar la ventana de oportunidad de la negociación de una nueva financiación autonómica para ordenar las competencias municipales. Para la presidenta de la Asociación Catalana de Municipios y alcaldesa de la Garriga, Meritxell Budó, lo ideal sería que la Generalitat pudiera recaudar todos los impuestos; mientras esto no llega, sostiene que es necesario que el Estado les garantice los recursos —en los presupuestos generales del Estado de 2023, sólo el 36,1% de las transferencias a las administraciones territoriales se destinaron a los entes locales (ayuntamientos, consejos comarcales y diputaciones), frente al 63,9% que recibieron las comunidades autónomas—. Este primer trimestre la Generalitat trasladará a las entidades municipalistas un borrador de una ley para "una financiación local estable", según fuentes de Presidencia, que confía en que la "financiación singular" que defenderá Catalunya permita mejorar la situación del mundo local.

Mientras, la falta de almohada económica deja a los ayuntamientos desamparados ante grandes deudas. Cuando la alcaldesa de la Palma de Cervelló, Anna Pascual, llegó a la alcaldía, se encontró con una factura de 3,5 millones de euros impagados fruto de una sentencia de un caso de expropiación de 2011. Es el presupuesto del municipio por un año. Pascual tuvo que acogerse a un plan de saneamiento del Estado y diseñar un presupuesto "más eficiente" para el 2024. Si el año pasado el pueblo invirtió 5.000 euros en las luces de Navidad, este año han dedicado 3.000. La reforma de las calles del pueblo también tendrá que esperar.