Núria Marín niega que restara pasiva ante la denuncia de irregularidades en el Consejo Deportivo del Hospitalet

l'Hospitalet de LlobregatEl futuro político de una de las principales dirigentes del PSC, Núria Marín, queda en manos del juzgado donde la alcaldesa de l'Hospitalet de Llobregat y presidenta de la Diputació ha asistido esta mañana como investigada. Marín ha declarado durante una hora ante la juez Beatriz Faura, que indaga en la denuncia que un regidor socialista, Jaume Graells, presentó para destapar una presunta trama de desvío de fondos y de pagos no justificados en el Consejo Deportivo de la ciudad después de que, según el militante del PSC, la alcaldesa lo ignorara cuando la avisó de las supuestas irregularidades.

Fuentes judiciales han explicado que Marín ha defendido durante el interrogatorio que no restó pasiva cuando Graells le comunicó el hallazgo de posibles anomalías en el organismo. Ha asegurado que se sintió preocupada y que, fruto de las revelaciones del regidor, encargó de inmediato que se contratara una auditoría de la entidad.

Por el contrario, Graells sostiene que tuvo que insistir sobre los hechos a la alcaldesa al ver que no se tomaba ninguna decisión pasadas unas tres semanas desde que se reunió con ella, lo que hizo que el regidor se decidiera a presentar una denuncia en la Policía Nacional. La auditoría que el Ayuntamiento contrató no se finalizó dado que los agentes de la UDEF irrumpieron antes en la oficina del consejo para registrarla y requisar información en junio de 2020, cuando el ex concejal socialista Cristóbal Plaza, el teniente de alcalde y primer secretario del PSC del Hospitalet, Cristian Alcázar, y el último director del organismo, Eduard Galí, fueron detenidos durante unas horas.

Marín ha contradicho a Graells al rebatir que rechazara recoger la documentación que el regidor le quería entregar y que, según el denunciante, demostraría que el Consejo Deportivo había elaborado dos registros contables, con medio millón de euros de diferencia entre cada uno. Ha sostenido que instó a Graells a entregarla a la secretaria general del Ayuntamiento pero, según el acaldessa, él se negó.

A la vez, Marín ha comentado que, el día siguiente de verse con Graells, citó a Plaza y Alcázar, que le negaron las acusaciones. Ha añadido que la secretaria general del Ayuntamiento le recomendó que no apartara a los dos regidores del gobierno municipal cuando la alcaldesa se lo consultó. La acusación popular, ejercida por En Comú Podem, cree que la documentación de Graells evidenciaba falsificaciones contables de actas que tendrían que haber alertado a Marín, que ha reconocido que estuvo presente en una sesión donde se aprobaron las cuentas del consejo, pero se ha desmarcado de toda responsabilidad en las finanzas del organismo.

En una comparecencia ante los medios después de salir del juzgado, Marín ha dicho que pedirá en los próximos días que se archive la causa que la implica. Sin admitir preguntas escudándose en el proceso judicial abierto, la alcaldesa ha recalcado que ha contestado todas las cuestiones que le han formulado en el juzgado y ha defendido que ha actuado con la “máxima legalidad” y asesorada por los servicios jurídicos del Ayuntamiento.

A Marín se le imputan los presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y omisión de perseguir ilícito. Los indicios que han trascendido de la investigación no apuntan, sin embargo, a que la alcaldesa se lucrara con fondos de la entidad. En cambio, sí que se sospecha de una presunta indemnización indebida de 47.000 euros que recibió Plaza –ex director del Consejo Deportivo y regidor socialista hasta que dimitió en diciembre pasado– y de cobros de pequeños importes durante varios años que habría percibido Alcázar, citado también hoy como investigado.

El alerta de Graells

El interés de la juez sobre Marín se focaliza en averiguar si la alcaldesa despreció la alerta que Graells le trasladó el febrero de 2020 sobre el supuesto descontrol contable en el organismo, que se financia con subvenciones públicas y aportaciones de familias para apoyar a actividades deportivas para escolares. Graells atestiguó miércoles que Marín reaccionó con pasividad “total” cuando le advirtió de la supuesta corrupción en el Consejo.

Al juzgado de instrucción también ha ido a declarar el secretario general del Deporte, Gerard Figueras (JxCat), investigado en la causa. El cargo del Govern ha defendido que el uso y la justificación que el Consejo Deportivo hizo de subvenciones de la Generalitat a lo largo de los últimos años han sido "impecables". A la vez, se ha desmarcado de posibles irregularidades al margen de las ayudas concedidas por el Govern.

La juez quiere aclarar si los implicados se conjuraron con Marín y Figueras para ocultar las posibles irregularidades una vez Graells las descubrió. Figueras ha afirmado que nunca habló con la alcaldesa sobre el consejo y que solo Plaza le trasladó que se auditarían las finanzas.

El juzgado autorizó que se decomisara un móvil de la alcaldesa para buscar mensajes que aclaran si quiso esconder pruebas que incriminan a responsables del Consejo Deportivo. Varias fuentes judiciales han coincidido que la Policía Nacional no ha aportado hasta ahora ningún informe sobre el contenido del teléfono de Marín.