Ofensiva del PP para derribar al fiscal general del Estado

MadridNo se espera una semana plácida para Pedro Sánchez, y los manuales de la política aconsejan desviar la conversación pública hacia otro lado. Es probable que en los próximos días el Tribunal Superior de Justicia de Madrid eleve una petición al Tribunal Supremo para que investigue por revelación de secretos al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por el caso del comunicado sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso , en la que se explicaba información sobre las negociaciones que el organismo mantenía con la pareja de la presidenta de la Comunidad por su fraude fiscal. La esposa del presidente español, Begoña Gómez, declara como investigada el viernes en los tribunales por presunto tráfico de influencias; y en cualquier momento de esta semana puede que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre si aplica la amnistía a los líderes del 1-O, entre ellos Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. Por todo ello, este lunes Sánchez ha querido marcar agenda con el anuncio de limitar la financiación pública a los medios digitales.

Fuentes de Génova consultadas por el ARA subrayan que, de consumarse, no habrá precedentes de un fiscal general del Estado en ejercicio imputado por delitos que conllevan penas de prisión. "Además, para hacer oposición y debilitar políticamente a Ayuso", se recrean desde el entorno de Alberto Núñez Feijóo. Ya hace días que el PP reclama la dimisión de García Ortiz por haber cambiado el criterio de los fiscales del Tribunal Supremo en relación con la amnistía –con el aval por la mínima de la Junta de Fiscales– y por el caso de Alberto González Amador –el compañero de la presidenta madrileña–, pero se incrementará la ofensiva a medida que vayan llegando nuevos pasos. "Absolutamente", anotan desde Génova. El propio García Ortiz va asumir la responsabilidad de la nota de prensa de la Fiscalía de Madrid, y los dos investigados en el caso, que declararon el pasado jueves, confirmaron también que la orden de publicarla fue del máximo responsable del ministerio público.

El jueves también se producía la vista sobre los CDR investigados por terrorismo, sorprendiendo la presencia de la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez. El fiscal titular de la causa de la operación Judas es Vicente González Mota, y el ministerio público optó por su superior aduciendo una "cuestión organizativa interna valorada por la cúpula como procedente". El Mundo publicaba al día siguiente lo que se sospechaba: que González Mota no era partidario de defender la amnistía para los CDR y se había designado a Durántez, llegada al cargo de la mano de García Ortiz. Fuentes de la Fiscalía de la Audiencia Nacional consultadas por el ARA evitaban confirmar este choque, pero tampoco lo desmintieron. El mismo día la Fiscalía del TSJC reclamaba la amnistía para Josep Maria Jové y Lluís Salvadó obedeciendo al criterio de "unidad de actuación" marcado por la Fiscalía General del Estado. "Es indigno que siga en su sitio. Cada día más", tumbaba el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado.

García Ortiz no tiene previsto dimitir y el gobierno español le apoya en su decisión de dar a conocer las negociaciones que González Amador mantenía con la Fiscalía sobre su fraude fiscal. Y el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, se sorprendía el jueves de la virulencia del PP justo después de haber pactado la renovación del CGPJ. Forma parte de los equilibrios de Feijóo para justificar haber accedido a poner fin a más de cinco años de bloqueo en el órgano de gobierno de los jueces, lo que podía no entenderse en los sectores más duros de su partido. Pero Ayuso le ha apoyado. Génova intenta trasladar el relato que es el PSOE quien se ha movido y que por eso fue posible un acuerdo prácticamente calcado al que se frustró en el 2022, aunque con alguna diferencia.

"Nos aseguramos poder bloquear"

Lo que le había impedido era la exigencia del PP de reformar la ley para que, de cara a futuras renovaciones, la elección de los vocales de procedencia judicial la hicieran los propios jueces. Fuentes de la cúpula del PP aseguran que en el 2022 se había puesto sobre la mesa que el nuevo CGPJ haría una propuesta para cambiar el sistema en el que, de forma "opcional", incorporara la "participación directa" de los jueces en la elección de los vocales . Por el contrario, ahora se ha establecido que el informe deberá incluir obligatoriamente esta "participación directa" de los jueces en la elección de los vocales. Además, sostienen que hace dos años el reparto de vocales en el CGPJ iba a quedar 11-9 a favor del bloque progresista, más la presidencia, y ahora ha quedado 10-10 sin un pacto previo para la presidencia, escoger a los nuevos vocales con una mayoría de tres quintas partes. "Hemos protegido al CGPJ de tener otro Cándido Conde-Pumpido [en referencia al presidente del Tribunal Constitucional, afín a la Moncloa] y que Sánchez controle al Supremo desde allí", destacan en Génova. Y con la balanza 10-10 y la necesidad de aprobar nombramientos por tres quintas partes, "nos aseguramos poder bloquear", se jactan al PP.

En la Moncloa niegan que hace dos años el reparto fuese tan favorable al bloque progresista –"sí, claro, 18-1", ironizan– y otras fuentes recuerdan que Manuel Marchena volvió a ser sondeado para ocupar la presidencia del CGPJ. La versión del PSOE es que, simplemente, el PP se ha avenido al pacto por la presión de la judicatura. Sea como fuere, el resultado final es un acuerdo bipartidista que ha enfadado a los socios de Sánchez en el Congreso: el PNV, que tiene menos diputados que ERC, Junts y EH Bildu, se ha quedado sin cuota en el órgano de gobierno de los jueces . En Génova subrayan la "debilidad" parlamentaria del gobierno de coalición y algunos aliados de la mayoría plurinacional ya advertían de que Sánchez tendrá que llamar a la puerta del PP para negociar los presupuestos. El escenario de una prórroga presupuestaria es plausible –¿Juntos aprobará las cuentas si PSC y ERC pactan en Catalunya?–, pero el PSOE apuesta por no forzar nuevas elecciones al Estado. En la Moncloa creen el acuerdo por el CGPJ demuestra que en el PP son conscientes de que Sánchez quiere salir adelante con la legislatura. En ambos lados coinciden en que llegarán nuevos pactos para nombrar cargos pendientes en el Banco de España, la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y RTVE.