La Fiscalía pide la amnistía para los CDR acusados de terrorismo

MadridDe pedir 27 años de prisión a defender el sobreseimiento libre en aplicación de la ley de amnistía. El mayor cambio de la Fiscalía con relación a la judicialización del Proceso se ha producido este jueves en la Audiencia Nacional en la vista de previo pronunciamiento de la causa de los CDR conocida como Operación Judas, en la que 12 activistas están al límite de ser juzgados por pertenencia a organización terrorista, y 8 de ellos también por tenencia de sustancias explosivas de carácter terrorista y estragos en grado de tentativa. "Los criterios interpretativos no nos generan dudas en cuanto a la aplicación de la ley de amnistía al caso que nos ocupa", ha destacado la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez. La decisión recaerá, sin embargo, en el tribunal presidido por el juez Alfonso Guevara, que resolverá por escrito este viernes oa principios de la próxima semana.

No ha sido la única petición de la Fiscalía para aplicar la amnistía. En el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) también ha pedido que se archive la causa por malversación, prevaricación, revelación de secretos y desobediencia contra los dirigentes de Esquerra Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, así como para la consellera de Cultura en funciones, Natàlia Garriga, procesada por desobedencia por los preparativos del referéndum.

Pese al contexto de desjudicialización, la Fiscalía de la AN no había puesto el freno en el caso de los CDR. En su escrito de conclusiones provisionales de cara a la apertura de juicio oral, pedía altas penas de cárcel para Eduard Garzón, Esther Garcia, Sonia Pascual, Queralt Casoliva, Germinal Tomás, Alexis Codina, Jordi Ros y Joaquim Delgado. A Xavier Buigas, Ferran Jolis, David Budria y Clara Borrego sólo les atribuía el delito de pertenencia a organización terrorista y les reclamaba cuatro años de cárcel. Ahora defiende la amnistía, como en la causa por terrorismo del Tsunami Democrático, aunque en este caso la Fiscalía sólo acusa por desórdenes públicos.

En su exposición a la vista, la fiscal Durántez ha subrayado que en una lectura "literal y gramatical" de la ley de amnistía, y teniendo en cuenta la "voluntad del legislador", la conclusión es "clara" respeto a la aplicación de la norma. Establece que no se pueden amnistiar hechos que contravengan a la directiva europea sobre terrorismo y que, al mismo tiempo, hayan causado graves violaciones de derechos humanos. La fiscal recordó que los "acusados ​​no llegaron a materializar ni ejecutar" ninguna actuación que, eventualmente, pudiera "causar algún tipo de daño o poner en peligro la vida, la integridad física o psíquica o la integridad moral" de las personas. Durántez no hizo ninguna referencia al delito de terrorismo: la paradoja que se produce es que si el tribunal acaba estimando que la amnistía no es aplicable, el ministerio público deberá ir igualmente a juicio a defender su acusación.

Por su parte, la acusación popular conjunta de Vox, la Asociación Catalana de Víctimas del Terrorismo y otras entidades de extrema derecha, representada por el letrado Ignacio Fuster-Fabra, ha defendido que no se aplique la amnistía . "Es una ley incompatible con la Constitución, el Código Penal y el derecho de la Unión Europea", ha dicho el abogado, que ha sido interrumpido en alguna ocasión por el juez cuando ha criticado políticamente al conjunto de la norma. Fuster-Fabra, además, remarcó que si no llegaron a producirse estragos es porque el poder judicial y las fuerzas de seguridad del Estado lo evitaron. "La función es prevenir", aseveró.

Las defensas, a la par

Al inicio de la vista todas las partes han estado de acuerdo en aplazar el resto de cuestiones previas que debían discutirse para centrarse en la aplicación o no de la ley de amnistía. Los abogados de los acusados ​​argumentaron que las exclusiones que prevé la ley para el delito de terrorismo no encajan en este caso y que, por tanto, debería cerrarse la causa judicial. Aseguraron que las acusaciones no relatan actuaciones de los investigados que atenten contra la vida ni la integridad física de personas, destrucción de instalaciones, toma de rehenes, fabricación de explosivos, interrupción de suministros básicos, interferencia en sistemas de información , que es lo que prevé la directiva europea y lo que no sería amnistiable según la ley.

"No hay nada de eso en los escritos de acusaciones", ha resumido el letrado David Aranda, en representación del acusado Joaquim Delgado. Muchos de los abogados han coincidido en señalar que no las acusaciones no llaman a "ninguna víctima" de supuesto terrorismo y que la prueba es que no hay ninguna acusación particular que se considere perjudicada de que se haya personado en el caso. La legislación también castiga a los actos preparatorios, pero las defensas han insistido en que tampoco se han producido. Además, destacaron que el relato acusatorio es "genérico" e "impreciso" y que el derecho penal exige una interpretación restrictiva contra el reo.

Amnistía para Jové, Salvadó y Garriga

En paralelo, este jueves la Fiscalía del TSJC también ha pedido la aplicación de la amnistía al tribunal que juzga a los dirigentes de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó por los preparativos del referéndum del 1-O. Fueron procesados ​​por el tribual por desobediencia, prevaricación, malversación y revelación de secretos. De esta forma, el ministerio público sigue en Catalunya el criterio que la Fiscalía General del Estado ya estableció para el delito de malversación contra Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, entre otros, en el Tribunal Supremo.

La petición aplica también a la consejera de Cultura en funciones, Natàlia Garriga, procesada sólo por desobediencia. El tribunal había aplazado en varias ocasiones la celebración del juicio contra los tres investigados, y lo había fijado en otoño. Ahora, con la aprobación de la amnistía, entiende el fiscal Pedro Ariche que es necesario extinguir cualquier responsabilidad penal a los investigados por la causa. Inicialmente, la fiscalía pedía 7 años de cárcel para Jové y 6 años y 3 meses para Salvadó, por malversación agravada, prevaricación y desobediencia, mientras que para Garriga solicitaba un año de inhabilitación por desobediencia grave.