La OTAN y Melilla ponen al límite las tensiones de la coalición
Asens insinúa que hay racismo en la política migratoria del PSOE
MadridEl giro a la izquierda del PSOE a raíz del batacazo electoral en Andalucía empieza a exhibir fisuras y Unidas Podemos lanza avisos. Si el Gobierno español quiere aprobar los últimos presupuestos de la legislatura antes del ciclo electoral de 2023, lo tendrá que hacer de la mano de la mayoría de la investidura y lo complica la retórica que Pedro Sánchez ha establecido sobre las políticas de defensa y de inmigración, dos ámbitos trufados de ideología. Esta semana ha coincidido la cumbre de la OTAN con la tragedia de Melilla, dos episodios que han evidenciado las discrepancias de fondos entre el PSOE y Unidas Podemos. Ayer el presidente del grupo lila en el Congreso, Jaume Asens, llegó a insinuar que la política migratoria del PSOE es racista. La cuestión ya no es si se puede romper la coalición de gobierno –la formación lila ha dejado claro que no–, sino cómo llegará la izquierda a los cruciales comicios de finales de 2023 o principios de 2024 para hacer frente a una derecha envalentonada.
Los dos socios sabían que sería una semana complicada en sus relaciones y ya se habían conjurado para no difundir sus discrepancias especialmente sobre la cumbre de la OTAN. Unidas Podemos entendió que no podía entorpecer a Pedro Sánchez en su papel de anfitrión de las máximas figuras internacionales. El PP había intentado semanas atrás pinchar en las divisiones internas del ejecutivo y se había instalado en un debate sobre si los ministros de Unidas Podemos acudirían a la cita. Se ha demostrado estéril porque los asistentes son los que tienen que asumir un papel, como el propio presidente y los ministros de Defensa y de Exteriores. Además, si el Gobierno español critica constantemente al PP por hablar mal de España en el exterior, la coalición no se podía permitir dar una mala imagen con todos los focos políticos y mediáticos situados en Madrid.
Los equilibrios de Unidas Podemos
Melilla estalló a pocos días de la cumbre y amenazó la paz interna. En un primer momento, Unidas Podemos mantuvo un perfil tan bajo que resultó inexplicable: la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, no hizo un tuit sobre los hechos hasta casi dos días después. La cifra de muertos y el alud de peticiones para que se investigara la tragedia, entre ellas la de la ONU –y ayer se añadió Amnistía Internacional–, han hecho que Unidas Podemos haya elevado el tono. Ayer Asens instó a Sánchez a hacer una “reflexión” porque su lenguaje sobre los hechos “es muy parecido al que utiliza la derecha”, le espetó. “Tanta protección merece quien huye de la guerra de Ucrania como quien huye de la guerra de Sudán”, añadió.
Previamente, Sánchez había afirmado en la SER que su “deber es salvaguardar la integridad territorial y la tranquilidad de los ciudadanos”. Durante la sesión de control en el Congreso, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que el gobierno trabaja “desarticulando mafias, salvando vidas y protegiendo las fronteras”. Además, calificó de “falsedad” que los gendarmes marroquíes actuaran en territorio español –imágenes publicadas en Público así lo acreditarían– y que hubiera devoluciones en caliente.
La Fiscalía ya ha abierto una investigación y Sánchez afirmó que “colaborará” con la justicia, si bien la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, insistía a través de una carta a los ministros de Exteriores y de Interior en que habría que promover una investigación independiente. Ayer el organismo del Gobierno de Marruecos vinculado a la defensa de los derechos humanos señaló, según informaba el medio local Nadorcity, que los cuerpos de los migrantes muertos no serían enterrados hasta que se completara una investigación.
La ampliación de EE.UU. en Rota
El otro lado del conflicto es el gasto militar. Unidas Podemos no tenía prevista una gran campaña de oposición contra el pacto de Sánchez y el presidente de EE.UU., Joe Biden, para que el ejército norteamericano despliegue hasta seis destructores en la base de Rota. Pero Asens no pudo evitar mostrar su rechazo y advirtió que su grupo tiene una posición “diferente” de su socio. Fue el PP quien garantizó ayer su apoyo a la reforma del convenio bilateral con EE.UU. Fuentes gubernamentales apuntaban ayer que no hay prisa para llevarlo al consejo de ministros y que los destructores no se instalarán este año. Cuando llegue el momento se tendrá que volver a revisar la salud de las relaciones con los socios de gobierno y de investidura.
