Qué palos en las ruedas se ha encontrado la amnistía tras el TJUE?
El Tribunal de Cuentas ha dado diez días a las partes para pronunciarse, pero el independentismo y el Gobierno le exigen que archive la investigación automáticamente
MadridHan pasado 776 días desde que la ley de amnistía entró en vigor. Desde entonces, su aplicación –con cuentagotas– ha tenido que ir superando múltiples adversidades de diversos tribunales a lo largo de un tortuoso camino. Sin ir más lejos, el viernes el Supremo puso fin a cuatro causas que estaban congeladas desde hacía meses. Y quien ahora intenta hacerse el sueco es el Tribunal de Cuentas. La causa contable sobre los gastos de la acción exterior de la Generalitat y del 1 de octubre, que afecta a 35 personas, acabó en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque la consejera de cuentas expresó dudas sobre si amnistiar estos hechos era “compatible” con el derecho europeo. Ahora bien, la sentencia de hace dos semanas desmontó el argumento de que la independencia de Cataluña podría haber ocasionado una reducción de los recursos propios de la Unión Europea y dio luz verde a archivar de plano el procedimiento.
A pesar del aval que llegaba de Luxemburgo, la decisión del Tribunal de Cuentas fue limitarse a “retomar” la tramitación del procedimiento dando diez días a las partes para formular “alegaciones” y aportar la “documentación que consideren pertinente” sobre el origen de los fondos utilizados. Además, les pedía que informaran sobre la posibilidad de que la amnistía no pueda aplicarse si se usaron fondos procedentes del presupuesto de la Unión Europea, una premisa que no se previó durante la investigación. Es decir, el Tribunal de Cuentas no aplicaba automáticamente la amnistía, sino que volvía a patear la pelota adelante, a pesar de que el TJUE hubiera dejado claro que “la obligación” de “dictar una resolución de extinción de la responsabilidad sin valorar las alegaciones y las pruebas exculpatorias” es “consubstancial” a la amnistía.
La Fiscalía, ERC y el Gobierno mueven ficha en Madrid
Al día siguiente, la Fiscalía se quejó de que la petición del Tribunal de Cuentas era “improcedente” e “innecesaria”, le reclamó que aplicara la amnistía directamente y le tocó las narices por sembrar ahora la duda sobre el origen de los fondos: “En ningún momento, excepto una vez aprobada la ley de amnistía, se ha puesto en cuestión que los gastos indebidos tengan otra procedencia distinta de la Generalitat”.
En la misma línea, Oriol Junqueras, Raül Romeva y Dolors Bassa acusaron al Tribunal de Cuentas de “prolongar artificialmente” el procedimiento y “incumplir flagrantemente” la ley de amnistía con una resolución “palmariamente arbitraria”, introduciendo un “impropio nuevo trámite” de prueba documental: “No hay ninguna evidencia del uso de fondos provenientes de la Unión Europea”, insistían, recordando que la misma consejera del Tribunal de Cuentas lo reconoció hace dos años cuando elevó el caso al TJUE. Finalmente, en su condición de entidad del sector público presuntamente perjudicada y para “contribuir al cierre definitivo”, la Generalitat presentó un escrito manifestando expresamente su conformidad con la extinción de las responsabilidades contables.
En cambio, la entidad españolista Societat Civil Catalana, que originó el procedimiento, cuestionó las demandas del independentismo: “Creen que los tribunales españoles deben ser sus títeres e interpretar y aplicar el derecho como a ellos les venga en gana”, protestaron en X.
Puigdemont va a Europa
Por su parte, Carles Puigdemont apostó por plantar batalla en Bruselas y denunció a España ante la Comisión Europea por haber suspendido de facto el plazo para dictar la amnistía. “La sentencia es obligatoria desde el día de su pronunciamiento”, subrayó Gonzalo Boye, que pidió a la Comisión Europea que incoara un procedimiento de infracción contra España.
La réplica del portavoz del ejecutivo comunitario, Guillaume Mercier, fue recordar que “corresponde” a los tribunales españoles “aplicar las sentencias” del TJUE. Ahora la Comisión Europea deberá evaluar el requerimiento a fondo y decidir si lo archiva, si abre un procedimiento de infracción o si pone en marcha un diálogo informal con el gobierno español para intentar aclarar o corregir la situación.
Josep Maria Jové mete prisa al TSJC
En paralelo, el actual presidente de ERC en el Parlament y quien era secretario general de Economía y Hacienda en septiembre de 2017, Josep Maria Jové, ha urgido al TSJC a retirar la cuestión prejudicial que presentó hace dos años y aplicarle la amnistía tanto a él como a Lluís Salvadó. Ambos están acusados de malversación, pero el TSJC admite que no se enriquecieron. Por lo tanto, la única sospecha que tenía era que se habían podido poner en riesgo los intereses financieros de la Unión Europea, una vía que ahora Luxemburgo ha cerrado. Pese al camino libre para ser exonerados, el TSJC ha evitado tomar una decisión inmediata y el martes preguntó a la Fiscalía, a la Abogacía del Estado y a Vox –que es acusación popular– cómo debe proceder. Tienen cinco días para responder.
La Audiencia Nacional, impasible con los CDR
Mientras tanto, en la Audiencia Nacional no hay novedades. Allí el movimiento lo han hecho los CDR que estaban a la espera de Europa. El escrito de uno de los abogados, al que ha tenido acceso el ARA, es nítido: “Una vez el TJUE ha descartado la incompatibilidad entre la amnistía y la directiva europea sobre la lucha contra el terrorismo, y no concurriendo la cláusula de exclusión, procede la aplicación de la amnistía”. A pesar de ello, de momento, el tribunal presidido por Alfonso Guevara no ha reaccionado a la sentencia europea. Hace diez días, Luxemburgo concluyó que la amnistía “no deteriora” los efectos de la directiva europea contra el terrorismo.
Una alegría para los síndicos del 1-O
Los que sí que recientemente han conseguido ser amnistiados son los cinco miembros de la Sindicatura Electoral del 1-O. Todos fueron absueltos en abril de 2021, pero la Audiencia de Barcelona ordenó repetir el juicio a petición de la Fiscalía, que pedía dos años y nueve meses de prisión por desobediencia y usurpación de funciones públicas. Desde la aprobación de la amnistía, la causa estuvo bloqueada –en parte– debido a una disputa competencial que se ha acabado convirtiendo en una “penitencia desagradable e injustificada”.