Borràs avisa: "Los que me quieran muerta, me tendrán que matar y mancharse las manos"

BarcelonaPodía pasar en cualquier momento y sucedió el martes al mediodía en plena reunión ordinaria de la mesa del Parlament: el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) decidió enviar a juicio a la presidenta de la cámara, Laura Borràs, por presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental a raíz de la causa de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Una decisión que aboca a la líder de Junts a la suspensión como diputada esta misma semana: si no hay cambios de última hora, así se acordará en una reunión de la mesa este jueves a las doce.

Borràs, sin embargo, ha insistido esta madrugada que no piensa dejar el cargo voluntariamente. "He dicho y repetido que no dimitiré. Porque hacerlo significaría aceptar que he hecho lo que me acusan de haber hecho y no. Y los que me quieran muerta, me tendrán que matar y mancharse las manos", ha espetado en Twitter en respuesta a un usuario que la instaba a no rendirse y a plantar cara hasta el final. "Yo he venido a hacer la independencia, no a suicidarme por la autonomía", ha añadido en el mismo tuit.

Y es que con la excepción de Junts, el resto de partidos con representación en este órgano –Esquerra, el PSC y la CUP– han coincidido que después de la decisión del juez instructor se tiene que aplicar el artículo 25.4 del reglamento de la cámara, que prevé la suspensión "inmediata" de un diputado si se le abre un juicio oral por delitos vinculados a la corrupción.

¿Es un caso de corrupción la causa de la Institució de les Lletres Catalanes? Aunque Borràs haya insistido por activa y por pasiva que no, que se trata de "represión política", no ha convencido ni a sus socios de gobierno, Esquerra, ni a los cuperos ni tampoco a los socialistas. "Por responsabilidad y por el compromiso contra la corrupción consideramos que se tiene que producir la suspensión", ha dejado claro este martes por la tarde en rueda de prensa desde el Parlament la portavoz y secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, que ha aclarado que para Esquerra no hay dudas que la causa que afecta a Borràs es de presunta corrupción. En el mismo sentido se ha expresado la portavoz de la CUP, Laia Estrada, que como mucho se ha abierto a pedir un dictamen a la comisión del Estatuto de los Diputados una vez que ya se haya suspendido a la presidenta de la cámara para ver en qué situación queda la parlamentaria. "Pediremos esta suspensión y votaremos favorablemente", ha añadido a su vez la portavoz de los socialistas, Alícia Romero, que ha argumentado que el artículo del reglamento es muy claro y se tiene que aplicar afecte a quien afecte. 

A pesar de la contundencia de la decisión, todos los grupos parlamentarios han vuelto a pedir a Laura Borràs que dé un paso al lado antes de que el jueves sea forzada a marchar. Esquerra, por ejemplo, ha insistido que solicite la suspensión por iniciativa propia a partir del artículo 25.2 del reglamento, que permite a cualquier diputado hacerlo cuando se le abre juicio oral. Esta decisión se tendría que votar igualmente por mayoría absoluta del pleno después de un dictamen de la comisión del Estatuto de los Diputados. El PSC y la CUP, a su vez, han ido más allá y le han pedido que, si se la suspende, renuncie al cargo para escoger a un nuevo presidente y evitar así una situación de interinaje en la cámara catalana. Y es que si Borràs no hace esta renuncia explícita, no puede ser sustituida y la vicepresidenta primera, Alba Vergés (ERC), tendrá que asumir sus funciones de manera temporal. Una solución que el resto de grupos creen que pone la institución en una situación delicada si se alarga en el tiempo. 

Horas después de la decisión del TSJC, Borràs ha expuesto en un largo hilo en Twitter los argumentos por los cuales hace cuatro años que defiende que es "inocente" y víctima de una "persecución política". "Teniendo en cuenta todas estas circunstancias, espero, deseo y quiero creer que los miembros de la Mesa actuarán como diputados demócratas, respetuosos con los derechos fundamentales, y no como jueces o inquisidores y tomarán, en conciencia, la decisión política más ecuánime", ha dicho sobre su suspensión, en contra de la cual un grupo de apoyo suyo ya ha convocado para este jueves a las 11:30h una protesta ante el Parlament. 

¿Y qué dice Junts de todo esto? El partido no ha comparecido en toda la jornada y ha decidido convocar una reunión de dirección este martes por la tarde para abordar la apertura de juicio oral a su presidenta. Dentro de la cúpula de la formación hay opiniones diversas, a pesar de que hasta ahora han mostrado públicamente el apoyo a Borràs. Si bien los más fieles (como Francesc de Dalmases, Aurora Madaula o Aleix Sarri) han cerrado filas con su líder en Twitter, otros dirigentes de la cúpula no comulgan con la estrategia que está siguiendo Borràs para defenderse –mezclando su caso con el Procés– y menos si esto tiene que implicar tensión dentro del Govern, que el sector más institucional de Junts no quiere comprometer acabe como acabe el caso de Borràs. Un posicionamiento que han expresado en el debate de la ejecutiva de este martes. Ahora bien, ¿estas opiniones tienen fuerza para imponerse dentro del partido? Depende, en gran medida, del posicionamiento que tome el secretario general, Jordi Turull, y si se desmarca de Borràs o la apoya como ha hecho hasta ahora en esta cuestión. Este martes ha cerrado filas: en un comunicado por la noche, JxCat ha reiterado el apoyo "sin fisures" ante la "persecución política" que ve en el caso de la ILC.

Decisión del magistrado

El juez ha abierto juicio oral después de que la Fiscalía solicitara para Borràs 6 años de prisión y 21 de inhabilitación para fraccionar presuntamente contratos cuando dirigía la ILC con el objetivo de beneficiar a un amigo, Isaías Herrero, que también será juzgado junto con otro empresario definido por el fiscal como "colaborador necesario". En su resolución, el magistrado deja claro que el juicio no presume culpabilidad, pero también dice que "existe una base indiciaria seria y consistente" sobre los hechos recogidos durante la instrucción y la acusación del ministerio público. Con este argumento, envía a Borràs al banquillo de los acusados, donde tendrá que responder por 18 contratos de trabajos informáticos bajo sospecha. El ministerio público sostiene que la presidenta de Junts cometió un "abuso de funciones" para favorecer a Herrero y que era "consciente" de que infringía las normas de contratación pública cuando le adjudicaba a dedo varios contratos con un coste total de cerca de los 300.000 euros. Borràs, sin embargo, siempre ha dicho que no ha cometido ningún delito.