¿Qué pasa si el Parlament no aplica el artículo correcto en el caso Borràs?

BarcelonaResponder a la pregunta del titular implica saber por completo cuál es el artículo correcto del reglamento del Parlament para aplicar en cuanto el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya abra definitivamente juicio oral a Laura Borràs. ¿Es o no es corrupción lo que se le imputa? No tendría que ser tan difícil llegar a un consenso sobre el tema, sin embargo, de momento, no existe.

Por un lado, el PSC, Vox, En Comú Podem, Ciutadans y el PP concluyen que interceder presuntamente a favor de un empresario para ayudarlo a fragmentar contratos asignados a dedo entraría dentro de los supuestos de corrupción. JxCat y el grupo de apoyo a Borràs denuncian, en cambio, “lawfare” por parte de los tribunales, y la propia presidenta defiende que lo que es “corrupto” es la persecución que ella está sufriendo por parte del Estado. E intentan no mojarse ni ERC ni la CUP, que saben que cualquier decisión que tomen los acabará desgastando en un sentido o en otro. En privado, sin embargo, las dos formaciones piensan como la retahíla de grupos que enumerábamos al principio.

El dilema, pues, es saber si a Borràs se la suspenderá automáticamente o en una votación en comisión vía artículo 25.4 (el de la corrupción) o si se optará por el 25.1 (el genérico), que es el que se promueve desde el entorno de la presidenta. La jugada de Junts es doble, porque por un lado la votación llegaría al pleno del Parlament, donde todo es más solemne, y, por el otro, ERC o la CUP no podrían esconder la cabeza debajo del ala si realmente piensan que Borràs tiene que ser suspendida: el 25.1 requiere de mayoría absoluta y, por lo tanto, del voto de al menos una de estas dos formaciones. En cualquier caso, ya sea por acción o por omisión (con el 25.4, republicanos y cuperos podrían optar por no participar en la votación), a Borràs quien la acabará suspendiendo o no será el independentismo. A pesar de que sus socios le han pedido que piense en el “prestigio” del Parlament, la presidenta no les facilitará el trabajo si quieren expulsarla de la lista de represaliados en la que, por cierto, hace unos meses que la incluyó el nuevo presidente de Òmnium, Xavier Antich.

¿Pero qué pasaría si alguien pensara que no se ha aplicado el artículo correcto del reglamento? Es más, ¿y si no se aplica ninguno? El 25.1, por ejemplo, es opcional (la propia Borràs recordó que no se ha aplicado en otras ocasiones similares) y ya hemos comentado que al menos JxCat rechaza que se aplique el 25.4 (el de la corrupción), que sí que es de obligatorio cumplimiento. Si algún diputado considera que se le ha vulnerado el derecho de participación política siempre puede recurrir al Tribunal Constitucional. Consultadas por el ARA, fuentes jurídicas cuestionan que la oposición pudiera argumentar que el hecho de aplicar un artículo u otro implicara una vulneración de los derechos de sus diputados. Sería más fácil de argumentar un recurso de Borràs en caso de que la suspendieran –el perjuicio hacia ella sería evidente–, a pesar de que implicaría tener que pedir ayuda a un órgano de aquellos que ella considera “corrupto”.

Los detalles

Las comparecencias de prensa del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se demoraban una vez acabadas las cada vez más habituales reuniones con la consellera de la Presidencia, Laura Vilagrà. Un misterio que se resolvió el pasado viernes en la Generalitat: Bolaños no quiere hablar en público mientras lo esté haciendo Pedro Sánchez en directo por televisión. Y el presidente español tenía un acto sobre España Digital.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, fue vetada en la rueda de prensa del consejo de ministros sobre el salto de la valla de Melilla. Ella dio su opinión al acabar, pero varios medios solo emitieron las imágenes en las que evitaba responder, que fueron compartidas en las redes sociales, también por Iván Espinosa de los Monteros (Vox), que se acabó disculpando por compartir fake news.