BarcelonaHará tres años, un dirigente político estatal que había negociado mucho con Pedro Sánchez exponía en privado la que, a su parecer, era la clave del sanchismo: “Sánchez no tiene convicciones firmes, solo una agudísima voluntad de supervivencia. Esto lo hace capaz de pactar cualquier cosa que lo pueda ayudar a mantenerse en el poder”. Esta característica, que el propio Sánchez trató de romantizar en su Manual de resistencia, explica la infinidad de idas y venidas del dirigente socialista en su discurso sobre el independentismo, en que ha pasado de prometer en 2019 penalizar los referéndums y hacer volver a Carles Puigdemont a anunciar este jueves la eliminación como tal del delito de sedición, que a partir de ahora pasará a estar regulado dentro del de desórdenes públicos, que será modificado.
La decisión supone para Sánchez garantizarse la estabilidad por parte de Esquerra –que finalmente puede lucir un triunfo de la mesa de diálogo—, pero también conlleva ir definitivamente a la guerra con el PP y el ala más dura del poder judicial, para quien la derogación de la sedición es un golpe difícil de asimilar. Y la culpa en buena parte es del líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, que con la espantada de última hora en la negociación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) demostró a Sánchez que el PP sigue secuestrado por el factor Isabel Díaz Ayuso y lo invitó a pulsar el acelerador con Esquerra.
La respuesta de los tribunales
El anuncio de Sánchez abre una batalla en Madrid que será larga y cruenta. El PSOE intentará que la tramitación sea exprés –este mismo viernes ya registrarán en el Congreso la reforma junto a Unidas Podemos y se quiere tenerla terminada a finales de año– para minimizar el desgaste, pero esta vez –a diferencia de lo que pasó con los indultos– la medida requiere una tramitación parlamentaria que prolongará un debate en el que la reacción del Estado profundo se divisa furibunda, ya sea en la derecha política como la mediática y, más importante, en la judicial.
Esta será, de hecho, una de las claves a partir de ahora. A la espera de poder leer la letra pequeña de la propuesta, el posible impacto que pueda tener para los dirigentes independentistas ya condenados –que podrían ver reducidas las inhabilitaciones– y, sobre todo, para los exiliados, dependerá en buena parte de la interpretación que hagan del nuevo Código Penal los jueces, que ya han demostrado capacidad sobrada de hacer lecturas más que restrictivas si de lo que se trata es de castigar los hechos de octubre del 2017.
Oxígeno para Esquerra
Sea como sea, el anuncio de Sánchez supone, de entrada, un balón de oxígeno para Esquerra, que después de muchos meses consigue por fin poder exhibir un fruto concreto de la mesa de diálogo para hacer frente a la presión de Junts y la CUP. Aun así, en sus primeras reacciones al anuncio del presidente español los dos partidos ya han demostrado que no los convence la reforma porque consideran que implica reconocer que los hechos del 2017 fueron delito y que el nuevo Código Penal podrá ser aplicado en el futuro contra el independentismo.
La otra incógnita es el alcance que tendrá el entendimiento entre los republicanos y el PSOE. El acuerdo por la sedición lleva implícito el pacto por los presupuestos del Estado, y encima de la mesa estarán pronto también unas cuentas de la Generalitat que Esquerra preferiría pactar con Junts per Catalunya pero que ya sabe perfectamente que ante la negativa de los de Carles Puigdemont solo tendrá dos opciones: o prorrogarlos o pactarlos con un PSC con el que, después del anuncio de este jueves, quizás ya no es tan difícil llegar a acuerdos también en Catalunya.
