El presidente del Constitucional habla en público antes de aprobar la sentencia sobre la amnistía la semana que viene

MadridCon el permiso de la crisis de Ceuta y de las reivindicaciones por el derecho a la vivienda, el Tribunal Constitucional vuelve a estar en la primera plana de la actualidad política. La semana que viene aprobará la sentencia que contradice el criterio del Tribunal Supremo sobre la ley de amnistía y que ordenará al alto tribunal que aplique el perdón a la malversación atribuida al referéndum del 1 de Octubre. El primer veredicto del TC, sobre el recurso de amparo que presentó Dolors Bassa, abrirá la puerta tanto a poner fin a la inhabilitación de Oriol Junqueras y Jordi Turull como al retorno en libertad a Cataluña de Carles Puigdemont.

Este jueves, tres días después de que trascendiera su ponencia, a la cual tuvo acceso el ARA, y cinco días antes del pleno que debe aprobar la sentencia, el presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, interviene en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum en el Real Casino de Madrid.

No es habitual que una autoridad como él comparezca públicamente. La última vez que le oímos la voz fue hace un mes en una entrevista en RNE. Pronosticó que la sentencia sobre el recurso de Puigdemont sería antes de finales de año, pero anticipó que el primer veredicto sería “vinculante” y permitiría que el Supremo aplicara la decisión. Hace dos años, por ejemplo, en el acto de toma de posesión de José María Macías, reclamó “respeto político e institucional” a sus “decisiones e independencia” y subrayó que “todos los poderes públicos” están “obligados” a cumplir lo que resuelva el Constitucional.

Las “reglas de la lógica y del sentido común”

La ponencia de Cándido Conde-Pumpido, que se aprobará el próximo martes, 6 de octubre, argumenta que perdonar la malversación es “la única conclusión conciliable” con las “reglas de la lógica y del sentido común” y con una interpretación de la amnistía que “atienda a su espíritu y finalidad” y a su “propia génesis”. Alega que la “interpretación auspiciada” por el Supremo es “claramente expansiva” y está “opuesta” a la “finalidad y espíritu” de la ley. La sentencia ordenará directamente al Supremo que dé marcha atrás y “declare amnistiado” el delito de malversación de manera “preferente y urgente”. Esto debería facilitar el retorno de Carles Puigdemont después de que Pablo Llarena se haya abierto a levantar la orden de detención cuando el Constitucional haya dictado la primera sentencia.

“En una interpretación impredecible, las resoluciones no han mantenido el nexo de coherencia necesario entre la decisión adoptada, la norma y las finalidades que justifican la amnistía”, sostiene el texto. Asimismo, subraya que el redactado de la ley “conduce inexorablemente” a la conclusión de que su finalidad es excluir solo “la desviación de fondos públicos efectuada con fines de corrupción personal” y no con el objetivo de hacer posible, por ejemplo, el 1-O. El borrador habla de una “contradicción interna” en el razonamiento del Supremo y acusa a Manuel Marchena de hacer una argumentación “desrazonada”.