¿Más presos y exiliados antes de la amnistía?
BarcelonaEl poder judicial y el poder legislativo están protagonizando una carrera sin precedentes. A cada paso que da la mayoría plurinacional para retocar la amnistía y reducir el margen de los jueces, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón da un paso más en sentido contrario para no amnistiar ni a Carles Puigdemont ni a Marta Rovira, entre otros muchos.
El último ejemplo ha sido esta semana después de la última reforma en el Congreso: si para quedar excluido de la amnistía tiene que haberse tenido la intención de matar o torturar en el marco del delito de terrorismo, ahora el juez ha hecho una nuevo auto apuntando que, en realidad, los manifestantes de Urquinaona tenían la voluntad de matar a los policías que resultaron heridos. Y no solo eso, sino que, además, ha añadido otra parte en la investigación que tendría que ver con las protestas contra el rey. Una información que había ignorado hasta ahora y que rescata de un informe de la Guardia Civil del pasado mes de abril. ¿Quiere engrosar la causa con delitos contra la Corona? También conllevan penas de prisión y no aparecen en la ley como conductas amnistiables.
Lo mismo ocurre con el delito de traición y contra la paz y la independencia del Estado. Existe el riesgo de que lo acabe incorporando a la instrucción para esquivar la amnistía, ya que estos tipos penales ahora están excluidos. Ya ha dado pistas al respecto: en el sumario recoge como indicios delictivos los contactos entre el jefe de la oficina del ex president Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, o Marta Rovira con un alto funcionario suizo. Junts ha hecho una enmienda a la ley para intentar resolver este punto, pero no parece que de ahora hasta el martes –cuando hay que votar la norma en el Congreso– el PSOE acepte más cambios. Al menos se ha negado a hacerlo hasta ahora a pesar de que continuarán los contactos.
Sea como s, eea incluso si se llegaran a hacer más modificaciones a la amnistía, esta carrera siempre la ganará García-Castellón, que además se jubila en octubre y espera realizar su último servicio como magistrado. Llegará un momento en que el legislador no podrá retocar más la ley –una vez vuelva al Congreso del Senado en abril– y el balón quedará en el tejado de los jueces. Lo único que puede hacer la mayoría plurinacional es dejar las rendijas al mínimo. Es decir, que si a alguien se le ocurre esquivar la amnistía lo tenga que hacer rozando la prevaricación. Solo así se puede asegurar ganar una futura batalla en el Tribunal Constitucional o incluso en Estrasburgo.
Pero antes de que todo esto ocurra, García-Castellón aún puede hacer un último movimiento que vuelva a tensionar al máximo el ambiente. Esta semana ya ha dicho que llamará a declarar a los policías heridos. ¿Hará lo mismo con los investigados? Las defensas temen que sí y que lo haga antes de la amnistía. Y que, además, acuerde medidas cautelares: García-Castellón tiene en sus manos que investigados por el caso Tsunami como Alay, el empresario Oriol Soler o el diputado Ruben Wagensberg tengan que esperar la amnistía desde Soto del Real. O desde fuera del Estado. Solo hay algo que lo puede frenar: que la sala penal de la Audiencia Nacional, que lleva semanas respondiendo un recurso de la Fiscalía, le llame la atención y haga caer la causa por terrorismo. La sala o el Supremo.
