Ley del 'solo sí es sí'

PSOE y Unidas Podemos certifican la fractura por la ley del ‘solo sí es sí’

El Congreso empezará a tramitar la reforma que los socialistas han presentado en solitario con los votos del PP

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La ministra de Igualdad del gobierno español, Irene Montero, en una imagen reciente.

MadridSi los últimos 8-M el feminismo ya había llegado con una cierta división en la calle, al de este año se sumará un gobierno español partido por la mitad por la reforma de la ley del solo sí es sí. Si no hay un acuerdo de última hora, PSOE y Unidas Podemos evidenciarán su fractura en el Congreso la vigilia del 8 de marzo, cuando la cámara baja tiene que debatir si empieza a tramitar la reforma del PSOE que no suscribe el ministerio de Igualdad de Irene Montero. De hecho, los morados ya anunciaron la semana pasada que votarían en contra mientras no haya un acuerdo y, por lo tanto, los socialistas tendrán que sacar adelante su iniciativa con los votos del PP, que ya ha garantizado su sí. Una imagen que, pese a los intentos de quitar hierro al asunto, el PSOE querría evitar.

Ante la alarma social generada por el goteo constante de rebajas de penas e incluso excarcelaciones a raíz de la aplicación de la ley de libertad sexual, los socialistas dieron un golpe de timón hace ya unas semanas y decidieron sacar adelante su propia reforma sin esperar a su socio de gobierno para intentar calmar la alarma social y, de vuelta, taponar la posible fuga de votos que podían sufrir hacia el PP si no tomaban cartas. Los votantes del PSOE son, junto a los del PP y Cs, los que más apuestan por modificar la norma, según el último barómetro del Centro de Estudios Sociológicos (CIS) del mes de febrero. Por eso, el presidente español, Pedro Sánchez, ha repetido una y otra vez que lo que pretenden los socialistas es sacar adelante una reforma "técnica" para "corregir los efectos indeseados" de la norma.

Podemos sube el tono

Ha insistido este lunes la ministra de Educación y portavoz socialista, Pilar Alegría, que ha pedido a Unidas Podemos que "recapacite su posición" y ha asegurado que no da por perdido llegar a un acuerdo con Igualdad: "Nunca se tiene que dar nada por imposible". El presidente de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, sin embargo, admitía esta mañana que veía "difícil" el pacto antes de este martes. En las últimas horas, de hecho, los morados han subido algo más el tono de sus críticas contra el PSOE. La coportavoz de Podemos, Alejandra Jacinto, ha tildado de "votación de la vergüenza" la de este martes si finalmente el PSOE consigue empezar a tramitar su reforma con los votos del PP –Vox todavía no ha dicho si votará a favor o se abstendrá–. Jacinto todavía ha ido algo más allá y ha acusado los socialistas de "traicionar" al feminismo porque para los morados la propuesta del PSOE supone "volver al Código Penal de la Manada".

Mientras la herida en el gobierno de coalición se hace cada vez más profunda, al otro lado del hemiciclo del Congreso la derecha ve la oportunidad de apropiarse la rectificación y hacer más grande la distancia entre el PSOE y Unidas Podemos. El PP tiene previsto apoyar la reforma del PSOE porque es muy similar a la que los conservadores registraron antes de Navidad. "No quiere los votos del PP y ahora parece que sin los votos del PP no se puede aprobar", ha apuntado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha pedido la "derogación parcial" de la ley, "al menos de la parte punitiva".

"Lo importante es que salga adelante y no tanto con quién", ha justificado Alegría en rueda de prensa cuando se le ha preguntado por el apoyo del PP. Los socialistas, de hecho, recuerdan que los populares no son los únicos que están dispuestos a apoyar a la tramitación de la norma, sino que el PNV y el PDECat, socios del ejecutivo, también han explicitado su sí. Ahora bien, la división del gobierno también se visualizará este martes entre sus socios parlamentarios, porque ERC, por ejemplo, no tiene previsto apoyar la tramitación de la reforma del PSOE. Los republicanos defienden que no se puede cambiar la ley del solo sí es sí sin el ministerio de Igualdad. De todas maneras, todavía no han decidido el voto definitivo. Tampoco EH Bildu, que quiere esperar hasta última hora para tomar una decisión en función de si hay un acuerdo in extremis.

Ley para forzar la paridad

Para intentar tapar el ruido de la división en la tramitación de la reforma de la ley del solo sí es sí, Pedro Sánchez intentó dar un golpe de efecto el sábado cuando anunció una ley para forzar la paridad en las instituciones y las grandes empresas aprovechando el 8-M. De hecho, el consejo de ministros validará el anteproyecto este martes, pero todavía quedará la aprobación en segunda vuelta y todo el trámite parlamentario antes de que la norma vea la luz. Los pasos se tendrían que acelerar mucho para que la ley entre en vigor antes de que se acabe la legislatura. El objetivo es reforzar la presencia de mujeres en los órganos de dirección de las grandes empresas, pero también en las administraciones públicas.

Así, la ley obligará a que el consejo de ministros sea paritario y que se garantice que hay "como mínimo" un 40% de mujeres. También se exigirá en "órganos superiores y directivos" de la administración del Estado (como por ejemplo secretarías de estado o direcciones generales), así como en las direcciones y órganos de gobierno de los organismos autónomos, agencias, empresas públicas o fundaciones. Tendrán que garantizar, en este caso, que haya un mínimo del 40% y un máximo del 60% de cada uno de los sexos. Todos estos organismos tendrán un plazo de cinco años para cumplir con este requisito desde que entre en vigor la ley.

En paralelo, también se obligará a que las listas electorales sean totalmente paritarias. La LOREG obliga a un mínimo del 40% de mujeres en las candidaturas. Lo que propone ahora la nueva ley es que las listas cremallera lo sean del a pesar de que los hombres y las mujeres se alternen los lugares. De este modo, se llegaría a un 50% de representatividad de los dos sexos.

Igualdad en las direcciones de las grandes empresas

La normativa también requerirá a las grandes empresas (las del Íbex y las de más de 250 trabajadores y de 50 millones de euros de volumen de negocio anual) a garantizar que sus consejos de administración tengan un "mínimo" del 40% de mujeres. La obligación va en la línea de lo que ya aprobó la Unión Europea el noviembre del año pasado y que plasmó en una directiva europea que los estados miembros tienen que aplicar en un periodo de dos años para conseguir el objetivo del 40% en 2026. Lo ha recordado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha añadido: "Es una demanda muy antigua". El gobierno español, sin embargo, fija para las empresas del Íbex que este requisito ya lo cumplan a partir del 1 de julio de 2024. Las corporaciones tendrán que elaborar un informe sobre igualdad de género anualmente y las que no cumplan esta norma serán sancionadas.

El presidente español, Pedro Sánchez, ha destacado la importancia de transponer esta directiva europea, pero también el hecho de extenderla al ámbito privado. El porcentaje del 40% también se aplicará para las juntas de gobierno de los colegios profesionales y para los jurados de reconocimiento público –no podrán conceder ningún premio o reconocimiento financiado con dinero público si no cumplen este porcentaje.

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