Puerta de Puigdemont a Isla por los presupuestos

Juntos deja al gobierno socialista en manos de ERC y los comunes, sus socios prioritarios

Jordi Turull escucha las declaraciones de Carles Puigdemont durante el congreso de Junts en Calella.
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BarcelonaLos presupuestos de 2025 pondrán a prueba la capacidad del gobierno de Salvador Illa de articular mayorías que puedan sostener a su ejecutivo en minoría. Y, como todo apuntaba, esa mayoría no incluirá Junts, al menos en los próximos meses. El partido liderado por Carles Puigdemont ha dado este viernes un portazo al Govern tras la primera reunión que ha mantenido para tantear el terreno sobre las cuentas del 2025. Ha sido el primer encuentro y será también el último: Junts ha renunciado incluso a poner alguna propuesta sobre la mesa, como hicieron el año pasado con el ejecutivo de Pere Aragonès situando como línea roja la rebaja del impuesto de sucesiones -que los republicanos no aceptaron-.

"Abrir una negociación con el Govern para los presupuestos no tiene ningún sentido”, ha declarado la portavoz del grupo parlamentario, Mònica Sales, tras reunirse con la consellera de Economía, Alícia Romero, y el secretario general, Juli Fernández, en la conselleria de Economía. También han participado en la reunión los diputados Toni Castellà y Jordi Munell. el arco parlamentario (excepto la extrema derecha) y, en este sentido, celebran que en la última sesión de control Junts les extendiera la mano para pactar, pese al portazo que finalmente ha acabado llegando este viernes. ~ La negativa de Junts a negociar deja a Salvador Illa en manos de ERC y de los comunes, los dos socios con los que el ejecutivo ya había dicho que quería priorizar las conversaciones para poner manos a la obra al cumplimiento de los acuerdos de investidura ( por ejemplo, con inversiones en servicios públicos o reformas legislativas por la vivienda o contra los privilegios fiscales del Hard Rock). Juntos lo ha aprovechado para desmarcarse de esta alianza y erigirse en la alternativa ante un PSC que es "la franquicia del PSOE" en Catalunya y que, según Sales, ha renunciado a hacer respetar al país en Madrid . En paralelo, Junts mantiene el pulso con el gobierno español exigiendo un incremento del techo de gasto para Cataluña. Todo ello, en una semana en la que el acuerdo de medidas fiscales entre el PSOE y Sumar ha reactivado la negociación de las cuentas estatales, ahora condicionada por la petición del gobierno español de contar con nuevos recursos para hacer frente a los estragos de la DANA en la Comunidad Valenciana.

El gobierno de Isla ya acepta abiertamente que no tendrá las cuentas en vigor el 1 de enero, tal y como hubiera querido, y lo atribuye a los procesos congresuales en los que están inmersos ERC y los comunes. A la espera de saber quién tomará las riendas de la dirección de ERC tras el 30 de noviembre, los republicanos llevan días advirtiendo al ejecutivo de que no podrá contar con sus votos si no da pasos con la negociación de la financiación singular porque Cataluña recaude todos los impuestos que se pagan a través de la Agencia Tributaria catalana, que deberá crecer en recursos y personal para asumir las nuevas funciones.

La reunión entre el presidente catalán y el español, Pedro Sánchez, el 22 de noviembre en la Moncloa podría abrir una ventana de oportunidad, pero el propio Isla ha descartado tratar este tema. "No será una reunión para hablar de ello", ha dicho en una entrevista este viernes en la Cadena SER, en la que ha asegurado que quiere hablar con Sánchez de la forma de "sincronizar" la política de vivienda entre el Estado y la Generalitat con la vista fijada en las 50.000 viviendas que ha prometido para 2030. En todo caso, los expertos designados por el Govern ya estudian el nuevo modelo y la previsión es tener un calendario "acordado y detallado" sobre la propuesta a principios de 2025.

No se espera un acuerdo inminente

Los comunes alertaban el lunes de que las conversaciones sobre presupuestos se atascaron en la carpeta de vivienda por la negativa del Gobierno a incrementar los recursos propios a políticas de vivienda, que reclaman situar por encima de los 734 millones de euros. Según fuentes de los comunes, hay una reunión con el ejecutivo agendada para el próximo jueves en la que debería adelantarse en esta cuestión, pero tampoco se espera un acuerdo inminente, porque el Gobierno buscará acompasar los tiempos entre los dos potenciales socios de presupuestos y la nueva dirección de ERC podría no concretarse hasta diciembre.

Ahora bien, una nueva exigencia podría complicar la negociación: los comunes pedirán subir los impuestos a los grandes tenedores de vivienda, tal y como ha avanzado El Periódico y ha confirmado el ARA, y, como prueba de este compromiso, elevarán esta medida al plenario de su asamblea este fin de semana en forma de resolución. Hasta ahora, el Govern ha descartado subir los impuestos, aunque sí se ha abierto a introducir cambios en tributos que los comunes han pedido elevar, como la tasa turística.

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