Puigdemont denuncia la politización del suplicatorio en la Eurocámara

Los eurodiputados de Junts avisan de que recurrirán contra las irregularidades del proceso y contra la decisión final del pleno ante la justicia europea

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Los eurodiputados Clara Ponsatí, Carles Puigdemont y Toni Comín en una rueda de prensa al Parlamento  Europeo.

Bruselas"La decisión era previsible, pero no por eso deja de ser lamentable". Así ha reaccionado el ex president Carles Puigdemont a la votación de este martes en el comité de Asuntos Jurídicos favorable a retirarles la inmunidad parlamentaria a él, a Toni Comín y a Clara Ponsatí. El eurodiputado de Junts per Catalunya Lliures Per Europa ha criticado la politización de toda la tramitación del suplicatorio después de que parlamentarios del PP, Cs y Vox hubieran celebrado el resultado de la votación y de las irregularidades que, según Puigdemont, ha habido a lo largo del proceso. Los eurodiputados de Junts dicen que seguirán "luchando" hasta el final, en referencia a la votación en el pleno de dentro de dos semanas que tendrá que confirmar la decisión, pero reconocen que "lo más posible" es que el pleno les acabe retirando la inmunidad. Por eso, ya avisan de que recurrirán contra la decisión definitiva y las irregularidades del proceso ante la justicia europea: "La batalla sigue fuera de la Eurocámara".

"Han podido ver la reacción de satisfacción del partido fascista Vox, el PP y Cs, cosa que demuestra la naturaleza política del procedimiento", ha dicho el ex president, que interpretaba así las reacciones posteriores a la votación como una prueba más de la politización del suplicatorio. Después de que se conociera el resultado del voto secreto (15 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones), el presidente del comité, Adrián Vázquez, de Ciudadanos, emitió un comunicado en vídeo en el que afirmaba: "Hemos cumplido lo que prometimos, el proceso no ha sido un circo, hemos conseguido que el proceso se hiciera con todas las garantías, toda la transparencia. Una demostración más de que en el Parlamento Europeo las normas se cumplen".

Lo mismo hacía el eurodiputado de Vox Jorge Buxadé celebrando el "gran día" que significaba la aprobación del informe de su "compañero", el eurodiputado ultraconservador búlgaro Angel Dzhambazki. También tuitearon Inés Arrimadas y Pablo Casado celebrando la votación. En el caso del Partido Popular, sus dos eurodiputados miembros del comité de Asuntos Jurídicos, Esteban González Pons y Javier Zarzalejos, emitían un comunicado en el que valoraban "muy positivamente" la decisión. "Los tres eurodiputados están hoy algo más cerca de ser puestos a disposición de la justicia española", afirmaban.

Pero el resultado de la votación de ayer implica que el bloque autodenominado constitucionalista se fragmentó, porque no llegaron a sumar los 18 votos que se habrían obtenido si la familia popular, socialista, liberal y ultraconservadora hubieran votado unidos en la línea de sus compañeros españoles. Después de la votación, el socialista español miembro de JURE, Ibán García de Blanco, aseguró que tanto él como Marcos Ros (el otro socialista español con derecho a voto en este comité) votaron a favor del suplicatorio. No aseguró, sin embargo, que los otros eurodiputados de su familia política no españoles del comité hubieran hecho lo mismo. Tanto los parlamentarios con derecho a voto en este comité de los Verdes como de la Izquierda Unitaria se pronunciaron en contra del suplicatorio. Sergey Lagodinsky, de los Verdes, recogió el tuit de Vox para afirmar que el proceso judicial contra Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín está politizado: "No estoy de acuerdo con Puigdemont en muchas cuestiones, pero su juicio está politizado y es desproporcionado".

Un dilema para Europa

Los de Junts son conscientes de que de cara al pleno, cuando el conjunto de los 705 eurodiputados tienen que votar sobre el levantamiento de su inmunidad, lo más posible es que se repita el resultado de JURE, pero plantean la votación como "un dilema" al que se tiene que enfrentar Europa: "Europa tiene que escoger entre democracia o callar delante la deriva del estado español. Esto lleva a Europa a perder una autoridad moral que había conservado ante la comunidad internacional", ha dicho el ex conseller Toni Comín, que ha denunciado la sobrerepresentación "española" en el comité de Asuntos Jurídicos.

Uno de los principales argumentos de los tres eurodiputados independentistas de Junts es que sufren "persecución política", que es uno de los principios para los que está pensada justamente la inmunidad parlamentaria. Sin embargo, los tres informes del ponente aprobados el martes lo rechazan de pleno: "La Eurocámara no ha encontrado pruebas de fumus persecutionis", dice un breve documento de siete páginas. Sobre el otro principal argumento de los de Junts, la competencia del Tribunal Supremo en la emisión de las euroórdenes, el texto asegura que la Eurocámara no tiene "potestad" para cuestionar la competencia de las autoridades nacionales en la causa "y se remite a la comunicación que las autoridades españolas han hecho en la Eurocámara al respecto. "La acusación no tiene ninguna relación con la posición de Carles Puigdemont como eurodiputado, sino con su antigua posición de president de la Generalitat", dice también el informe, que añade que "no se puede afirmar que se iniciara el procedimiento judicial con intención de dificultar la futura actividad política de Carles Puigdemont como miembro del Parlamento Europeo".

Y, a pesar de que aseguran que trabajarán hasta el último día para convencer a eurodiputados de todos los colores políticos para que voten en contra de retirarles la inmunidad, los de Junts ya tienen la vista puesta en la justicia europea, donde tienen previsto presentar un recurso además de una demanda en contra de las irregularidades que identifican a lo largo de todo el proceso. El movimiento más "lógico", ha dicho Comín, es esperar la votación plenaria para presentar el recurso ante el tribunal con sede en Luxemburgo y pedir medidas cautelares para que las euroórdenes no se reactiven inmediatamente en Bélgica y Escocia. Al mismo tiempo, tienen confianza en la justicia de estos dos países después de que Bélgica rechazara extraditar al ex conseller Lluís Puig.

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