Puigdemont recusa a Llarena por haber recibido un premio de una fundación "de extrema derecha"

BarcelonaNuevo movimiento del exilio contra el Tribunal Supremo. El expresident Carles Puigdemont y el resto de exconsellers han recusado al juez instructor del 1 de Octubre, Pablo Llarena, por haber aceptado el galardón de una fundación que "defiende íntegramente el ideario de la extrema derecha", la Fundación Villacisneros. Su abogado, Gonzalo Boye, en un escrito presentado ante el alto tribunal y al cual ha tenido acceso el ARA, recuerda que esta fundación ha defendido el encarcelamiento de Puigdemont desde que empezó la causa, además de participar en la convocatoria de una manifestación en Madrid para reclamar la detención de los exiliados.

El galardón a Llarena este pasado 16 de noviembre es para Boye una manifestación de su carencia de imparcialidad y que, por este motivo, se tiene que apartar de la causa. "La jurisprudencia tanto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos claramente obliga a un examen esmerado de las circunstancias en las que se encuentra Pablo Llarena", afirma el escrito, además de recordar que el juez imparcial es un derecho reconocido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

El abogado de Puigdemont describe de la siguiente manera a la Fundación Villacisneros ante el Tribunal Supremo: "Es una organización nacionalista española que, según afirma el vídeo del acto de entrega del premio Villacisneros al magistrado instructor, trabaja, dice, por la unidad y el fortalecimiento de España". La entidad, remarca Boye, "defiende íntegramente el ideario de la extrema derecha" porque ha abogado "desde antes de que se iniciara la causa por el encarcelamiento de Puigdemont". En este punto, adjunta varios tuits en los que la entidad reproduce el lema "Puigdemont a prisión".

También añade que varias personas vinculadas a esta fundación se han manifestado sobre los hechos investigados por Llarena, es decir, el referéndum del 1 de Octubre. Cita a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, o al exministro Jaime Mayor Oreja, que han definido los hechos de 2017 como un "golpe de Estado " o han pedido medidas "ejemplarizantes" contra el expresident exiliado. También hace referencia a Hermann Terstch, diputado por Vox en el Parlamento Europeo y miembro del consejo directivo de la fundación, poniendo de relevo que el partido de extrema derecha forma parte del procedimiento como acusación popular. "Esto ya sería motivo suficiente para la abstención de Llarena", cree Boye, que destaca que la dirigente de la Eurocámara Isabel Benjumea también forma parte de la fundación siendo miembro del PP, que promovió el 155 y la destitución del Govern del 1-O.

La defensa de los exiliados acaba de rematar su argumentación adjuntando las razones que esgrimió la fundación para distinguir a Pablo Llarena. "Por mantenerse firme ante el acuse intolerable y los intentos de coacción en defensa de la ley y el estado de derecho ante la causa derivada de la declaración unilateral de independencia de 2017 (...). Por su integridad y valentía y la defensa de aquello en lo que cree la fundación", justificó la entidad en su página de Facebook el día del galardón a Llarena.

Por todo esto, Boye concluye que Llarena ha comprometido "definitivamente" su imparcialidad con la aceptación de este reconocimiento. Ahora será la sala penal del Tribunal Supremo la que tendrá que tomar una decisión.

La recusación a Llarena no es el único paso que ha dado el exilio esta semana en el Tribunal Supremo. Después de la resolución del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), Puigdemont ha pedido a Llarena que deje claro que las órdenes de detención están suspendidas –tal como afirmó Luxemburgo– y comunique a todas las autoridades europeas que a estas alturas no puede ser extraditado. El TGUE rechazó devolver la inmunidad a los eurodiputados de Junts per Catalunya, pero aclaró que hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no resuelva las cuestiones prejudiciales planteadas por el mismo Supremo no se pueden ejecutar las euroórdenes ni extraditar a los exconsellers.