Revés de la justicia europea a Llarena: Puigdemont no puede ser extraditado por ahora

El Tribunal General de la UE cree que el 'expresident' no necesita inmunidad parlamentaria porque la euroorden está suspendida

El expresidente Carles Puigdemont durante  su estancia en Cerdeña.
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BruselasPuigdemont no puede ser detenido dentro de la Unión Europea y por eso no necesita recuperar de nuevo la inmunidad parlamentaria que la Eurocámara le retiró. El Tribunal de General de la Unión Europea descarta devolver la inmunidad parlamentaria a Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, a pesar de la detención del expresident en Alguer porque considera que la ejecución de las euroórdenes está suspendida, contrariamente a lo que sostenía el Tribunal Supremo español. Después de que el líder de Junts fuera detenido en un viaje en Cerdeña, su defensa volvió a solicitar medidas cautelares para recuperar la inmunidad parlamentaria, pero el vicepresidente del Tribunal General de la UE las ha rechazado porque la ejecución de las euroórdenes está suspendida hasta que la misma justicia europea se pronuncie sobre la cuestión prejudicial que presentó el Tribunal Supremo después de la negativa de la justicia belga a extraditar al exconseller Lluís Puig.

Se confirma así la suspensión de facto de la orden de extradición, que el mismo Supremo había puesto en entredicho después de la detención del expresident en Alguer. Por eso, desde Junts han celebrado rápidamente la resolución judicial a través de su cuenta de Twitter: "El TGUE confirma que las euroórdenes están suspendidas por imperativo legal y por eso no considera necesarias las medidas cautelares sobre la inmunidad", han piado. Después de la detención del expresident en territorio italiano, el juez del Supremo Pablo Llarena reenvió su petición de extradición y aseguró que continuaba vigente.

De hecho, el vicepresidente del Tribunal espeta un revés a Llarena, porque señala de manera explícita que las medidas cautelares pedidas por la defensa del expresident no son necesarias porque "el proceso penal está suspendido hasta que el Tribunal de Justicia se pronuncie sobre la petición de decisión prejudicial". Precisa que "esta suspensión se deriva directamente" del hecho de que el mismo Supremo planteara esta pregunta, insiste en que sus efectos son "vinculantes" y, además, añade que "el órgano judicial español estaba al corriente de esta suspensión".

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