BarcelonaSon tantos y tan dispersos que no hay ningún recuento de los manifestantes independentistas encausados durante el Procés. Òmnium y Alerta Solidària hablan de centenares y, de hecho, buena parte de los pleitos todavía tienen que llegar: el 2 de noviembre se juzgará a los conocidos como nueve de Lledoners, todavía se investigan unas 200 personas por el corte de la Jonquera, y hay causas por las protestes postsentencia que están en fase de instrucción. ARA ha accedido a una veintena de acusaciones para hacer un retrato robot.
Todo empieza con los atestados policiales. El papel de la Fiscalía y la Generalitat es valorar el escrito de la policía y las pruebas aportadas y, basándose en esto, escribir un relato de acusación. Los abogados de las defensas apuntan que el problema es la Fiscalía: la mayoría de veces calca la versión policial de manera acrítica. A veces incluso va más allá: en el atestado a Pol Serena -condenado por la huelga general de febrero de 2019- no se le sitúa ocupando las vías del tren de Plaça Catalunya, pero el ministerio público afirma que las ocupó. En el juicio no se demostró, y la pena -un año de prisión- no lo prevé.
Las penas tampoco tienen un criterio uniforme. Los abogados argumentan que el tipo penal es muy amplio: los delitos de atentado a la autoridad van de uno a cuatro años de prisión, pero a menudo las acusaciones no concuerdan con la gravedad de la lesión de los agentes. A Serena la Fiscalía le pedía cuatro años por haber “lanzado una lata a un agente que le impactó en el antebrazo, otra a un agente que le impactó en la cabeza pero no sufrió lesiones, y una botella a un agente que tuvo que esquivarla, lo que le provocó un fuerte tirón en el abductor”. A Adrián Sas, por el primer aniversario del 1-O- le pedían los mismos años por, utilizando el palo de una bandera, “golpear un agente en la cara y cuando se intentaba incorporar volver a golpearle. Pegó a otro agente en la cabeza y un agente sufrió una herida en el mentón que requirió cirugía”. Unos hechos que él negó, y la sentencia rebaja la pena a tres años y medio cuando la Fiscalía en global pedía siete.
En las acusaciones no se detalla nunca el papel de los agentes, ni si están cargando o pegando con la porra. Según los abogados, la acusación da por hecho que están haciendo un trabajo correcto. Los Mossos siempre han defendido la veracidad de los atestados. Recuerdan que la credibilidad no solo proviene de los agentes -tienen consideración de autoridad-, sino también del sistema judicial, puesto que son documentos que marcan el inicio de la instrucción de un caso y son los jueces los que acaban comprobándolos. Además, aseguran que es muy difícil falsearlos, puesto que los agentes responden ante el juez y de la cadena de mando y cuando hay detenciones están obligados a aportar indicios racionales del delito. Señalan, además, que en la redacción normalmente participan dos policías: el instructor y el secretario. La policía también tiene presunción de veracidad en el juicio: prevalece su versión si no hay pruebas que demuestren lo contrario. De hecho, es lo que le pasó a Marcel Vivet. Las absoluciones llegan, como la del chico de la sudadera naranja por las protestas postsentencia, por falta de pruebas: ni las imágenes ni los testimonios de los agentes eran claros.
Sobre Alejandro Luther, procesado por la misma protesta que Serena, la Fiscalía solo apunta que “ocupó la vía del tren”. A partir de aquí, describe cómo Serena lanzó objetos y no vuelve a nombrar a Luther. También se le acusa, sin embargo, de atentado a la autoridad, a pesar de que no se precisa qué hizo. En el juicio, ningún agente le reconoció, ninguna imagen lo situó y fue absuelto. La Fiscalía le pedía ocho años de prisión, y el Govern, el archivamiento de la causa.
La acusación de la Fiscalía contra los nueve de Lledoners, procesados por el traslado de los presos políticos a Madrid, solo describe claramente los hechos contra tres de ellos por los que se pide seis años de cárcel. “Se abalanzaron contra los agentes dando patadas y puñetazos y golpes de rodilla”. De los seis encausados restantes, solo se sabe que, como otras muchas personas, interrumpieron “el tránsito y construyeron barricadas”. La Fiscalía les exige tres años de cárcel y el Govern se limita a pedir uno para los tres que presuntamente cometieron agresiones. En esta causa y en la mayoría de acusaciones, expresiones como “movido por la intención de romper la paz pública” o “ánimo de vulnerar el principio de autoridad” se repiten.
Unos cuantos de una multitud
Que se procese a determinadas personas no quiere decir que sean las únicas responsables. Las acusaciones admiten a menudo que hay una “multitud” que, dependiendo de la protesta, tira objetos, hace barricadas o incluso agrede. Los que acaban procesados son que los que o bien han sido detenidos o bien se han identificado con posterioridad. La ropa hace mucho: Sas fue identificado porque llevaba un pañuelo del grupo de pastorets al que está vinculado, y Serena porque llevaba una sudadera de los Capgrossos de Mataró.
La Generalitat no siempre mantiene el mismo criterio que la Fiscalía, pero hay procesos en que exige las mismas penas: mantuvo los cuatro años y nuevo meses de cárcel contra Vivet y los cinco y medio contra Sas. Con el acuerdo entre ERC y la CUP se han hecho pasos para limitar estas acusaciones: se ha pedido rebajar la pena de Vivet una vez sentenciado y se ha trasladado a Presidencia el gabinete jurídico de Interior. La tendencia del ejecutivo a partir de ahora será personarse solo por delitos de lesiones a los Mossos. La nueva ola de juicios será una prueba de fuego para el Govern y para sus socios.
