Los recelos de los funcionarios con la gran reforma de la administración del Gobierno

BarcelonaSe acercan grandes cambios a la administración de la Generalitat. Con las 50 propuestas del grupo de expertos de la Cetra sobre la mesa, el Gobierno todavía ahora la redacción de las leyes que deben dar forma a la transformación del sector público en los próximos años. Los cambios incluyen desde la simplificación de los trámites administrativos hasta la incorporación de la IA, pasando por cambios en las oposiciones y el fin de los nombramientos a dedo de los directivos públicos con la introducción del concurso como método de selección y su blindaje frente a ceses a discreción. Pero, ¿qué piensan los representantes de los trabajadores del sector público?

Consultados por el ARA, representantes de CCOO, UGT, IAC-Catac y la Intersindical coinciden en la necesidad de la reforma, pero recelan de algunos puntos. Una petición mayoritaria es que se tenga en cuenta el impacto de estas reformas en la plantilla de la Generalitat —que, con 299.336 trabajadores, es el mayor empleador de Catalunya— para evitar un descalabro organizativo o agravar los problemas de desfase entre las funciones que desempeñan los trabajadores y las que les corresponden sobre el papel. Además, los sindicatos esperan que la gran reforma no haga que las reivindicaciones pendientes se queden en el cajón: por ejemplo, la rebaja de la jornada laboral a 35 horas. Fuentes del Govern no se cierran, pero alertan de que esto debe abordarse en una "negociación general que incluya más aspectos laborales y económicos". Las mismas fuentes desvinculan la reforma de la administración de la ampliación de la plantilla, argumentando que "no hay correlación alguna" entre una cosa y otra.

En todo caso, el Gobierno debe conjugar esta reforma con la jubilación de casi un cuarto del funcionariado de la Generalitat antes del 2030. El secretario de políticas públicas de CCOO de Cataluña, Manuel Fages, pide un plan estratégico para hacerle frente, y alerta de que, para mucha simplificación administrativa que se pretenda, es necesaria más gente. Con la vista puesta en relevo generacional, el ejecutivo ha abierto un programa para despertar nuevas vocaciones entre los jóvenes, en colaboración con las universidades, y convoca becas para jóvenes de hasta 30 años para los cuerpos de nivel superior. Una medida a la que la secretaria general de IAC-Catac, Assumpta Barbens, ve algunos problemas: lamenta que deja de lado las plazas inferiores y las personas de mayor edad que, precisamente, tienen mayores dificultades para ser contratadas por el sector privado.

Barbens insta al Gobierno a arremangarse para hablar de salarios. Lamenta que haya calado la idea de que los funcionarios tienen buenos sueldos y condiciones envidiables, cuando también dentro de los trabajadores públicos hay quien apenas roza el SMI: es el caso, por ejemplo, de los bedeles en las escuelas, sobre todo los interinos, sin antigüedad. Como ejemplo, señala que los incrementos de Mossos anunciados por el Governde hasta 13.500 en ocho años— deben ir acompañados de refuerzos administrativos: "¿Quién gestiona sus nóminas? ¿Quién compra los uniformes?".

La dependencia del marco español

Ahora que el Parlamento ya ha validado la eliminación de la cita previa obligatoria y el derecho al error, la próxima parada legislativa de la reforma es la nueva ley de empleo público, prevista para 2026. Puede incidir en elementos como la selección del funcionariado o la estabilidad de las plantillas, pero no en otros, que vienen condicionados por el marco estatal, el Estatuto Básico del Empleado Público. Por eso los incrementos salariales de los funcionarios catalanes también dependen de lo que se decide en Madrid, como se ha puesto de manifiesto esta semana con el pacto entre los sindicatos españoles y el Estado por una subida del sueldo del 11% hasta el 2028. Desde UGT de Cataluña, el secretario general de función pública, José Luis Fernández, recalca la importancia de este acuerdo para poner fin a la llamada tasa de reposición -que limita las plazas que se pueden abrir cada año- y para caminar hacia la jornada de 35 horas. De la ley catalana de empleo público destaca el esfuerzo que hace de "transparencia", aunque ve margen de mejora en algunos aspectos, como la representación de los sindicatos de clase en el Consejo Catalán de la Función Pública o la creación de un órgano de solución extrajudicial de conflictos, ahora inexistente.

En cambio, el encadenamiento del funcionariado catalán en el marco estatal es la principal queja de la Intersindical con la ley de empleo público del Gobierno, en la que echan de menos menciones a las condiciones laborales. Por su parte, su secretario de negociación colectiva, Marc Alegre, recela del deseo del departamento de Presidencia de ir a fichar altos cargos en el sector privado, a través de la nueva ley del directivo público en trámite. "Se hace difícil creer que, entre 300.000 trabajadores, haya que ir a buscar fuera", apunta. En la misma línea, Fages avisa: "Si se quiere ir hacia un contrato de alta dirección, estaremos en contra".

Los sindicatos están de acuerdo con la idea de despolitizar a la dirección pública de la administración catalana. Sin embargo, alertan de que esto ya habría podido hacerse con nombramientos no basados ​​en el carnet, y estarán dispuestos a la tramitación parlamentaria. Fuentes de Presidencia aclaran que, entre los cambios que quiere introducir la ley, no figura prescindir del requisito de que los subdirectores generales sean funcionarios —sólo se les equiparará a los directivos, pero sin eliminar esa condición esencial en este estamento, de libre designación.

En todo caso, y si bien el gobierno Isla ha hecho gala de querer "poner las pilas" a la administración, varias fuentes sindicales aseguran que no ha habido cambios significativos en la relación con el equipo de Función Pública -que es lo mismo que dejó el ejecutivo anterior-. La única polémica que protagonizó la secretaria del ramo, Alícia Corral, fue con la eliminación del teletrabajo para los altos cargos de la Generalitat, siguiendo órdenes del consejero de la Presidencia, Albert Dalmau. Una medida que, sin embargo, se ha quedado ahí. No hay sobre la mesa ninguna iniciativa para extender esta limitación más abajo en la estructura administrativa.