Aplazada 'sine die' la reforma de la ley de política lingüística

BarcelonaCasi un mes y medio después de que se anunciara el acuerdo unitario por el catalán en la escuela, en respuesta a la sentencia del 25% en castellano, todo está por hacer. La reforma de la ley de política lingüística pactada por ERC, el PSC, los comuns y también Junts, que horas después pidió revisar el acuerdo ante las críticas de las entidades prolengua, ha quedado pospuesta sine die. Ya son tres los aplazamientos de la votación del cambio normativo en el pleno del Parlament a la espera de un mayor consenso. El último, este martes: después de que el 20 de abril los partidos decidieran darse quince días más para negociar, la junta de portavoces ha decidido no incluir tampoco la reforma en el pleno de la semana que viene. Y esta vez, según fuentes parlamentarias, sin fijar un nuevo plazo para la votación.

Son varios los factores que explican esta situación. A las dificultades para llegar a un nuevo acuerdo que satisfaga todas las partes se ha sumado recientemente el espionaje masivo al independentismo, lo cual ha tensado las relaciones con el PSC y desincentiva a Junts y también a ERC a aparecer en la fotografía de un nuevo pacto con los socialistas. Los de Carles Puigdemont, además, se encuentran a las puertas de un congreso (4 de junio) que tiene que renovar la dirección y el rumbo del partido, y una de las aspirantes a los cargos de máxima responsabilidad, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha asistido a actos donde se rechazaba la reforma de la ley de política lingüística, que introduce el castellano como lengua de aprendizaje en las aulas.

Después de que En Comú Podem se quedara este martes solo en la junta de portavoces defendiendo la necesidad de llevar el cambio normativo al próximo pleno –la propuesta no se ha llegado ni siquiera a votar–, la jefa de filas del grupo, Jéssica Albiach, ha considerado que "no hay ninguna justificación pedagógica que explique el aplazamiento, más allá de los líos internos de JxCat de cara a los suyos". "¿Hasta cuánto piensan dejar desprotegidos a los profesores, los maestros, los centros educativos y los equipos directivos?", se ha preguntado. El portavoz de este partido, Josep Rius, se había limitado a reiterar poco antes en una entrevista a La 2 y Ràdio 4 que "si no hay consenso con las entidades, JxCat no tendrá una posición favorable".

A todo ello se suma la circunstancia de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) no ha dado todavía respuesta a las peticiones de ejecución forzosa de la sentencia que obliga al 25% de castellano en las aulas, lo cual da un cierto margen a los partidos. Tampoco se ha pronunciado sobre el escrito que el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, envió al tribunal a finales de marzo para informarle de cómo tiene previsto implementar la sentencia. Un escrito en el cual se incluía el acuerdo a cuatro bandas por el catalán en la escuela, que establece que serán los centros quienes decidirán el volumen de enseñanza en cada lengua en función de la realidad sociolingüística de cada caso.