Política 27/03/2022

Reformar la LEC: la otra vía del Govern para responder a la sentencia del 25%

Un informe del ejecutivo defiende intentar el máximo "consenso", también con las entidades que piden más presencia de castellano

3 min
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BarcelonaTeniendo en cuenta que la desobediencia no ha sido nunca una opción para el Govern, encontrar una respuesta en la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que lo obliga a impartir el 25% de las clases en castellano no ha sido una tarea fácil. De hecho, ahora mismo está en el aire el escrito que el propio conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, ha presentado ante el tribunal para convencerlo de que la Generalitat ya le está haciendo caso aunque no establezca un porcentaje para el castellano como lengua vehicular. Hace semanas que se estudian varias vías y la reforma de la Ley de Política Lingüística que se ha acabado presentando no era la única opción. Un informe del Govern elaborado por el Instituto de Estudios del Autogobierno, presidido por Joan Ridao, y al que ha tenido acceso el ARA, aconseja reformar la Ley de Educación de Catalunya (LEC) para responder a las resoluciones judiciales y defiende que no hay que establecer porcentajes, sino que la sentencia también se puede considerar ejecutada si se sitúa el castellano como lengua de aprendizaje sin más concreciones y a criterio de los proyectos lingüísticos de los centros. En su opinión, es más idóneo reformar la Ley de Educación porque es "más específica" que la Ley de Política Lingüística, que regula otros ámbitos, y aconseja hacerlo a través de un proyecto de ley (por iniciativa del Govern) porque es el ejecutivo quien tiene que comunicar las acciones que está llevando a cabo en el tribunal para cumplir con la sentencia.

Vamos por partes. El informe, que data del 17 de marzo, deja claro que la ejecución de la sentencia requiere la elaboración de una reforma legislativa, puesto que tiene que tener un "alcance general" para todo el sistema educativo, y argumenta que así se configura un "marco normativo estable y claro" que dota a la administración educativa de "seguridad jurídica". "La aprobación de una modificación de la Ley de Educación que contara con el máximo consenso posible sería un elemento valioso que tendría que contribuir a disminuir la conflictividad que ha existido en la utilización de las lenguas en la enseñanza", afirma el documento, además de aconsejar "buscar cuanto más consenso social mejor" tanto en el ámbito educativo como en las entidades de defensa del catalán, y también, "si es posible", con las "entidades que defienden una mayor presencia del castellano en la enseñanza".

En este sentido, el informe se muestra convencido de que, a pesar de que la Generalitat no estableciera la cuota del 25% de clases en castellano, el TSJC se podría dar por satisfecho con una modificación legislativa y que tendría más posibilidades de éxito cuanto "más alto fuera el consenso" y "menos controvertida" su aplicación. "El Parlament puede aprobar una regulación de las lenguas en la enseñanza que pueda optar por una solución diferenciada [a la del 25%] establecida por el tribunal", dice, y "es posible optar por soluciones diferenciadas que respondan legítimamente al mismo objetivo", acaba. Y continúa afirmando que se podría hacer "una eventual modificación de la Ley de Educación de Catalunya que afectara al régimen de utilización de las lenguas en la enseñanza que no se limitara a incorporar de manera literal lo que haya decidido el tribunal del contencioso, sino que incorporara una regulación sobre el uso de las lenguas en la enseñanza con otra formulación, si procede, que diera completa satisfacción a las pretensiones que se habían deducido ante aquel tribunal".

¿Qué han hecho los partidos?

En definitiva, el informe aconseja reformar la Ley de Educación, hacerlo a través de un proyecto de ley propuesto por el Govern y con el máximo consenso posible –también de las entidades en defensa del castellano–. En cambio, la propuesta que prosperó y que presentaron el jueves Esquerra, Junts, el PSC y los comunes no reforma la Ley de Educación (hay un pacto tácito entre las fuerzas que la aprobaron de no tocarla), sino que proponía un cambio de la norma de Política Lingüística y lo hacía a través de los grupos parlamentarios y no del Govern.

Ahora bien, lo que sí que adoptan las formaciones políticas es la literalidad de la reforma que propone el Instituto de Estudios del Autogobierno para intentar encajar la sentencia del 25%. En el anexo del informe hay una propuesta para modificar la LEC que los partidos se hacen suya e incorporan en la Ley de Política Lingüística: "El catalán, como lengua propia de Catalunya, es la lengua normalmente empleada como lengua vehicular y de aprendizaje del sistema educativo. La lengua castellana también se emplea en los términos que fijen los proyectos lingüísticos de cada centro". Un fragmento que justo después de presentarse el jueves ya generó polémica: hubo un alud de críticas de entidades prolengua y en las redes sociales, y Junts se acabó descolgando.

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