Lejos de los tribunales que emiten sentencias que imponen un 25% de castellano en la escuela y de los despachos de políticos que hacen y deshacen acuerdos sobre la lengua, escuelas e institutos intentan seguir con el día a día y protegerse del temporal judicial y político que tienen encima, y que amenaza con hacerse cada vez más grande. Los directores de los centros educativos, resignados ante la trifulca política constante sobre el modelo lingüístico en la escuela, avisan que reclamar un porcentaje concreto es "antipedagógico", defienden la inmersión como la mejor metodología y, en general, avalan el pacto a cuatro bandas anunciado el jueves. Y, en un aviso para navegantes, piden a las administraciones que no dejen solos a los maestros y profesores, y que piensen más en los alumnos.
"Se propone modificar una ley que pretende trampear una sentencia injusta", resume, raído y corto, Pau Canut, director de la Escola Miquel Utrillo de Sitges, que lamenta que el acuerdo para rehacer la ley –que mantiene el catalán como lengua vehicular e incluye que el castellano tiene que ser "empleado en los términos que fijen los proyectos lingüísticos de cada centro"– "no sea para mejorar la educación ni se haya hecho pensando en los niños". Canut cree que el Govern ha buscado una "brecha legal" para dejar claro que aprender las lenguas de acuerdo con un porcentaje "es retrógrado" y quiere evidenciarlo con la aplicación de los nuevos currículums, que empujan hacia un aprendizaje más globalizado dejando atrás las materias. "Para nosotros sería muy complicado aplicar el 25%. ¿Cómo impartimos una materia más en castellano si trabajamos por proyectos?", se plantea Canut. Pone ejemplos concretos de la ridiculez de contar los minutos de aprendizaje de una lengua u otra: "Investigando, los niños miran vídeos en catalán, en castellano y en inglés, leen artículos del ARA y de El País indistintamente y, si se tienen en cuenta las horas del patio, que en primaria son lectivas, ya cumpliríamos el 25% de castellano porque es lo que los niños hablan en el patio".
En el Institut Montgròs de Sant Pere de Ribes se han llegado a plantear qué harán si el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) no tiene suficiente con los argumentos del departamento de Educación y obliga definitivamente a todos los centros a hacer un cuarto del horario en castellano. "No podemos hacer una asignatura más en castellano porque trabajamos con todas las materias interrelacionadas, así que haríamos un proyecto entero en esta lengua. Aplicar este 25% es mucho peor que lo que intenta hacer el análisis del Govern, que dice que los alumnos tienen que hacer castellano, pero que la lengua vehicular es el catalán", explica la directora, Susanna Soler. Admite que de entrada se "asustó y preocupó" por los titulares y las reacciones que desprendió el acuerdo anunciado en el Parlament, pero dice que con los días lo ha acabado viendo como una "apuesta estratégica" de los partidos. "Creo que puede ir bien, que el departamento está buscando cobertura jurídica porque estaba en falso", opina, y recuerda que desde hace años los currículums catalanes se han llevado reiteradamente a la justicia: "Y esto el Govern no se lo puede permitir, porque tiene que estar siempre defendiéndose y no puede avanzar".
Piden protección a la 'conselleria'
Soler, sin embargo, duda de que la modificación de la ley dé más protección a los directores. "Al contrario, nos da más trabajo", dice, porque, en virtud de la autonomía de centros, cada escuela tendrá que decidir cómo organiza el aprendizaje de las lenguas en función de su contexto sociolingüístico. En el Montgròs ya han empezado a hacer un estudio, a partir de los resultados de las pruebas de competencias básicas y de los exámenes de la selectividad, y ya tienen una primera conclusión: "Tenemos que proteger mucho el catalán y hacer acciones en pro de nuestra lengua". Es por eso que pide a la conselleria que no los deje "desamparados": "El Govern nos tiene que dar un marco de actuación y una protección, nos tiene que dejar hacer y después evaluar".
Es lo mismo que pide Oriol Blancher, director de la Escola Ipsi de Barcelona y presidente de la Agrupación Escolar Catalana: "El Govern se equivocaría si permite que los proyectos lingüísticos sean muy abiertos, porque querría decir que todas las materias se podrían hacer en castellano. Se tiene que determinar cuáles son los límites de forma que las escuelas queden protegidas", apunta. En esta línea, Blancher no ve nada mal el acuerdo anunciado el jueves: "La ley, en la práctica, no hace demasiados cambios porque pone por escrito lo que ya se estaba haciendo y da respuesta para evitar aplicar el 25%, que es una barbaridad desde el punto de vista lingüístico y pedagógico". "Debemos confiar en los docentes y en los proyectos educativos que harán", afirma.
Los directores admiten que la inmersión, a pesar de que es "la mejor pedagogía para garantizar la igualdad de oportunidades", con los años se ha dejado de aplicar escrupulosamente. El conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, fue el primero en admitir, en una entrevista al ARA, que "no todos los profesores hacen las clases en catalán". Hay muchos factores que lo explican: preferencias lingüísticas de los docentes, facilidad para entenderse en una aula donde hay orígenes muy diversos, relajamiento de la administración para hacer cumplir la inmersión y, fundamentalmente, que la escuela es permeable a lo que pasa en su entorno: si más allá de las paredes del centro baja el uso social del catalán, como está pasando, es casi inevitable que también pase dentro. Por eso, los directores reclaman acciones globales. "Independientemente de las sentencias del 25%, el catalán está jodido y la escuela sola no lo puede arreglar", avisa Canut.
La Associació de Mestres Rosa Sensat también ha afirmado estos días que "la escuela no lo puede todo", pero ha reclamado que el catalán sea la lengua vehicular "en todos los contextos educativos". "Acuerdo de desobediencia amplio de la comunidad educativa y blindaje legal necesario para no aplicar el 25%", han tuiteado. Desde la Federación de Movimientos de Renovación Pedagógica han defendido la autonomía de centros que permite "flexibilizar" la acción educativa y han pedido a centros educativos y docentes que "sigan construyendo el modelo de escuela catalana". Por suerte o por desgracia, a pesar de que la injerencia de los tribunales en la escuela es enorme, también lo es la distancia práctica que hay entre los dos mundos. Así, del mismo modo que se ha ido perdiendo el catalán como lengua vehicular y nadie estaba allí para controlarlo, tampoco nadie podrá impedir lo que acabe pasando en cada aula del país si se acaba ejecutando el 25% de castellano.
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