Sánchez endurece la ley para frenar a los chiringuitos universitarios
El presidente español anuncia un real decreto para acabar con los centros que son "una máquina expendedora de títulos"

BarcelonaEl gobierno español ha iniciado un embate contra los chiringuitos universitarios, instituciones que, a juicio de la Moncloa, no cumplen suficientes requisitos para poder dar titulaciones superiores a sus alumnos. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha avanzado este lunes que el ejecutivo central aprobará este martes en el consejo de ministros tramitar de urgencia un real decreto para "endurecer" los criterios de creación de nuevas universidades.
El objetivo de la medida, según el propio Sánchez, es acabar con "esos chiringuitos educativos que no cumplen el nivel que debe exigirse" a la educación superior. "Una universidad no puede ser una máquina expendedora de títulos, perseguiremos las prácticas que atenten contra el prestigio de nuestras universidades, tanto públicas como privadas, para que cumplan nuestros estándares de calidad y aseguren la excelencia de los profesionales que nos cuidan y defienden", ha advertido el presidente español. Sánchez ha hecho estas declaraciones desde el acto En defensa de una universidad de calidad, clave para el ascensor social, celebrado en la sede de Escuelas Pías de la UNED en Madrid.
A partir de este martes, pues, cuando está previsto que se apruebe el real decreto, será más difícil abrir una nueva universidad. Ahora hace falta un informe favorable de la Conferencia General de Política Universitaria, y con las nuevas medidas será necesario otro, elaborado por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación (ANECA) o las instituciones autonómicas equivalentes. Este informe será vinculante e independiente. "Garantiza un control riguroso", ha afirmado Sánchez. Los requisitos no terminan aquí: se exigirá una masa crítica mínima de 4.500 estudiantes durante los cinco primeros años de ejercicio. Si no, la universidad no podrá seguir abriendo sus puertas. También se pedirán más garantías de "solidez económica": "Pediremos que se asuma el compromiso de disponer al menos de un 10% de plazas de alojamiento universitario para facilitar el acceso a la vivienda y se exigirá experiencia en la gestión universitaria a sus promotores", ha puntualizado Sánchez.
En materia de investigación, el gobierno español propone que las universidades online se consideren de ámbito nacional "porque su radio de actuación está en la práctica todo el país". De este modo, sólo podrán ser autorizadas con la aprobación de las Cortes Generales "para reforzar la supervisión y garantizar su calidad académica en beneficio de los estudiantes de todo el territorio". "La universidad no puede ser una fábrica de títulos sin garantías", ha concluido Sánchez.
Madrid y Andalucía
Es en ese momento que el presidente español ha señalado algunos territorios en concreto. Uno de ellos es la Comunidad de Madrid, gobernada por la popular Isabel Díaz Ayuso, a la que Sánchez ha reprochado el haber "recortado casi un 30% de la financiación a las universidades públicas". También ha lanzado un dardo en Andalucía, también gobernada por el PP: "El presupuesto universitario lleva seis años completamente congelado", espetó Sánchez. Sobre todo, el presidente español criticó que la desinversión en la educación pública haya incentivado la creación de estos centros privados con menos requisitos de excelencia.
La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, también ha respaldado esta tesis y ha cargado contra las comunidades que "asfixian" a las universidades públicas. Y estas declaraciones ya han obtenido respuesta de Díaz Ayuso en forma de publicación en las redes sociales: "Las declaraciones de la ministra amenazando y denigrando a las universidades privadas son inaceptables y bordean la ilegalidad", ha afirmado la presidenta madrileña.
La diferencia de Cataluña
Aunque el anuncio de Sánchez puede tener un impacto destacado en el sistema universitario estatal, difícilmente Catalunya notará de forma directa los efectos de este nuevo decreto, ya que el catalán es uno de los sistemas universitarios más estables del Estado. De hecho, hace más de quince años que no se crea ninguna nueva universidad. Sin embargo, la nueva norma sí podría beneficiar a las universidades catalanas en el sentido de que, si se endurecen los criterios para abrir universidades privadas en todo el Estado, será más difícil que haya una fuga de estudiantes hacia instituciones privadas de otros lugares de España o que impartan formación online.