Rendir cuentas: una obligación en las democracias más avanzadas
BarcelonaLa Generalitat de Catalunya, a pesar de prestar servicios públicos de calidad, no ha conseguido durante los últimos años una amplia legitimidad social. Esta falta de sintonía del gobierno y la administración pública con la ciudadanía no es tan acusada en los países más desarrollados institucionalmente. La gran diferencia entre la Generalitat y las administraciones de los países más avanzados no consiste en la calidad de sus servicios, sino en la carencia de mecanismos de refinamiento institucional autóctonos. El concepto de buen gobierno va más allá de la capacidad de gestión de los gobiernos y administraciones, y agrupa elementos ineludibles como la transparencia, el rendimiento de cuentas, la evaluación de políticas públicas y la clara separación entre las instancias políticas y la dimensión tecnocrática. La Generalitat de Catalunya, a pesar de que ha llevado a cabo importantes adelantos en el denominado gobierno abierto, es claramente deficitaria en cuanto a estos imprescindibles ingredientes de calidad institucional. Uno de ellos es el rendimiento de cuentas de las acciones de gobierno hacia la ciudadanía. Este ejercicio de seguimiento de la acción de gobierno que presenta hoy el diario ARA es una iniciativa sana y magnífica para informar a la opinión pública sobre los adelantos en los compromisos del gobierno de la Generalitat durante la actual legislatura. Aun así, no deja de ser una anomalía que este ejercicio de rendir cuentas no lo haga por iniciativa propia la Generalitat de Catalunya.
La mayoría de los países con más calidad institucional tienen articulados instrumentos de rendir cuentas. Su alcance y desarrollo se han ido expandiendo en la medida que, en las últimas décadas, ha aumentado la transparencia de la acción de gobierno y se han creado herramientas que permiten hacer un control más eficaz. Algunos países cuentan con una unidad de cumplimiento o delivery unit encargada específicamente de estas tareas: Estados Unidos, Francia, Corea del Sur, Canadá, Italia, Japón, Portugal, Uruguay, Argentina, Israel y, muy recientemente, España. Veamos algunos ejemplos significativos:
En Estados Unidos, el seguimiento de los programas del gobierno federal se concretó por primera vez con la aprobación de la Government Performance and Results Act de 1993, bajo la administración Clinton. La administración Obama impulsó una interesante página web llamada Expect More, donde se mostraba de manera muy accesible qué programas estaban funcionando y cuáles no. Esta iniciativa se paró después de la llegada al poder del presidente Trump. Reino Unido contó con una Prime Minister Delivery Unit creada por Tony Blair en 2001 para hacer seguimiento del progreso en el cumplimiento de las prioridades de la campaña del segundo mandato del gobierno. Aun así, la unidad fue suprimida por el gobierno de coalición Cameron-Clegg en 2010. En Italia, la función de rendir cuentas corresponde a la Oficina para el Programa de Gobierno, creada 2012 e integrada en la Presidencia del Consejo de Ministros, que actúa como unidad de cumplimiento. A través de su página web, pone a disposición pública los principales resultados relacionados con el seguimiento y verificación del estado de ejecución del programa de gobierno y las políticas sectoriales. En 2016 el gobierno canadiense creó una nueva unidad denominada Results and Delivery Unit, el objetivo de la cual era hacer un seguimiento abierto a la ciudadanía de las denominadas ministerial mandate letters. En Francia, el ejecutivo de Emmanuel Macron creó en 2019 una estructura inspirada en las delivery units, dependiente del equipo del presidente de la República y del primer ministro, para hacer un seguimiento de la ejecución de los planes de gobierno. Finalmente, en España la administración general del Estado creó en 2020 la Unidad de Rendición de Cuentas adscrita a la secretaría general de la Presidencia del gobierno. Cada seis meses publica un informe (Cumpliendo) sobre el grado de implementación de los compromisos adquiridos por el Gobierno español (actualmente unos 1.200) clasificados a escala sectorial y territorial.
La Generalitat de Catalunya tendría que impulsar, por lo tanto, su propia estrategia de rendir cuentas, puesto que es una exigencia propia de las democracias más avanzadas.
