Sánchez se aferra a la legislatura imprevisible

MadridSi un detalle puede explicar el primer año de la decimoquinta legislatura española es el resultado de la votación de la reforma fiscal este jueves en comparación con la de la investidura de Pedro Sánchez el 16 de noviembre de 2023. 179 seis y 171 nos entonces, 178 seis y 171 nos ahora. La diferencia de un voto es que esta vez no participó el exministro de Transportes José Luis Ábalos, protagonista de la causa judicial que hoy amenaza al gobierno español. Más allá de los mensajes de cara al exterior –Sánchez transmitió "mucha tranquilidad" el jueves tras la declaración explosiva del empresario Víctor de Aldama–, la principal preocupación de la Moncloa está en los tribunales, una vez constatado que en el Congreso tiene una mayoría que, a trompicones, le permite seguir adelante. El presidente español insiste en que llegará en el 2027.

"Esto era más difícil que los presupuestos. Es la confirmación de que los socios no quieren dejar caer este gobierno", se congratulaba el jueves un ministro en los pasillos de la cámara baja. Afirmaba que la reforma fiscal era un reto más complicado porque era necesario reunir el apoyo de unos aliados con orientaciones ideológicas distintas, mientras que las cuentas, al fin y al cabo, "es una carta a los Reyes". De hecho, Sánchez quiso realizar declaraciones en el patio del Congreso, algo que no es habitual y que solo suele hacer cuando recibe algún apoyo del hemiciclo en algún asunto relevante para la legislatura. En el pasado, por ejemplo, lo ha hecho cuando ha logrado aprobar los presupuestos. Es cierto también que aprovechó para celebrar otro hito importante, el acuerdo para nombrar a Teresa Ribera como comisaria europea, y para salir al paso de las gravísimas acusaciones que había dejado caer Aldama en la Audiencia Nacional.

Este fin de semana Sánchez será reelegido líder del PSOE en un congreso en Sevilla que se preveía tranquilo. El presunto comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama, que en su declaración dejó claro que no es ni militante ni simpatizante del partido, ha sacudido el clima del cónclave unos días antes: ¿seguirá Santos Cerdán como número tres del PSOE? El presidente español quiere poner en marcha la maquinaria para la batalla electoral del 2027, tanto en el Estado como en las comunidades autónomas, después de que el 28-M del 2023 el PP le arrebatara buena parte del poder territorial. En la conferencia de presidentes de diciembre en Santander se visualizará la minoría socialista, aunque Alberto Núñez Feijóo no logra hacer daño a Sánchez desde ese frente. Por un lado, Isabel Díaz Ayuso hace su propio camino, y, por otro, la DANA en el País Valenciano ha dejado tocado de muerte a Carlos Mazón, presidente de una comunidad clave, que se afana por resistir a la desesperada.

La catástrofe de hace casi un mes en la Comunidad Valenciana es una nueva demostración de que, por mucho que se mire a medio y largo plazo, la legislatura es imprevisible. Por ahora, liderar la reconstrucción con una fuerte inyección de millones de euros para las zonas y personas afectadas es una de las cartas altas de las que dispone Sánchez. Va en la línea del discurso que quisiera instalar en la conversación pública: que la economía funciona –los datos macroeconómicos le avalan–, que existe un fuerte gasto en servicios públicos y que las leyes que impulsa ven la luz. Fuentes socialistas reivindican que ya son una veintena de iniciativas aprobadas en el último año, pero lamentan que comunicativamente no logran llegar a la ciudadanía. Frente, lamentan en el PSOE, hay un conglomerado político, mediático y judicial de la derecha que pone el foco en otras cuestiones para intentar derribar a Sánchez. En la calle, tal y como se ha podido comprobar este sábado en Barcelona, ​​la ciudadanía recuerda que la microeconomía no va "como un cohete", parafraseando a Sánchez, porque la vivienda no está garantizada.

El post-Proceso

Algunas de estas leyes que el gobierno español ha logrado aprobar son la de paridad, la reforma judicial que permitió renovar el Consejo General del Poder Judicial y, especialmente, la amnistía. Pese a ser una carpeta cerrada –su aplicación ya depende solo de los tribunales y, actualmente, de un Tribunal Constitucional con mayoría afín al PSOE–, la agenda catalana sigue viva en Madrid por la dependencia que Sánchez tiene de las fuerzas independentistas. Sobre todo de Junts, la principal incorporación en la frágil mayoría parlamentaria. Este regreso al pactismo está provocando estragos en la relación con Esquerra –esta semana ha estallado con la reforma fiscal–, pero también cuesta asumir dentro del partido de Carles Puigdemont que, más allá de la gesticulación, siga sosteniendo a Sánchez. ¿A cambio de que se cumplan los acuerdos? Algunos sí, como la amnistía, pero otros como el catalán en Europa o la resolución de fondos del conflicto entre Catalunya y el Estado están en fase de hibernación.

La reunión del pasado viernes en la Moncloa entre el presidente español y el de la Generalitat, Salvador Illa, era una prueba más de la etapa post-Proceso. El dirigente catalán salió con acuerdos sectoriales del mismo nivel que los que Sánchez ha adoptado con otros presidentes autonómicos. una financiación singular para Catalunya pactada con ERC –presente también en el acuerdo entre PSOE y Junts, pese a que ahora los de Puigdemont se distancien–, que actúa como clave de vuelta de la legislatura al Parlamento Sánchez ve el camino más abierto para aguantar hasta el 2027, pese a los problemas judiciales de su esposa, Begoña Gómez, y el caso Ábalos mantiene que Aldama miente, aunque con la boca pequeña admite que algunas cosas pueden ser verdad –las referidas a Koldo y Ábalos–, mientras que el empresario avisa de que, con información de móviles y ordenadores aún por volcar, "habrá pruebas de todo".