Sánchez confía en que el Supremo tumbe el recurso de Vox contra los indultos antes de agosto
El gobierno español busca la foto de la mesa de diálogo antes de las vacaciones y abordar los presupuestos en septiembre
Pedro Sánchez tiene, como máximo, ocho semanas para despachar el asunto de los indultos. En este plazo se incluyen el decreto que aprobará el consejo de ministros, su propia comparecencia pública y la defensa de la decisión por parte de los ministros, así como, también, conseguir una resolución favorable de la sala tercera, la contencioso-administrativa, del Tribunal Supremo respecto a un eventual recurso que sea presentado -en caso de que sea admitido a trámite- para conseguir la anulación del decreto.
Un equipo de juristas trabajan desde hace tiempo en borradores con propuestas que se han solicitado desde la Moncloa para explicar en el decreto las razones de "utilidad pública" que justifican los indultos, en ausencia de los motivos de equidad y justicia, los tres criterios que se exigen en el artículo 11 de la ley de indultos de 1870. Una explicación acabada es ya un requisito para la medida de gracia, después de que la sala tercera admitiera un recurso a trámite de los familiares de la víctima del conductor kamikaze favorecido por un indulto del gobierno de Mariano Rajoy el 7 de diciembre de 2012, y dictara sentencia el 20 de noviembre del 2013, con la que anuló el decreto.
Decisión "intocable"
La sentencia citada reafirma "la intocable decisión de la concesión o denegación de un indulto" y define la intervención de la sala como un "control meramente externo que se tiene que limitar a la comprobación de si el acuerdo de indulto cuenta con un apoyo fáctico suficiente -el contenido del cual no podemos revisar- para, en un proceso de lógica jurídica, soportar las razones exigidas por el legislador". Como el real decreto recurrido lo único que señalaba es la fórmula "ver el expediente de indulto [...] en el que se han considerado los informes del tribunal sentenciador y del ministerio fiscal, a propuesta del ministro de Justicia y previa deliberación del consejo de ministros [...] vengo a conmutar [...]", el pleno de la sala tercera concluyó que la "única fundamentación del mismo [recurso] no lo podemos situar en el terreno de la lógica jurídica, excluyente de la arbitrariedad".
Fue, por lo tanto, la falta de motivación -algo que, por otro lado, era práctica habitual desde un cambio legal de 1988 que eliminó la exigencia de razonamiento- lo que condujo a la anulación del indulto de un conductor que había ido en dirección contraria en la A7 con las consecuencias de un muerto y un herido. En el caso del indulto a los dirigentes independentistas, el previsible recurso de Vox por haber sido parte en el procedimiento como acusación popular, en caso de que se admitiera a trámite, estaría perdido si hay una adecuada motivación del decreto gubernamental, técnicamente hablando.
El recurso en el caso del kamikaze se presentó el 21 de enero de 2013, y la sentencia del pleno fue dictada el 20 de noviembre de ese mismo año. El gobierno aspira ahora a que la sala tercera, siempre en caso de que reconozca a Vox su derecho a recurrir, resuelva con más celeridad y el asunto quede cerrado antes de las vacaciones de agosto. Es decir: que la sala tercera cumpla lo que se afirma en la sentencia del kamikaze -que no revise la decisión de indultar como tal porque es "intocable" y se limite a hacer la "comprobación"-, cosa que permitiría que el decreto sobre los indultos saliera indemne del trámite. En estas ocho semanas, Sánchez recibirá al president Pere Aragonès y tiene que convocar la mesa de diálogo, y se iría de vacaciones en agosto con la idea de retomar en septiembre el ciclo político con las negociaciones de los presupuestos de 2022.
