Sánchez convoca un consejo de ministros este viernes para aplicar el estado de alarma en Madrid

Ayuso pide al presidente "alternativas" después de que el TSJM haya tumbado el confinamiento perimetral

Mariona Ferrer / Ot Serra
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El president de Govern, Pedro Sánchez, ofereix un discurs durant la seva visita oficial, a Alger

MadridLa Moncloa ha perdido la paciencia y, después de más de dos semanas de idas y venidas, se ha decidido a aplicar la receta que siempre ha tenido sobre la mesa en la gestión de la pandemia en Madrid, aunque esto le suponga un coste político: aplicar el estado de alarma. El veto judicial al confinamiento perimetral, sumado a la falta de diálogo con el gobierno de Isabel Díaz Ayuso -que ayer se negó a reunirse con el ministerio de Sanidad-, llevaron al presidente del gobierno español a convocar un consejo de ministros de urgencia a primera hora de esta mañana para asumir el control de la segunda oleada en la capital española.

Solo lo puede impedir que la presidenta madrileña se avenga a dictar una orden con las mismas medidas que estaban vigentes hasta la resolución judicial en virtud de la ley de medidas especiales en materia de salud pública de 1986, o bien que acepte aplicar el estado de alarma de manera consensuada. Si no, Sánchez lo aplicará de manera unilateral. La Moncloa recordó ayer que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha tumbado la herramienta legal para aplicar los confinamientos por el coronavirus, no el fondo, de manera que solo hay que usar otra fórmula jurídica para volver a aplicar las restricciones.

El objetivo es que no haya una operación salida por el puente del Pilar. Tres días clave para evitar la expansión del coronavirus por el resto del Estado. A pesar de haber trabajado de lo lindo para evitar el confinamiento, Ayuso pidió ayer a los madrileños que evitaran salir de la ciudad. La presidenta de la Comunidad celebró la decisión del TJSM que consideraba que la orden del ministerio de Sanidad para confinar las ciudades de más de 100.000 habitantes con una alta incidencia vulneraba “derechos y libertades fundamentales”. En la práctica la orden fue un mecanismo que encontró Illa para no aplicar el estado de alarma y evitar el alto coste político de intervenir desde el gobierno español solo Madrid.

Tres opciones sobre la mesa

La tarde de ayer fue convulsa en el gobierno español. El ministerio de Sanidad intentó sin éxito convocar la mesa de diálogo con el gobierno madrileño impulsada no hace ni tres semanas por Sánchez y Ayuso. Ya al atardecer, de vuelta de Argelia, el presidente español llamó a la presidenta madrileña para intentar encontrar una solución. Le puso tres opciones sobre la mesa, según informó la Moncloa. Primero, que la Comunidad de Madrid hiciera como el resto de gobiernos autonómicos y dictara una orden al amparo de la ley de salud pública de 1986. Segundo, que solicitara la declaración del estado de alarma para que gobierno español y madrileño, de forma conjunta, declararan y ratificaran las medidas de la orden de Sanidad. Y tercero, que fuera directamente el gobierno español quien declarara el estado de alarma.

Ayuso, en una segunda llamada, dijo que necesitaba tiempo para pensárselo. Sánchez le puso un ultimátum: tenía tiempo hasta la mañana. Y acto seguido convocó un consejo de ministros extraordinario antes de ir a Barcelona, donde tiene previsto asistir a la entrega de unos premios económicos y de paso cerrar la polémica por el veto al viaje de Felipe VI en el acto de entrega de despachos a la nueva promoción de jueces.

El gobierno madrileño tiene previsto reunirse también de buena mañana para mirar alternativas al estado de alarma. Ahora bien, Ayuso mantiene que el confinamiento de las zonas básicas de salud -la mayoría en las áreas con menos poder adquisitivo y más densidad de población- “está funcionando y puede ser la mejor medida”. “Esperamos pactar una solución que beneficie a los ciudadanos y dé claridad”, mantenía ayer pasadas las once de la noche la presidenta madrileña en un mensaje que difundió a la prensa.

Confusión entre los ciudadanos

Sea como fuere, el enésimo choque entre el gobierno español y el madrileño, ahora propiciado por un veto judicial, sembró ayer la confusión entre los madrileños. Según algunos portales, creció la demanda para hacer reservas de última hora de cara al puente del Pilar aprovechando que ya no había restricciones de movilidad. En el último mes, se ha pasado de no tener ninguna restricción a un confinamiento por barrios que se amplió el pasado viernes a todo Madrid y nueve municipios más. La decisión judicial, sin embargo, no tumba el cierre de bares y restaurantes a las 23 h, así como la limitación de aforos al 50%.

Si se aplica el estado de alarma, el gobierno de Sánchez habrá accedido finalmente a cambiar las reglas del juego. A principios de marzo evitó como pudo el cierre de Madrid y extendió las restricciones a todo el Estado. Pero desde el fin del estado de alarma el presidente español había cedido la tutela de la segunda oleada a las comunidades.

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