La segunda oportunidad de la mesa de diálogo

La mesa de diálogo tendrá a partir de septiembre una segunda oportunidad. Habrán pasado 18 meses del primer encuentro, que no tuvo continuidad. Si vuelve a fracasar, difícilmente habrá un tercer intento. El president Aragonès lo sabe y martes dijo que se implicará personalmente. Estas serán las seis claves de la reanudación.

Amnistía

La primera bandera que plantará el Govern en la reanudación de la mesa será la de la amnistía para los más de 3.000 represaliados que, según sus cálculos, hay en las diferentes causas del Procés. Una propuesta que el PSOE rechaza de lleno y que Podemos, a pesar de no verla con malos ojos, la ve imposible con la aritmética actual en el Congreso. ¿Morirá el primer día la negociación? En absoluto. ERC necesita que la mesa tenga la continuidad que no tuvo en el primer arranque y el gobierno español no tiene incentivos para hacer enfadar a los republicanos en la primera porque los necesita para aprobar los presupuestos generales del Estado, sobre todo ahora que Cs se ha descartado. ¿Qué margen hay por recorrer? Escaso. Ahora la amnistía está varada en el Congreso a la espera de que la cámara diga si puede tramitar la propuesta que hizo llegar el independentismo a través del derecho de petición. La posición socialista es clave para que, como mínimo, la cuestión se pueda debatir en el pleno. Los precedentes no son buenos. El PSOE ya la vetó en marzo.

Autodeterminación

Es la segunda bandera que llevará el Govern y la segunda negativa que ofrecerá el PSOE. A pesar de todo, este punto tampoco morirá de entrada. En el pacto de diciembre de 2019 para hacer posible la mesa, los socialistas asumieron que había un “conflicto político” y que cada parte tendría “libertad de contenido en sus propuestas”. Por lo tanto, el tema será recurrente. En junio el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ya ofreció alguna pista de por dónde podían ir alguno de los enfoques de la propuesta catalana. El president dijo que un mecanismo para poder votar sería que el Estado transfiera a Catalunya las competencias para hacer referéndums -a partir del artículo 150.2 de la Constitución-, como ya se planteó para la consulta del 9-N, cuando el Congreso lo tumbó. Si el debate volviera a la cámara española tampoco tendría muchas posibilidades de prosperar, pero como mínimo el PP no podría poner el grito en el cielo. Fue bajo un gobierno popular que en 2013 el referéndum se discutió en Madrid. Y tres años más tarde los populares volvieron a desafiar a Puigdemont a llevar el 1-O al Congreso. No quiso.

Reforma de la sedición

El independentismo espera que una de las propuestas que lleve el gobierno español sea la reforma del delito de sedición del Código Penal, que es una idea original de los comuns. Este julio se cumplió un año desde que el partido de Ada Colau concretó su propuesta por escrito, una manera de presionar al PSOE para que la tirara adelante. Hasta ahora no ha sucedido. “No hay manera de avanzar”, reconocía hace poco el diputado lila en el Congreso, Joan Mena, en una entrevista con Europa Press. Pero el ministerio de Justicia ya hace tiempo que trabaja en la cuestión y la podría sacar del cajón en cualquier momento. Para el gobierno español, la virtud de esta reforma no es solo que pueda presentarla como un gesto al Govern, sino que la podría exhibir de cara al exterior, puesto que organismos como el Consejo de Europa le han exigido que lo haga. El independentismo, sin embargo, recela de este reforma aunque se puedan ver beneficiados los exiliados. El motivo que verbaliza es que aceptarlo sería como diluir la demanda de amnistía, que va mucho más allá. Pero hay una segunda cuestión que, a pesar de ser más disimulada, le preocupa. Cree que una reforma así -que ponga la situación del exilio en vías de solución- diluiría la causa independentista a nivel internacional, y más ahora que se tiene que abrir la vía del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en que tiene puestas muchas esperanzas de éxito.

Cohesión

El objetivo de la mesa no solo es obtener algún acuerdo, sino sobrevivir más en el tiempo respecto al primer intento de impulsarla, que fracasó. Para conseguirlo, se tendrá que aislar al máximo del ruido externo que tendrá: por ejemplo, la derecha española cargando un día tras otro, y los sectores más incendiarios del independentismo también cuestionándola. Pero, sobre todo, la responsabilidad de su funcionamiento pasa por la cohesión entre sus miembros, puesto que una parte nunca se lo ha terminado de creer. El caso más evidente es el de JxCat, que tiene voces que cuestionan que tenga que tener un margen de dos años para trabajar o que directamente la dan por amortizada. A pesar de todo, la mesa ahora tendría que tener un aliado: no hay previstas elecciones hasta mayo de 2023 y esto tiene que facilitar los trabajos. Siempre, claro, que nadie decida avanzar las urnas.

Integrantes

Hasta hace poco era una incógnita saber quién se sentaría a ambos lados de la mesa en la reunión del 13 de septiembre en Barcelona, pero Aragonès martes dio el primer paso para resolver el interrogante: “Iré personalmente y así lo trasladé al presidente del gobierno español” en la reunión de junio. Esto quiere decir que el Govern aspira que, como mínimo aquel día, el encuentro sea al más alto nivel con presencia de los dos presidentes. Por ahora, sin embargo, no existe la confirmación de que Pedro Sánchez también esté. Si Aragonès va, el vicepresident Jordi Puigneró no renunciará a ser la cara visible de JxCat en la cita. El resto de miembros, una incógnita, también en cuanto a la parte socialista. Los únicos que por ahora han hecho los deberes y han enseñado las cartas son Podemos, que quieren que esté la vicepresidente segunda y máxima representante lila en el ejecutivo español, Yolanda Díaz, y el ministro de Universidades, Manuel Castells, superviviente de la reforma reciente que Pedro Sánchez ha hecho de su gabinete. El pacto ERC-PSOE estableció en su día que tenían que ser el mismo número de personas a ambos lados.

Método

Este será uno de los puntos calientes de la reunión del día 13. Como se da por sentado que aquel día será imposible esbozar ningún acuerdo sobre el fondo del conflicto, la parte catalana aspira a fijar las bases sobre el método de trabajo que tenga que tener la mesa de diálogo en las reuniones posteriores. “En todo proceso de negociación de un conflicto político, los primeros encuentros son precisamente para hablar de las garantías que se atribuyen a este proceso de negociación”, explicaba hace poco en una entrevista con ARA la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira. Fuentes del Govern explican que, en efecto, quieren que en la primera cita se diseñe el método de trabajo de este instrumento de diálogo. Por ejemplo, ¿se reunirá la mesa cada mes alternativamente entre Madrid y Barcelona, como se pactó e incumplió la primera vez que se hizo? Y lo más importante: el compromiso inequívoco de que cualquier acuerdo que pueda salir de las reuniones las dos partes se comprometan a cumplirlo.