Semana clave para que el Supremo resuelva el futuro de Puigdemont

MadridLos jueces del Tribunal Supremo Pablo Llarena y Manuel Marchena hace cinco y seis años decidían con sus resoluciones el futuro de la política catalana y sus dirigentes. En marzo de 2018, el magistrado instructor de la causa del 1-O ordenaba el ingreso en prisión de Jordi Turull e impedía que se sometiera al segundo debate de investidura como candidato a la presidencia de la Generalitat. Poco antes había prohibido la candidatura de Jordi Sánchez. El perecedero acabaría con Quim Torra como jefe del ejecutivo catalán. Un año después, en plena celebración del juicio del 1-O, el tribunal que presidía Manuel Marchena vetaba que Oriol Junqueras saliera de la cárcel a recoger la credencial de eurodiputado, lo que más tarde provocaría un revés de la justicia europea y abriría las puertas del Parlamento Europeo a Carles Puigdemont. Ahora tanto Llarena como Marchena vuelven a ser determinantes en el futuro de la política catalana, y también de la estatal, con su trascendental decisión sobre aplicar o no la amnistía.

Las opciones que tiene el Supremo podrían resumirse en cuatro: la primera es, tal y como piden la Fiscalía General del Estado, la Abogacía del Estado y los propios interesados, aplicar la ley sin dudas. Se extinguirían las condenas, se archivarían las causas y se permitiría el retorno en libertad de los exiliados. Es lo que desean las formaciones soberanistas y el gobierno español de Pedro Sánchez, y todo apunta a que lo menos probable. La segunda es que el alto tribunal tenga claro que el delito de malversación no es amnistiable y decida que la norma no es de aplicación en este caso. Sería una forma de cerrar el paso de forma rápida y abrir el camino del Tribunal Constitucional: los afectados podrían presentar un recurso de amparo ante el órgano de garantías que, a pesar de tener una mayoría teóricamente progresista, podría tener un margen muy estrecho para corregir una resolución jurisdiccional del Supremo. Después, también podría recurrirse al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero el horizonte temporal ya se alejaría más.

La tercera y la cuarta opción tienen que ver con la presentación de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque se considera que existen dudas sobre si la ley de amnistía choca con el derecho europeo. Ésta es la fórmula que habían puesto sobre la mesa los cuatro fiscales del Supremo, que han quedado apartados después de que se hayan negado a acatar la orden del máximo responsable del ministerio público, Álvaro García Ortiz, de defender la aplicación de la norma , y también lo que ha planteado la acusación popular ejercida por Vox. A su entender, debería elevarse el caso al tribunal de Luxemburgo y aplazar cualquier parte de aplicación de la ley, incluido el levantamiento de las medidas cautelares que afectan a los exiliados –las órdenes de detención e ingreso en prisión contra Puigdemont , Toni Comín, Lluís Puig y Marta Rovira–. La cuarta posibilidad sería que, pese a dirigirse al TJUE, sí se alzaran enseguida las medidas cautelares, tal y como marca la ley de amnistía.

¿Repeticiones electorales?

La decisión del Supremo podría llegar esta semana, coincidiendo con el acto equivalente a un debate de investidura que el presidente del Parlament, Josep Rull, ha convocado para el miércoles. El ajustado calendario ha hecho que Puigdemont haya aplazado su regreso hasta que se celebre una sesión con un candidato, sea él o el primer secretario del PSC, Salvador Illa, a la espera de saber si podrá hacerlo en libertad o corre el riesgo de pasar por la cárcel. Pese a su compromiso, en el mundo político permanece la duda sobre si efectivamente el líder de Junts volverá a Catalunya. El expresidente catalán ha logrado personificar las consecuencias de la amnistía y, a partir de eso, podría jugar con los incentivos de una repetición electoral. ¿Qué capital tendría un candidato encarcelado? Y en libertad provisional en Cataluña con imputaciones de terrorismo y traición?

Sin embargo, es Esquerra Republicana quien tiene la carta de la investidura en su mano, con el problema añadido de que el partido está dividido y la decisión de investir Illa dependerá de una consulta en las bases. En la Moncloa son conscientes de que el desenlace no llegará hasta finales de agosto, cuando se agoten los dos meses antes de la repetición electoral, que ya ven como una posibilidad real. Por eso, fuentes gubernamentales apelan a las perspectivas negativas que un nuevo paso por las urnas podría tener para los republicanos, y también han empezado a abrirse a uno financiación singular para Cataluña que ha levantado críticas entre varones socialistas, aliados de la coalición como Compromís y también en el PP. Hasta ahora Sánchez ha sido categórico a la hora de descartar una repetición electoral en el Estado en función de lo que ocurra en Catalunya y su equipo trasladaba la semana pasada que sería posible intentar aprobar unos presupuestos españoles aunque Isla no sea investido.

Pese a salvar los muebles en las elecciones europeas, la debilidad de Sánchez es notoria y Alberto Núñez Feijóo espera su segunda oportunidad. En este contexto de incertidumbre, calcula si le conviene una renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o mantiene el bloqueo, como quieren José María Aznar e Isabel Díaz Ayuso, cuestionada por medios conservadores que, como el líder del PP , recelan de personajes como Javier Milei. Esta semana miembros del gobierno español no querían especular sobre las negociaciones por el CGPJ, ante la posibilidad de que ahora las conversaciones puedan llegar a buen puerto. ¿Habrá surtido efecto elamenaza de Sánchez de despolitizar la elección de los magistrados del Supremo?