Siete años sin pelotas de goma en los Mossos pero con deberes pendientes

BarcelonaEl impacto de una pelota de goma disparada por un Mosso d'Esquadra provocó que Ester Quintana perdiera un ojo en la huelga general de 2012. Ella se convirtió en el símbolo para acabar con estos proyectiles y su caso marcó un punto de inflexión también en la gestión del orden público en Catalunya. El debate entró en el Parlament en 2013 a través de la “Comisión de estudio de los modelos de seguridad y orden público y del uso de material antidisturbios en acontecimientos de masas”. Un título que podría servir ahora para abordar un debate prácticamente calcado surgido después de las protestas contra la sentencia del 1-O y de los disturbios recientes como respuesta al encarcelamiento del rapero Pablo Hasél.

El ARA ha hablado ocho años después con los diputados que formaron parte de aquella comisión y también con los consellers de Interior, directores de los Mossos y agentes. Todos coinciden en celebrar que se impulsara una reforma, pero remarcan que no se han completado las 48 conclusiones acordadas por la mayoría.

Después de aquella comisión, llegó el foam, pero también se definió un nuevo estilo de orden público. Se pedía que el cuerpo pasara de ser “reactivo” a “preventivo”, ponía la mediación como base, exigía una formación continuada y una mejora de las condiciones de los agentes. A la hora de la verdad, sin embargo, el cumplimiento de las demandas ha sido parcial. El conseller de Interior entre 2012 y 2015 fue Ramon Espadaler. Él admite que “muchas cosas han quedado en el tintero”. Desde renovar los cascos hasta mejorar los uniformes. De hecho, las equipaciones de las unidades ARRO no se perfeccionaron hasta 2019, cuando unos agentes resultaron heridos en las protestas postsentencia por no llevar protegidos los brazos igual que la Brimo. La última evidencia es de hace tres semanas, cuando en el asalto a la comisaría de Vic los uniformes antidisturbios que se utilizaron eran de los años 90.

Lo resume Jaume Bosch, representante de ICV en la comisión: “Más que un nuevo debate, lo que se tiene que hacer es cumplir todas las conclusiones de 2013”, empezando por el informe que tenía que presentar el Govern en el Parlament en un plazo de cuatro meses sobre los protocolos de formación de los agentes, que Ferran Pedret -diputado del PSC en aquella comisión- dice que no ha visto “nunca”, y acabando por dotar a los antidisturbios de más tecnología, un hecho que Matías Alonso, de Cs, afirma que “está por hacer”. Interior admite que quedan tareas pendientes, a pesar de reforzar las unidades con más cámaras. La sensación de algunos miembros de la comisión es que la prohibición de las pelotas de goma llevó a pensar que “ya se había hecho el trabajo”, en palabras de Pere Calbó, exdiputado del PP. Un ejemplo es la ley del espacio público, que no se llevó a cabo. “¿Qué han hecho estos siete años los consellers?”, se pregunta Celestino Corbacho, presidente de la comisión. Los consellers se escudan en las limitaciones presupuestarias.

Espadaler recuerda que priorizó la compra de chalecos antibalas por el riesgo yihadista, se puso a punto el cañón de agua y se creó el número de operativo policial (NOP). El siguiente conseller de Interior fue Jordi Jané (2015-207), que explica que se centró en revertir la falta de promociones de Mossos -no había ninguna desde 2012- y de materiales. “Se hicieron inversiones importantes, que nunca son suficiente”, admite.

Le sucedió Joaquim Forn durante pocos meses, hasta que fue cesado por el 155. Él también reconoce que la situación presupuestaria es “muy complicada”. El siguiente titular de Interior, Miquel Buch, insiste y recuerda que el Estado no permite ampliar plantillas. “Hicimos dos promociones con 1.500 nuevos Mossos utilizando la tasa de reposición”, es decir, cogiendo plazas de otros departamentos. Buch añade que hay “pocos” agentes antidisturbios, 500 en la Brimo y 1.000 en la ARRO -sin que el orden público sea su especialidad.

Desde los sindicatos de los Mossos echan de menos herramientas “para mantener la distancia cuando se lanza de todo”. El portavoz de Fepol, Toni Castejón, remarca que esta ya fue la conclusión de 2019 a pesar de que la policía “no se ha dotado de nada más”. El portavoz de Uspac, Albert Palacio, añade que el orden público “tiene que tener unas herramientas que no sean el cuerpo a cuerpo”. La cúpula de los Mossos, que ha visto que faltan recursos, como por ejemplo porras, escudos y cascos, se ha querido alejar del debate, pero ha insistido que “se adaptarán” a la decisión que tome el Parlament.

La CUP, el PSC e ICV ya exigieron en 2013 que se suprimiera el foam, tal como se volvió a plantear sin éxito en el Parlament en octubre de 2019. Ahora se ha vuelto a cuestionar porque todo indica que, en la primera noche de protestas por Hasél, se reventó el ojo de una manifestante con foam. Jaume Bosch describe que en 2013 los que estaban en contra del foam tenían un problema: no podían presentar una “alternativa”. De hecho, las pelotas de goma -apunta Espadaler- eran más “efectivas” para disolver manifestaciones. El ex conseller no pide que vuelvan, pero sí que recalca que el foam no es la solución. De hecho, no tiene la misma función, puesto que no sirve para dispersar sino para dirigirlo directamente a una persona sin apuntar en ninguna zona vital, como recordaron Amnistía Internacional e Irídia, después de que las dos primeras noches de disturbios en apoyo a Hasél se dispararan 420 proyectiles.

El actual director general de los Mossos, Pere Ferrer, explica que, aparte del foam, el cañón de agua y el gas pimienta, la policía también tiene porra , las salvas -que hacen ruido para dispersar- y los mensajes de sonido, y se plantean otras herramientas, como las redes de contención: “El criterio para utilizarlas lo fija el mando policial”. Sobre el gas lacrimógeno, el director general de los Mossos entre 2012 y 2014, Manel Prat, dice que genera “muchas controversias, porque la gente se ahoga y queda aturdida”. En cuanto al gas pimienta, cuando Interior dijo en 2019 que se planteaba usarlo, el anuncio causó muchas discrepancias políticas, incluso dentro de JxCat, el partido que gestiona el departamento. Sobre el cañón de agua, Prat dice que tiene poca “autonomía” de agua y de movilidad. De su uso en 2019 en Urquinaona, Buch matiza que fue “para superar las barricadas”.

Sin embargo, si en algo coinciden todos los exconsellers y exdirectores es en el éxito de la apuesta por la mediación. Prat, que fue quien montó la unidad de mediación, dice que “rápidamente se ganó un prestigio”. A pesar de los recelos, el exconseller Jané explica que una de sus primeras experiencias la vivió en un corte de vías del tren, cuando el entonces comisario en jefe Josep Lluís Trapero le defendió la mediación “para conseguir una salida acordada”. “Fue un ensayo-error constante. Mediabas y la Brimo no cumplía”, explica David Fernàndez, exdiputado de la CUP en la comisión de 2013. Según él, ha dejado de funcionar desde 2017, y esto ha vuelto a poner en primero plano reivindicaciones como disolver la Brimo -sin renunciar a tener antidisturbios - porque cree que está “sobredimensionada”.

Para Gemma Calvet, exdiputada de ERC en la comisión, que la Audiencia Nacional incluyera la mediación como uno de los argumentos para absolver la cúpula de los Mossos “asienta” las conclusiones de 2013. Lluís Guinó, representante de CiU en la comisión, coincide que el futuro pasa por la mediación.

En la etapa de Buch, el que había sido el director del área de mediación, el intendente Xavi Pastor, pasó a jefe de la Brimo -donde continúa-. Pero Buch avisa que la realidad de los manifestantes “ha cambiado” porque “buscan el cuerpo a cuerpo”. El conseller de Interior, Miquel Sàmper, ha alertado esta semana que en las protestas de Hasél “ha sido imposible mediar” por la falta de interlocutores y ha calificado el ataque a la comisaría de Vic como “el episodio más violento” de las últimas tres semanas. Aún así, Trapero descarta bunquerizar las comisarías, con parte de la fachada de cristal, para mantener el modelo de proximidad.

Desde la auditoría que Buch presentó el año pasado por las protestes postsentencia, Ferrer explica que se han mejorado las equipaciones, se ha acortado el número de identificación -y se ha incorporado también en la parte de delante y en el casco- y tienen más sistemas de transmisión de imágenes, como unos drones que se han usado en las últimas semanas. En cuanto al anuncio de ser más transparentes en las investigaciones por mala praxis, Ferrer dice que la memoria de Interior incorporará el balance de la División de Afers Interns (DAI) y que se harán públicos los protocolos de uso de las herramientas de orden público. El antecesor de Ferrer, el ex director general de los Mossos Andreu Joan Martínez, propone crear una comisión de transparencia -un órgano independiente- participada por la policía, personas de prestigio y entidades de derechos civiles para analizar actuaciones: “Se tiene que hacer compatible el régimen disciplinario con corregir la praxis y la rendición de cuentas”.

Hace siete años, el debate para repensar el orden público estuvo en el Parlament y ahora está siendo protagonista en unas negociaciones para la investidura. ¿Y cómo lo vive el cuerpo? Responsables conocedores de los Mossos dicen que, a pesar de ser conscientes que son una policía gubernativa, se recibe con perplejidad y preocupación. De momento, el debate ha pivotado sobre la disolución de la Brimo y la moratoria del foam. Los exconsellers lamentan las formas y el contenido: “Si quieres hacer ruido y no encontrar ninguna solución adecuada, ahora es el momento”, apunta Buch. “La policía no puede ser una moneda de cambio”, critica Espadaler. “Los Mossos no pueden quedar fuera del debate”, pide Jané. “No es el momento, se improvisa mucho y he oído verdaderas barbaridades”, afirma Forn. David Fernàndez admite que ahora no lo discutiría: “El elemento central tiene que ser el rescate social”. Igual que Sàmper y los miembros de la comisión de 2013, coinciden en decir que este debate tendría que estar en el Parlament. Pero hay un consenso en afirmar que se tiene que empezar a recuperar lo que se ha dejado por el camino y que no se pueden poner en riesgo las competencias que tienen los Mossos.