¿Quiénes son los jueces señalados por el 'lawfare'?

MadridDesde que se hizo público el acuerdo entre Junts y el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez, que incluía una hipótesis de lawfare judicial en el Proceso, se ha desatado una crisis institucional entre los poderes del Estado. La ley de amnistía ha sido su origen porque los jueces que tendrán que aplicar la han recibido con indignación y, algunos, han empezado a moverse para esquivarla. En los últimos días a raíz del uso frecuente de este término, que significa utilizar el sistema legal con fines políticos, han aflorado nuevas acusaciones de lawfare más allá de la del independentismo. Este último mes y medio lleno de reproches cruzados y comunicados ha tenido muchos protagonistas y en el gráfico adjunto se resumen los principales nombres del ámbito judicial que han participado o se han visto implicados.

García-Castellón se mueve

El juez del Tsunami Democrático ha hecho lo posible por torpedear la amnistía

El documento PSOE y Junts, de hecho, se hizo público después de que Esquerra ya hubiera anunciado un acuerdo con los socialistas por una ley de amnistía. Y los tentáculos de la derecha empezaron a moverse, con un papel destacado del juez Manuel García-Castellón, instructor de la causa del Tsunami Democrático en la Audiencia Nacional. El magistrado aceptó a Vox y a entidades de extrema derecha como acusaciones populares para mantener la imputación de terrorismo —la Fiscalía reclama enviar el caso a Catalunya por desórdenes públicos—, que ha hecho extensible a Carles Puigdemont y Marta Rovira. Desde el hemiciclo del Congreso, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, acusó a García-Castellón de hacer "guerra judicial", pero entonces no se produjo una reacción como la de estas últimas dos semanas a raíz del señalamiento de la portavoz de Junts, Míriam Nogueras.

El Supremo gesticula contra la Moncloa

El presidente del alto tribunal planta al ministro de Justicia

La diputada independentista calificó de "indecentes" a Manuel Marchena, Pablo Llarena, Carlos Lesmes, Carmen Lamela y Concepción Espejel, cinco magistrados representativos de la derecha judicial. Los dos primeros son el presidente del tribunal del Procés y el instructor de la causa en el Supremo, y Lamela, también magistrada de la sala segunda, mantuvo la acusación de rebelión contra Josep Lluís Trapero, en Sandro Rosell en prisión preventiva durante dos años y a los jóvenes de Altsasu les llevó a juicio por terrorismo. Por su parte, Lesmes fue alto cargo del ministerio de Justicia con José María Aznar y presidió el CGPJ más desacreditado de la democracia española hasta que dimitió hace un año para propiciar su renovación. Y Espejel, magistrada del Tribunal Constitucional a propuesta del PP, fue apartada del tribunal de la Gürtel para ser demasiado cercana a la formación conservadora —anteriormente había sido vocal del CGPJ impulsada por el PP y se le recuerda que María Dolores de Cospedal se refirió a ella como "querida Concha"—.

Al día siguiente de las palabras de Nogueras, el presidente del Supremo, Francisco Marín Castán, anuló una reunión con el ministro de Justicia, Félix Bolaños –finalmente se reunieron el pasado jueves–, otro de los actores imprescindibles del serial. Aunque Pilar Llop fuera su predecesora en el cargo, el también ministro de la Presidencia es el interlocutor válido para el estamento judicial desde que entró en el consejo de ministros en 2021 y quien ha pilotado cuestiones jurídicas relevantes como los indultos y la reforma del Código Penal. Ahora intenta calmar las aguas ante la revuelta de la derecha judicial cerrando filas con los jueces, aunque también se encarga de poner voz a las discrepancias, como por ejemplo respecto a la decisión de la sala tercera del Supremo de tumbar el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado. Capítulo aparte merece la disputa con los ocho vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial que tienen entre ceja y ceja hacer de oposición a Pedro Sánchez, liderados por el catalán José María Macías.

El CGPJ, confrontativo

El presidente, Vicente Guilarte, hace equilibrios

Hay quien ha bautizado como Los ocho magníficos el grupo de vocales de la derecha que promueven prácticamente todas las iniciativas contra la amnistía, los mismos que el pasado año pusieron todos los palos en las ruedas para renovar el Tribunal Constitucional, hasta que finalmente cedieron. A veces, consiguen que Wenceslao Olea se sume a sus postulados y ya no pueden contar con Vicente Guilarte, presidente interino del CGPJ, que intenta hacer equilibrios. En el pleno para pronunciarse sobre la amnistía cuando aún no se había registrado la ley, se abstuvo; y la semana pasada en un comunicado de la comisión permanente sobre el lawfare votó con los vocales progresistas.

Ciertamente, las comisiones de investigación y las críticas de Nogueras han provocado un rechazo generalizado al mundo judicial y fiscal, también al sector más afín al PSOE. La oposición del CGPJ a citar a jueces —uno de los candidatos habría sido Pablo Lucas, que autorizaba el espionaje del CNI con Pegasus— en el Congreso ha sido unánime. Pero el sector conservador ha querido ir un paso más allá y, por ejemplo, ha aprovechado para situar en la diana al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Los fiscales del Supremo que ejercieron la acusación del Procés, Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno, le reclamaron más contundencia y este miércoles en la reunión del Consejo Fiscal, García Ortiz tuvo que parar los pies a los vocales que reclamaban un pronunciamiento sobre la amnistía y emprender acciones legales contra la portavoz de Junts.

'Lawfare' contra Podemos y el PP?

Monago señala a un juez por la Gürtel

Organismos y asociaciones judiciales y fiscales protagonizan un fuego cruzado de comunicados al dictado de la actualidad, guiados por los grandes titulares e ignorando a quienes a veces no lucen tanto. Es lo que ocurrió con la acusación de lawfare del senador del PP José Antonio Monago contra el juez de Gürtel José Ricardo de Prada. Las hizo el mismo día que Nogueras, pero pasó casi desapercibido, y las quejas del mundo judicial fueron dirigidas en una única dirección. Con algunos días de retraso, Guilarte tuvo que corregir.

Aquel martes también se archivó una causa sobre la financiación de Podemos después de tres años de instrucción y la formación morada no tardó en acusar de lawfare al juez de Madrid Juan José Escalonilla por haber estado tanto tiempo indagando en donde no había irregularidades. En las últimas horas, también ha habido movimientos en el caso por el que está imputada el ex líder de Compromís, Mónica Oltra, otro de los frentes de presunto lawfare. Hasta Pedro Sánchez se ha hecho suyo el término para describir el bloqueo del PP en el CGPJ, que ahora intentarán renovar con un mediador.