García-Castellón se enfrenta a Suiza por el caso Tsunami
El juez de la Audiencia Nacional acusa al jefe de la oficina federal suiza de "sesgo político"
MadridEnfrentamiento entre la Audiencia Nacional y Suiza por Tsunami Democrático. Después de que las autoridades helvéticas se negaran a colaborar en la causa, el magistrado Manuel García-Castellón ha reclamado una reunión de coordinación con el jefe de la Oficina Federal de Justicia, Guillaume Rousseau, a quien acusa de "sesgo político". En un auto que se ha sabido este miércoles, arremete contra el hecho de que Suiza pida información sobre la ley de amnistía que se está tramitando en el Congreso. "Por un lado, se refiere a un supuesto trasfondo político de la solicitud de cooperación judicial y, simultáneamente, se interesa sobre una cuestión de naturaleza eminentemente política ajena al estricto marco jurisdiccional en el que deben abordarse ese tipo de solicitudes", destaca el juez español, que ve "incoherencias" en la "singular" comunicación de Suiza que se supo ayer martes.
García-Castellón avisa de que es "inadmisible" que las autoridades helvéticas le pidan explicaciones sobre la ley de amnistía: "En un estado con poderes separados no corresponde a los jueces formular opiniones consultivas sobre leyes en trámite, ni hipótesis sobre normas no publicadas ni en vigor, tal y como seguro que ocurre en Suiza. Este magistrado desconoce cualquier cuestión relativa a la norma mencionada y tampoco entiende qué interés puede tener para quien atiende a una solicitud de naturaleza jurisdiccional interrogar sobre una hipotética norma no aprobada". Que García-Castellón asegure que nada sabe sobre la amnistía contrasta con el hecho de que sus últimos movimientos hayan ido, precisamente, orientados a esquivarla.
El choque con Suiza ha enfurecido a García-Castellón. Su comisión rogatoria es de noviembre de 2023 y la respuesta se envió desde Berna el 22 de diciembre a la dirección general de cooperación jurídica internacional, dependiente del ministerio de Justicia. Este martes, casi dos meses después, se publicó en El País antes de que hubiera entrado en el juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Por eso, García-Castellón ha decidido abrir una pieza separada por un posible delito de revelación de secretos de autoridades públicas o funcionarios. "Proponemos a las autoridades suizas realizar las comunicaciones a través de Eurojust, a fin de poder dotar de la formalidad y agilidad necesarias a la reunión de coordinación a la que se emplaza, evitando la participación del ministerio de Justicia en una cuestión de naturaleza estrictamente judicial", pide el juez. La guerra es doble.
Así, el magistrado que investiga el Tsunami reclama a Suiza que, efectivamente, conteste a la comisión rogatoria: quiere saber el domicilio de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, e información sobre una cuenta bancaria que supuestamente habría servido para financiar la plataforma. De entrada, Rousseau se ha negado aduciendo que necesita que se aclare con mayor precisión qué relación tiene Rovira con los hechos que se investigan y, después, valoraría si colabora ante la sospecha de que se trate de una causa política. García-Castellón le responde que en su comisión rogatoria, ampliada el pasado 5 de febrero, ya explica suficientemente las acusaciones de terrorismo y que Suiza ha firmado varios convenios que le obligan, a su juicio, a cooperar.
Suiza, un muro para los jueces españoles
Cuando los jueces que persiguen el Proceso tuvieron que llamar a las puertas de Suiza, siempre se encontraron con un muro. Ya le ocurrió al juez instructor del Tribunal Supremo Pablo Llarena cuando los dirigentes independentistas se exiliaron. Con los precedentes sobre la mesa, y como hizo también la ex diputada de la CUP Anna Gabriel, el diputado en el Parlament Ruben Wagensberg también ha buscado refugio en Ginebra para evitar la justicia española. ¿Por qué Suiza no colabora con España?
El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, tiene una teoría: "Eso será porque como no les entregamos Falciani ellos ahora tampoco nos envían nadie", ha apuntado en un desayuno informativo en Madrid. "No tengo ni idea", reconoció a continuación. La detención de Hervé Falciani en abril de 2018 ciertamente generó nerviosismo en el independentismo. Ese mismo 4 de abril, Marta Rovira cenaba en su casa de Ginebra cuando sintió que golpeaban en la puerta. "Ya está. Vienen a detenerme", explican que dijo fuentes muy cercanas a la secretaria general de ERC. El intercambio entre Falciani y Rovira fue una idea que pasó por la cabeza de la dirigente republicana. Pero ni ese día golpeaba en la puerta a la policía para detenerla ni Falciani acabó siendo extraditado a Suiza.
Ambos países han firmado el convenio de extradición europeo, pero como el país helvético no es miembro de la Unión Europea no se rige por los mismos mecanismos que otros países del continente. En el caso de Suiza, también entra en juego la ley federal de asistencia internacional en materia penal, que en su artículo 3 prevé la inadmisión de la colaboración si el objeto del procedimiento "tiene un carácter político preponderante". Éste es el motivo principal por el que el responsable de la Oficina Federal de Justicia de Suiza, Guillaume Rousseau, ya casi convertido en archienemigo del juez García-Castellón, denegó en marzo del 2020 una petición de información de la Audiencia Nacional sobre Tsunami Democrático.
Esta invocación del delito político tiene, eso sí, alguna excepción que sí obligaría a Suiza a colaborar: cuando se haya "puesto en peligro o amenazado con poner en peligro la vida y la integridad física de personas (por ejemplo) , mediante el secuestro de un avión, utilizando medios de exterminio masivo, la provocación de una catástrofe o una toma de rehenes)”. En segundo lugar, si no se considerase que los hechos que se investigan están circunscritos al marco político, los delitos que de entrada se atribuyen deberían tener una conexión en el Código Penal suizo. El país helvético hizo este ejercicio en la respuesta de hace cuatro años y fue especialmente duro a la hora de explicarle al juez qué es el terrorismo.
"Requiere que la organización [criminal] en cuestión mantenga en secreto su estructura y sus efectivos y que se imponga la ley del silencio, recurriendo a la amenaza en caso de transgresión de alguno de sus miembros. Sobre todo, la organización debe perseguir el objetivo de cometer actos criminales de violencia (asesinatos, por ejemplo) o de conseguir ingresos por medios criminales (extorsión y chantaje, por ejemplo) [...]. hechos descritos en la comisión rogatoria no se corresponden con los elementos constitutivos de la organización criminal", dijo Rousseau.
Ni rebelión ni sedición
El ARA ha tenido acceso a las respuestas que Suiza ofreció a la división de cooperación internacional de la Policía Nacional cuando Llarena emitió órdenes europeas e internacionales de detención contra el expresidente de la Generalitat. En una de ellas, las autoridades helvéticas afirmaban que "los hechos descritos no constituyen –a primera vista– un delito susceptible de extradición porque parecen ser un delito político" y, por tanto, entrarían en las excepciones previstas en el artículo 3 del convenio de extradición europeo. Suiza desautorizaba así la sentencia del Supremo por sedición. Meses antes, en 2018, todavía en fase de instrucción, rechazaba la orden de detención de Llarena por el delito de rebelión alegando que incumplía el artículo 16 del mencionado convenio, que prevé que en la petición debe indicarse el " tiempo y lugar de la comisión del delito". Suiza pedía así una "descripción más precisa de los hechos y el modus operandi exacto".
