El TC apoya a Marchena y rechaza anular las condenas por el asedio en el Parlament

MadridUna década después del asedio al Parlament el 15 de junio de 2011, el Tribunal Constitucional (TC) se inclina por mantener la condena sobre unos hechos que en los últimos años han dividido a la justicia española: la Audiencia Nacional absolvió en 2014 a los 19 acusados –solo condenó a uno, y por un delito menor de daños– por considerar la prevalencia de la libertad de expresión, mientras que el Tribunal Supremo anuló la sentencia menos de un año después y condenó a ocho de los acusados a tres años de prisión por atentado contra las instituciones del Estado, que hasta ahora no se han ejecutado por haber pedido el indulto.

El encargado de la decisión fue el presidente del juicio en el Procés, Manuel Marchena, que ha recibido ahora un voto de confianza por parte del TC, que por una mayoría de siete magistrados a favor y cuatro en contra se ha opuesto a estimar los recursos de amparo de los condenados para anular la sentencia del Supremo. La decisión supone un revés para el propio ponente de la sentencia, el magistrado del TC Cándido Conde-Pumpido, que había propuesto aceptar los recursos de amparo y anular las condenas, dando la razón a la Audiencia Nacional y no al Supremo.

Según ha avanzado Español y ha confirmado el ARA, el pleno del alto tribunal ha rechazado la ponencia, que pretendía estimar los recursos por la supuesta vulneración del derecho a un proceso justo. A su parecer, la sala de lo penal del Supremo sustituyó la sentencia absolutoria por una condena modificando la valoración que hizo la Audiencia Nacional de un elemento subjetivo, la mera voluntad deliberada de los acusados de cometer un delito, sin ni siquiera haberlos escuchado.

El Tribunal Constitucional había dilatado esta decisión porque, tal como explicó el ARA, consideraba que podía cuestionar la figura de Marchena, que redactó también la sentencia del Supremo, de lo que podía ser un revés jurídico. Pero al final el presidente de la sala de lo penal del Supremo ha salido airoso y el tirón de orejas ha sido para Conde-Pumpido, que ha rechazado redactar de nuevo la ponencia.

El caso pasó de la Audiencia Nacional al Supremo porque la Fiscalía quiso recurrir. Ni la Generalitat ni el Parlament, que habían sido acusaciones particulares en el primer tribunal, pidieron dar marcha atrás en la absolución. El ministerio público encontró la complicidad de Marchena, que ahora ha recibido de nuevo una muestra de apoyo desde el Constitucional.