El TC, hacia el 'macrovarapalo'

El pleno del Tribunal Constitucional iniciado el pasado lunes 4 de octubre avanza hacia la consumación de un macrovarapalo al Congreso y al Gobierno. El primer golpe ha sido dar por buena este martes 5 de octubre la vulneración de derechos planteada por un recurso de amparo de Vox contra la suspensión momentánea de actividades aprobada por la Mesa del Congreso de los Diputados a raíz de la pandemia en marzo de 2020; el segundo golpe es la declaración de inconstitucionalidad de la prórroga de seis meses del estado de alarma decretada por el gobierno y aprobada por el Congreso de los Diputados el 29 de octubre de 2020.

Los Plenos del TC se parecen, cada vez más, a una sesión del Congreso, donde la oposición busca deteriorar al Gobierno y provocar un desgaste constante. Y cuando algún miembro más moderado se aparta del 'bloque' de Vox, como ocurrió en el Pleno de septiembre con Antonio Narváez, inmediatamente se aborta la disidencia y se impone el varapalo. Narváez proponía desde julio pasado desestimar el recurso de amparo de Vox porque el partido de Abascal no daba las razones para justificar por qué la Mesa del Congreso vulneraba los derechos de sus parlamentarios. En el debate, de últimos de septiembre en el TC, el bloque conservador contaba con un magistrado menos por razones de salud (Alfredo Montoya). Y el ponente, Narváez, conseguía el apoyo de los magistrados del llamado sector progresista, (María Luisa Balaguer, Juan Antonio Xiol y Cándido Conde-Pumpido). Y también el del presidente del TC, Juan José González Rivas. A los cinco se oponían los cinco conservadores (Encarna Roca, Pedro González-Trevijano, Andrés Ollero, Santiago Martínez Vares y Ricardo Enríquez). Pero el voto de calidad o doble voto de González Rivas desempataría, propiciando la derrota del bloque' de Vox.

El sector conservador consiguió dar la vuelta a la situación adversa. Narváez no sometió a votación su ponencia desestimatoria del recurso de Vox y anunció que presentaría una ponencia en sentido contrario, es decir, estimando el recurso, en este Pleno de octubre. En ese caso, 'recuperado' Narváez, el sector conservador reuniría seis votos superando a los cinco votos a favor de la desestimación del recurso de Vox. Y ello suponía que no había empate susceptible de ser roto por el voto de calidad del presidente. El sector conservador apostaba por el cambio de posición de González Rivas y también por 'recuperarlo' como había hecho con Narváez.

Pero si bien ha conseguido este martes ganar la batalla, González Rivas se mantuvo en su posición y votó a favor de desestimar el recurso de Vox junto a los otros cuatro magistrados. El 'bloque' de Vox ha ganado pues una batalla que parecía perdida.

Dimisión de Batet

Y Vox exige ahora la dimisión de la ex ministra socialista Meritxell Batet, presidenta del Congreso de los Diputados.

Narváez, a su vez, es el ponente también del recurso de inconstitucionalidad de Vox contra la prórroga del estado de alarma por un periodo de seis meses. Su ponencia propone considerar la decisión, decretada primero por el Gobierno y después por el Congreso, como inconstitucional, en línea con la ya declarada inconstitucionalidad del primer confinamiento, en julio pasado, por parte del bloque conservador del TC. LA cuestión está prevista en el orden del día del pleno de esta semana.

Este pleno también tiene previsto pronunciarse sobre el recurso de inconstitucionalidad del PSOE y todos los grupos parlamentarios de oposición al gobierno del Partido Popular en 2015 contra la ley de prisión permanente revisable, que ha empezado este martes en el pleno del TC.

La ponencia original de este recurso había tocado al magistrado Fernando Valdés Dal-Ré, del sector llamado progresista, quien había encargado un borrador de ponencia a los letrados con los que solía trabajar. Pero su renuncia al TC, en octubre de 2020, hizo recaer la ponencia en la vicepresidenta del TC, Encarna Roca, quien sustituyó al letrado por otro, de orientación marcadamente conservadora. La ponencia, pues, según fuentes judiciales, defiende la ley promovida por el PP.

Precisamente, también un cambio de ponente permitió ''cocinar" la declaración de inconstitucionalidad del confinamiento apuntado. El magistrado a quien tocó la ponencia del primer estado de alarma fue Fernando Valdés Dal-Ré, quien proponía declarar conforme a la Constitución el estado de alarma decretado por el gobierno y aprobado por el Congreso. Pero su renuncia hizo recaer esa ponencia en el magistrado Pedro González-Trevijano, quien cambió el letrado y encargó el trabajo a un letrado contratado temporalmente por el TC, según fuentes judiciales por recomendación del propio González-Trevijano.

El cambio de ponencia y de letrado derivó en una propuesta contraria a la original. De declarar constitucional el primer estado de alarma se pasaba a su calificación como inconstitucional, ponencia que ganó por un voto en julio pasado.