Tres meses de la DANA: la batalla política impide la reconstrucción del País Valencià

Valencia"Querido presidente, muchas gracias por venir tan pronto y por el contacto que [hemos tenido] desde el principio, contigo a través de WhatsApp, con la vicepresidenta, con el comité donde estaba también el ministro del Interior, de Defensa. .." De esas cariñosas palabras que el jefe del Consejo, Carlos Mazón, dedicó al presidente español, Pedro Sánchez, dos días después de las graves inundaciones que el 29 de octubre causaron la muerte de 224 personas y la desaparición de otras tres en la Comunidad Valenciana, hoy no queda nada. Tres meses tarde, la estrategia política de ambas administraciones ha cortocircuitado el diálogo entre ambos ejecutivos y está lastrando una recuperación que avanza lentamente y que exaspera a muchos de los afectados, que ven cómo las ayudas no llegan tan rápido como quisieran y que habrán de pasar años para que sus vidas vuelvan a ser como antes.

Los puentes entre el Estado y la Generalitat siguen rotos y ni la visita de Sánchez a Valencia la semana pasada propició el encuentro entre ambos presidentes. La colaboración se ve obstaculizada por el plan del gobierno valenciano de culpar a la Confederación Hidrográfica del Júcar y la Agencia Española de Meteorología de no avisar a la Generalitat de la dimensión de los aguaceros y el aumento de los caudales de los ríos y barrancos –datos que se pueden consultarse a través de internet en tiempo real–, además de haber retrasado varias obras de prevención. Ambos organismos niegan las acusaciones y reiteran que el Consell tenía la información necesaria para advertir a la población y, que si no avisó, fue por su culpa. También enfatizan que fue precisamente cuando Mariano Rajoy presidía el gobierno español que se aplazaron las obras por ampliar el caudal asumible por el barranco del Poio. Tampoco facilita el entendimiento la negativa del Consell a facilitar detalles sobre la toma de decisiones del día 29 y sobre la ausencia de Mazón que, aunque a las 14 h las fuertes lluvias ya causaban las primeras inundaciones en Utiel, habría comido durante varias horas con la periodista Maribel Vilaplana para ofrecerle la dirección de la radiotelevisión pública, según versión difundida por el dirigente popular y confirmada por la comunicadora.

Más bastones en las ruedas: la estrategia de los socialistas y de Compromís se basa en reclamar insistentemente la dimisión de Mazón, aunque el dirigente popular ha dejado claro que no va a plegar, al menos de forma inmediata. Del mismo modo podría cuestionarse la decisión del Estado de exigir a la Generalitat que reconstruya por sí sola las infraestructuras que son de su competencia –sobre todo las educativas y sanitarias, pero también las carreteras, caminos y ferrocarriles–, obviando que la valenciana es la autonomía peor financiada. El gobierno español pretende asumir la reparación de las instalaciones municipales estropeadas y las vinculadas a la gestión del agua, como el alcantarillado, las depuradoras y los barrancos, además del servicio de Cercanías y las carreteras de titularidad estatal. Uno de los que tiene más claro que el enfrentamiento no ayudará a la reconstrucción es el consejero para la Recuperación Económica y Social, Francisco José Gan Pampols, quien pese a recibir críticas de Vox por su supuesta "equidistancia", este martes ha insistido en que "la unidad entre las administraciones" es "clave" para superar la catástrofe.

Mientras el rifirrafe político sigue acumulando titulares de prensa, a los que se sumarán los que generen las comisiones de investigación puestas en marcha en las Cortes, el Congreso y el Senado, las administraciones locales no paran de reclamar más agilidad en la llegada de ayudas. "Han pasado tres meses y muchos afectados siguen sin cobrar las indemnizaciones", lamentó el alcalde de Algemesí y dirigente del PP, José Javier Sanchis, la semana pasada. Y es que, según los datos del Consorcio de Seguros, a fecha del 20 de enero el organismo había pagado 1.157 millones: 532 millones por daños en 61.000 vehículos, 350 por afectaciones en 24.000 viviendas y 275 millones por destrozos en industrias y comercios . Se trata de menos de un tercio del total porque el consorcio ha registrado más de 230.000 peticiones por las que podría acabar abonando entre 3.500 y 4.100 millones de euros. Las indemnizaciones se suman a otras ayudas, estas sí distribuidas con "mayor rapidez", según la alcaldesa de Catarroja, la socialista Lorena Silvent, como los 6.000 euros de la Generalitat y los 10.000 del Estado para muebles y electrodomésticos o los 5.000 euros de ambas administraciones para autónomos y pymes.

En la larga lista de tareas pendientes para resolver los próximos meses cabe destacar el precario día a día de miles de estudiantes que se encuentran recolocados en aulas prefabricadas o en otros centros de sus municipios y de poblaciones vecinas. También la situación del parque de viviendas, porque sólo en Catarroja –la segunda localidad más afectada por la DANA–, en unos días se desalojarán 45 casas para asegurar su estructura y se derribarán entre cinco y seis. . Demasiado trabajo por hacer y que la batalla política aún dificulta más.