El Tribunal de Estrasburgo condena a España por la filtración a la prensa de los DNI de los jueces catalanes soberanistas

ParísEl Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado a España a pagar una indemnización de 4.200 euros en concepto de "daño moral" a cada uno de los jueces catalanes que denunciaron en Estrasburgo –después de que el caso se archivara en el Estado– la filtración al diario La Razón de datos personales –la foto del DNI– de los 33 magistrados catalanes que habían firmado un manifiesto a favor del derecho a decidir en febrero del 2014, unos meses antes de la consulta del 9-N. El diario publicó un amplio artículo con los nombres y las fotos del DNI de los magistrados.

La condena y los argumentos del TEDH suponen una nueva reprimenda al Estado y a la justicia española. En la sentencia, publicada este martes, la corte de Estrasburgo considera que la filtración supone una violación de la vida privada de los afectados y reprocha al Estado que elaborara un informe policial sobre los jueces –en algunos casos el informe recogía sus ideas políticas– sin que estos hubieran cometido ningún delito.

"El Tribunal constata que no hay ninguna disposición jurídica interna que justifique la elaboración por parte de la policía de un informe sobre los ciudadanos cuando no había indicios de que pudieran haber cometido un delito o estar implicados en los trámites preparatorios necesarios para la comisión de un delito", afirma la sentencia. De hecho, la sentencia recoge que la simple "existencia" del informe policial ya supone una violación del Artículo 8 del Convenio para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, el que hace referencia al derecho al respeto de la vida privada y familiar.

Filtración por parte de las autoridades

La sentencia considera "incontestable" que las fotografías que publicó el diario dirigido por Paco Marhuenda procedían de una base de datos policiales "a la cual solo tenían acceso las autoridades". Según la corte de derechos humanos, "no hay ninguna otra explicación que no sea que las autoridades permitieron que esta filtración fuera posible, comprometiendo así la responsabilidad del Estado demandado". En una comparecencia en el Congreso en 2014, el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, llegó a asegurar que "no entendía" los motivos de queja de los jueces que firmaron un manifiesto a favor del derecho a decidir por la publicación de sus nombres y fotografías en la prensa.

El TEDH también reprocha a la justicia española que no investigara a fondo quién filtró los datos personales de los magistrados catalanes y pone como ejemplo que no se llamara a declarar al máximo responsable de la Policía Nacional, que es quien encargó el informe policial considerado "ilícito" por el Tribunal de Estrasburgo y a quien iba dirigido. La Audiencia Provincial de Madrid no consideró relevante interrogar al jefe policial y acabó archivando el caso en 2016.

Además de los 4.200 euros que el Estado tendrá que pagar a la veintena de jueces que llevaron el caso a Estrasburgo, el tribunal también condena España a pagar 3.993 euros al conjunto de magistrados en concepto de costas y gastos. En la misma sentencia, el TEDH desestima que se haya violado la libertad de expresión de los demandantes, dado que los jueces no fueron sancionados por el hecho de haber firmado el manifiesto.