El TSJC devuelve la causa de Dalmases al juzgado de instrucción porque no ve acreditados suficientes indicios delictivos

La causa que afecta al diputado de Junts Francesc Dalmases, relacionada con presuntas irregularidades en el otorgamiento de subvenciones entre 2012 y 2017, vuelve a la casilla de salida. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha resuelto este lunes que no es competente para investigarlo (el juzgado de instrucción número 1 le había enviado la investigación porque es aforado) y que no están "suficientemente motivados los indicios delictivos" que se atribuyen a Dalmases.

La tesis del juzgado de instrucción es que Dalmases y otros investigados se habrían beneficiado de varias subvenciones de organismos públicos (Diputación de Barcelona, Generalitat, Ayuntamiento de Barcelona y otros) a través de las entidades Catmon e Igman, que administraba el diputado de Junts antes de ser parlamentario.

"No es posible asumir en este momento la competencia por el conocimiento de las conductas de Dalmases por el estado embrionario de la investigación judicial y ante la falta de concreción e individualización de las conductas del aforado en relación con los presuntos delitos" de malversación, prevaricación y tráfico de influencias, concluye la resolución del TSJC.

El TSJC se suma de este modo a la posición de la Fiscalía, que ya se había opuesto a la elevación de la causa al alto tribunal y había pedido al juzgado de instrucción que hiciera más diligencias. En el auto se cita una parte de la argumentación del ministerio público: "Únicamente se cuenta como base para las imputaciones los atestados de la Guardia Civil, sin que se haya recibido declaración de ninguna de las personas (un total de 52) ni de los técnicos que informaron de los expedientes. Declaraciones que se pretende que practique el Tribunal Superior de Justicia", relataba el fiscal para defender que la causa volviera al juzgado de instrucción.

El tribunal reprocha de este modo al juez que inició la investigación que no haya ido más allá y que le encomiende ahora el trabajo sin indicios concretos. Considera que ahora mismo no ha hecho todo lo que hace falta para elevar la causa al TSJC ni "comprobar" los hechos que se recogen en las investigaciones policiales. "Les datos facilitados por la policía judicial requieren algunas comprobaciones, requerimientos documentales, testificales e interrogatorios de otros participantes para saber si en las actuaciones administrativas (...) y en la conducta de las personas jurídicas hubo infracciones de orden penal", asegura.

En este contexto, el TSJC insta al magistrado a "completar" la investigación sobre el diputado Dalmases para dirimir el grado de "implicación" en los hechos y que, si ve indicios criminales, vuelva a elevar la causa al tribunal superior. Una de las recomendaciones que hace, en este sentido, es que dé "la oportunidad" al diputado de JxCat de declarar voluntariamente en la investigación (hasta ahora no se lo ha llamado) y con "todas las garantías" ante el juzgado de instrucción.

Un primer registro en 2018 y múltiples ramificaciones

Hasta ahora el juez instructor había atribuido a Dalmases el intento de obtener fondos públicos a través de las entidades que administraba y que presidía el exresponsable de relaciones internacionales de CDC Víctor Terradellas. La investigación trascendió a la luz pública en mayo de 2018 cuando la Policía Nacional detuvo a una treintena de personas –entre las cuales Terradellas– por una presunta trama de corrupción alrededor de la Diputación de Barcelona por una desviación de hasta dos millones de euros. La investigación del juzgado de Barcelona partía de una serie de denuncias anónimas, a las que se habría sumado la documentación que en 2016 la CUP y la CGT llevaron ante la oficina Antifraude de Catalunya después de detectar una serie de irregularidades. 

Pero esta misma causa, en octubre de 2020, derivó en otra: la operación policial Volhov, que acabó con la detención, entre otras, del estado mayor del Procés. Las razones que se dieron para detener (quedaron después en libertad) a los ex dirigentes de CDC y ERC David Madí y Xavier Vendrell, además del empresario Oriol Soler y el presidente de la Plataforma Pro Selecciones Catalanas, Xavier Vinyals, fueron, entre otras, la puesta en marcha del Tsunami Democràtic y una eventual trama rusa alrededor del Procés. Esta última parte se encuentra ahora en la causa abierta por terrorismo en la Audiencia Nacional.