Política

La UE calcula que la oficialidad del catalán costaría 44 millones de euros anuales

Es el resultado de un informe preliminar de la Comisión que sube la cifra hasta los 132 millones añadiendo el gallego y el vasco

ARA
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El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en Bruselas

BarcelonaEl próximo martes la oficialidad del catalán vuelve a debatirse en el Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea, sin previsión alguna que esta vez sea la definitiva. En cualquier caso, los estados de la UE tendrán un dato más para decantar su posición: el coste anual de incorporar el catalán, el gallego y el vasco a las lenguas oficiales de la UE representaría 132 millones de euros anuales. Es el resultado de un estudio preliminar elaborado por la Comisión Europea avanzado por El País y confirmado por el ARA. Así pues, cada una de las lenguas representaría 44 millones de euros cada año, aunque el mismo estudio reconoce que se trata de una estimación hecha a partir de los cálculos que se utilizaron para el gaélico en 2015 y que sería necesario tener en cuenta otros factores para llegar a conclusiones más "cuidadas".

Según detalla El País, el documento calcula que se traducen anualmente unas 70.000 páginas y serían necesarios una veintena de traductores-juristas y cuatro intérpretes externos para hacerse cargo de las tres lenguas nuevas. La facilidad de contratación de los intérpretes y traductores y el soporte de la traducción automática en cada una de las lenguas podrían hacer variar significativamente el importe global calculado en este informe preliminar, asumen desde Bruselas.

El gaélico es el último idioma que se ha incorporado en la lista de las lenguas oficiales de la UE. Lo hizo en el 2015 y su paso hasta la plena oficialidad fue gradual, como plantea el gobierno español que se haga con el catalán, el gallego y el euskera. Precisamente esta gradualidad también haría limitar el coste de la medida, al menos durante los primeros años, en caso de que finalmente llegue a adoptarse.

Reticencias no económicas

Para vencer las reticencias de aquellos estados más refractarios, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ya adquirió el compromiso de sufragar todos los gastos de estas traducciones desde España. Ahora bien, los estados que se han ido oponiendo a la ampliación del número de lenguas oficiales no se han mostrado preocupados por el coste que significaría en las arcas europeas, sino por el efecto llamada que podría tener en lenguas minorizadas Europa. El corso y el bretón en Francia o el ruso en los países bálticos han sido algunos de los ejemplos que se han ido esgrimiendo. El gobierno español creía haber encontrado al descorazonador planteando que sólo las lenguas reconocidas oficialmente en las Constituciones podían convertirse en oficiales, pero el planteamiento no ha acabado con las voces en contra. Por eso se espera que esta semana tampoco haya acuerdo para el catalán en Europa.

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