El unionismo declara la guerra a los investigadores independentistas

Combatir el discurso del independentismo fue uno de los objetivos de Josep Borrell cuando desembarcó en el ministerio de Exteriores. Él fue el impulsor de la secretaría de estado de la España Global en octubre del 2018 para presentar el Estado como "una democracia plena" después de que su imagen quedara dañada por la brutalidad policial del 1-O y el encarcelamiento de los líderes independentistas. El nuevo ministro de Exteriores, José Manuel Albares, eliminó este organismo en julio del año pasado, un mes después de los indultos a los presos políticos y de la etapa de deshielo abierta entre los dos gobiernos con la mesa de diálogo. La guerra diplomática ha dado paso ahora a la académica, a pesar de que ya en 2013 Clara Ponsatí, que entonces era profesora en la Universidad de Georgetown, reveló que el ministerio de Educación había decidido no renovarle el contrato por su apoyo al derecho a decidir.

Varios investigadores catalanes denuncian presiones a revistas científicas para impedir que se publiquen sus investigaciones. Es el caso del politólogo Toni Rodon. Explica que en febrero, tanto él como Marc Guinjoan, autores del estudio Beaten ballots (Papeletas golpeadas) en la revista Political Science Research and Methods de la Universidad de Cambridge, recibieron un correo de los editores de la revista. Les decían que habían recibido una queja de Carlos Conde, en nombre del Foro de Profesores, una asociación que se creó en octubre del 2017 con la voluntad de contrarrestar el tratamiento informativo internacional del Procés y que tiene como finalidad defender la unidad de España.

La entidad, que reúne a decenas de profesores universitarios, entre ellos exdirigentes de Cs como Susana Beltrán o el expresidente de SCC, Rafael Arenas, denunciaba que habían basado su investigación sobre si la violencia policial del 1-O había hecho aumentar la participación en la web www.catmemoria.cat o en un artículo de una activista independentista. "Contestamos punto por punto. Le dijimos al editor de la revista –que les hizo llegar las dudas– que el artículo había sido revisado por cuatro personas, que cualquier persona puede tener acceso a la base de datos y que no había ningún sesgo ideológico porque nos nutrimos de diferentes fuentes", recuerda Rodon. De hecho, las conclusiones del documento no beneficiaban precisamente las tesis independentistas: la participación aumentó poco en las zonas más castigadas por la acción policial.

La polémica ha estallado ahora porque Conde publicó un artículo el 19 de agosto en El Mundo, donde citaba este estudio y los otros investigadores catalanes para denunciar que construyen "un relato alternativo alineado con los postulados procesistas" que no se ajusta a la realidad y criticaba a la vez sus vínculos con entidades, partidos u organismos de la Generalitat como el Instituto de Estudios del Autogobierno (IEA) para sentenciar que había un conflicto de intereses. Jordi Muñoz, Marc Sanjaume, Laia Balcells, Sergi Morales, Jaume López y Tània Verge, entre otros, también forman parte de la lista.

Conflicto de intereses

Rodon rebate que haya un conflicto de intereses. "Es totalmente válido y natural que investiguemos nuestro ámbito más cercano. La no-ideología no existe, pero la ideología no te hará manipular los resultados", remarca el profesor de la UPF. Rodon sentencia que se trata de una "campaña orquestada" que se inicia a principios de año. "Este año está siendo habitual que haya presiones señalando perfiles de gente independentista", critica. Y pone de ejemplo que de todos los autores que cita Conde en estos trabajos de investigación no se queja de Astrid Barrio, José Luis Martí y Juan Rodríguez Teruel porque no son independentistas.

Precisamente Martí, también profesor de la UPF, hizo un hilo en Twitter cargando contra la denuncia de Conde. "Un conflicto de intereses no se puede basar en el hecho que se defienda académicamente posiciones que uno defiende políticamente. Esto llevaría a la absurda conclusión que una feminista no puede escribir sobre feminismo, un demócrata sobre democracia, o alguien de izquierdas sobre justicia social", espetó antes de recordar que todos los investigadores reciben financiación de las instituciones. De hecho, algunos de los investigadores que están en el punto de mira han recibido becas y han publicado en revistas del Estado como la del CIS.

"El problema es que se estudie Catalunya porque ellos interpretan que no se hace desde su lógica", lamenta Rodon, que subraya su poco éxito. "No han conseguido que ninguna revista retire los artículos de los que se han quejado". Tampoco pudo ser retirado el artículo que el doctor en filosofía política Sergi Morales escribió en la revista Ethnicities sobre derechos lingüísticos e inmigración. "Se había publicado online, pero se paralizó su publicación en papel porque uno de los editores dijo que había recibido una queja [del mismo Conde] diciendo que no se tendría que publicar porque había un conflicto de intereses alegando que era un destacado líder político catalán y que era miembro de un partido de gobierno", explica.

Morales, que había sido presidente y regidor de ERC en el Prat, les respondió que ya no lo era, que solo era militante de base del partido y que en cualquier caso no era ningún líder destacado ni tenía responsabilidades en política lingüística, aparte que el artículo no hablaba del caso catalán, sino de los derechos lingüísticos y de la inmigración en general. Al cabo de unas semanas la revista le dio la razón y se publicó.

"Sospecha permanente"

Jaume López, profesor de ciencias políticas de la UPF y también señalado por Conde, considera que la ofensiva va más allá del Foro de Profesores. "El Foro es solo un extremo; hay una sospecha permanente de la cientificidad del tratamiento de temas catalanes por parte de la academia española, que tilda cualquier investigación de ideología disfrazada de pseudociencia". A él mismo no le publicaron un artículo en la Agenda Pública de El País sobre el derecho a decidir porque le dijeron que no es un derecho que tenga reconocimiento internacional.

López concluye que "las motivaciones no pueden ser juzgadas a nivel científico" y que es lógico que se aborde el independentismo con la irrupción del Procés como también temas de actualidad como "el cambio climático o las energías renovables". También deja claro que la financiación por parte de las instituciones "no contamina ni quita rigor al tratamiento que se hace" y que el conflicto de intereses surge si un científico publica los resultados de un estudio donde valida un determinado producto que ha sido financiado por el laboratorio que lo ha creado. Por todo ello, considera que las acusaciones del Foro son un "disparate". "Es una caza de brujas porque miran la trayectoria de los investigadores".

Conde, que admite llamadas a editores y directores de las revistas, lo niega: "Nuestro objetivo no es señalar a investigadores, sino hacer visible el papel que juega el IEA, una institución que depende de la Generalitat, a la hora de generar contenidos académicos en lengua inglesa alineados con los planteamientos soberanistas". En este sentido, expone que mencionan algunos ejemplos de estudios recientes que, a parecer suyo, "deberían haber sido más transparentes a la hora de reconocer la afiliación política de los autores con el IEA y con otras entidades del entorno secesionista", como uno firmado por Ferran Requejo y Marc Sanjaume y financiado por el IEA. Laia Balcells, profesora de ciencias políticas de la Universidad de Georgetown y que también sale mencionada por Conde, rehúsa sus acusaciones: "Requejo y Sanjaume agradecen en el artículo el apoyo económico del IAE y ponen en su biografía que han trabajado en él". También recuerda que los artículos de Jordi Muñoz y Tània Verge señalados por el Foro fueron elaborados antes de que fueran escogidos como director del CEO y como consellera de Igualdad. "El marco cronológico de preparación, evaluación y publicación de los artículos y el de los roles de Muñoz y Verge en el CEO y la Generalitat son muy cercanos", responde Conde, que reitera que son "unos investigadores muy fuertemente vinculados al poder político catalán".