El desfile de líderes de la ultraderecha por Hungría estas últimas semanas ha sido digno de una superpotencia. En 16 años, Viktor Orbán ha convertido un país que representa menos del 1% del PIB europeo en baluarte del ultraconservadurismo global. La última visita, la del vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, demuestra el nerviosismo de unos líderes que saben que en Budapest no solo se juegan un gobierno, sino una batalla clave por el discurso.

Parece difícil creerlo pero estas semanas, en Bruselas, casi se habla más de oposiciones que del caos provocado por la guerra en Irán. Es la primera convocatoria generalista para graduados que quieran trabajar en las instituciones europeas desde 2019. Como ya cabía esperar, se han presentado más de 170.000 personas. Literalmente, es imposible vivir en Bruselas, tener menos de 40 años y no tener ningún conocido que se haya presentado.

La lista de agravios recientes en la Unión Europea es larga y pesada: la inacción ante un genocidio, chantajes trumpianos múltiples y una deshumanización histórica de las personas migrantes. A todo esto se añade un último síntoma: la "política de castillo".

En el gobierno francés se han terminado las reuniones por Microsoft Teams o Zoom. Esta semana, el ministro a cargo de la Función Pública y la Reforma del Estado ha anunciado que, a partir de 2027, los departamentos de su ejecutivo no trabajarán más con "soluciones no europeas". En lugar de éstas, utilizarán Visio, una plataforma fabricada por la autoridad digital francesa.

¿Cuántas veces ha leído o oído que Europa se encuentra ante un cruce? La expresión se ha gastado especialmente en los últimos años en explicar las continuas decisiones existenciales que ha tenido que tomar la Unión Europea. Pero Europa ya no está en ningún cruce; esta entrada en 2026 nos ha sacado a la fuerza, y nunca mejor dicho.

La primera pieza del escudo protector de Europa ha caído esta semana y lo ha hecho en silencio, escondida entre el habitual ruido que generan los titulares de Trump. Bajo la bandera de la "desburocratización", la Unión Europea ha llegado a un acuerdo para "simplificar" las leyes de sostenibilidad empresarial. Podría parecer futil, pero como llevan meses avisando expertos en ley europeacomo el profesor Alberto Alemanno, es el primer síntoma de un peligroso desmantelamiento de las estructuras que protegen nuestros derechos y valores fundamentales como ciudadanos europeos.

La invasión rusa de Ucrania no solo está provocando una crisis energética en muchos países europeos, sino que ya se está ramificando en forma de crisis alimentaria global. Rusia y Ucrania producen el 12% de las calorías cultivadas en el mundo, buena parte en forma de cereales como el trigo o la avena. El precio de estos productos se ha disparado a niveles récord y, además, las autoridades ucranianas denuncian que Rusia mantiene bloqueados 22 millones de toneladas de cereales en Odesa, una cantidad de alimentos indispensable para muchos países del África, por ejemplo, que teme un escenario "catastrófico" en palabras del presidente de la Unión Africana, Macky Sall, si no se consigue hacerlos llegar antes de que caduquen. Por eso, la Unión Europea trabaja para abrir corredores solidarios por la vía terrestre que permitan sacar este grano del país invadido por las tropas de Vladímir Putin.

Ha costado 26 días y muchas negociaciones, pero finalmente los líderes de la Unión Europea han acordado salir adelante con el esperado sexto paquete de sanciones contra Rusia por la invasión en Ucrania, que incluye las compras de petróleo a la exrepública soviética. Casi a medianoche de este lunes, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha anunciado el pacto después de una larga reunión de los Veintisiete en una cumbre extraordinaria en Bruselas. La propuesta es menos ambiciosa que el veto absoluto a las compras de este combustible fósil, porque implica parar solo las importaciones del crudo ruso que llega por mar, eximiendo de las sanciones el oleoducto Druzhba, que pasa por Ucrania y suministra principalmente a Hungría, la República Checa y Eslovaquia.

La Comisión Europea propondrá mantener suspendidos los límites de déficit y deuda en 2023 por el impacto de la guerra de Ucrania sobre la economía del Viejo Continente. El ejecutivo comunitario dejó sin efecto las reglas que imponen límites al endeudamiento de los Estados miembros de la Unión Europa ya en 2020, con el estallido de la pandemia, una medida que mantuvo en 2021 y este año.

Plan de choque para proteger a Europa de las consecuencias de depender excesivamente de los combustibles fósiles rusos. La Comisión Europea ha puesto este miércoles sobre la mesa un anchísimo paquete de medidas a corto, medio y largo plazo para conseguir que la Unión Europea se pueda deshacer definitivamente de esta losa que está provocando un alza de precios a niveles históricos en todo el continente. En el caso más inmediato y ante la eventual emergencia que podría suponer que el Kremlin decida cortar del todo el suministro de gas en Europa, Bruselas prevé la posibilidad de fijar un límite común en el precio de este combustible, coordinar racionamientos de suministro y también mecanismos de solidaridad para aquellos países que se verían más afectados.

La guerra que Putin ha empezado en Ucrania ha cambiado las prioridades de Europa y las armas han pasado a lo alto de una larga lista impulsada por la amenaza rusa. La Comisión Europea ha propuesto este miércoles una ambiciosa estrategia para rearmar Europa que otorga a Bruselas un rol central de coordinación y supervisión de las políticas defensivas y militares de los veintisiete Estados miembros de la Unión para aumentar las capacidades europeas en este ámbito, evitar solapamientos y también evitar que la competencia por el rearme entre gobiernos de la UE haga subir los precios, por ejemplo.

Nuevo capítulo en la complicada historia de Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí como miembros del Parlamento Europeo. La Eurocámara no ha concluido el proceso de verificación de las credenciales de los europarlamentarios de Junts y tampoco las del miembro de ERC Jordi Solé, que sustituyó a Oriol Junqueras. Según ha explicado el eurodiputado de Ciutadans y presidente de la comisión de Asuntos Jurídicos Adrián Vázquez, no se ha podido concluir su proceso de verificación porque la Junta Electoral Central (JEC) no ha enviado la notificación asegurando que se han completado todos los procesos legales en España que los acreditan como eurodiputados. Por eso, la Eurocámara requerirá ahora a la JEC que explique por qué falta esta información.

El rapero mallorquín Valtònyc ha salido este martes contento y también emocionado de una rapidísima vista ante el Tribunal de Apelación de Gante. La justicia belga ha vuelto a rechazar su extradición a España, como reclama la Audiencia Nacional desde hace cuatro años. El tribunal ha tenido que examinar su caso por segunda vez, después de que el Tribunal de Casación de Bruselas estimara en parte el recurso que la Fiscalía española había presentado ante la justicia belga. Y por eso Valtònyc ha vuelto a ser juzgado en Gante, por una sala de jueces diferentes de la que ya rechazó su extradición, y esta ve teniendo solo presente la acusación por injurias a la Corona. Aún existía la opción de que la fiscalía belga en coordinación con la española presentara un recurso, pero esta misma tarde ha confirmado que no lo haría y, por tanto, el rechazo a la extradición de Valtònyc por este caso es definitivo.

Durante las últimas semanas son varias las voces de la primera línea política europea que han afirmado, de diferentes maneras, que Ucrania es bienvenida a la familia europea. Pero el mismo presidente francés, Emmanuel Macron, reconocía esta semana desde Estrasburgo que la entrada en el club comunitario no es que pueda durar varios años, sino que estamos hablando de décadas. En plena invasión rusa, a Kiev se le ha prometido un proceso de adhesión acelerado que ha tomado una significación política y geopolítica que va mucho más allá de los complicadísimos requisitos técnicos y económicos que supone formar parte de la Unión Europea y esto tiene consecuencias inmediatas para la zona de los Balcanes Occidentales, donde países como Albania, Macedonia del Norte o Serbia llevan años esforzándose para que se les abra definitivamente la puerta comunitaria. Por eso, la discusión de este lunes de los ministros de Exteriores de la UE con sus homólogos de la región toma todavía más fuerza.

El crecimiento económico a la baja y los precios al alza. La Comisión Europea ha presentado este lunes unas previsiones económicas para el conjunto de la economía europea fuertemente impactadas por las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania. El principal obstáculo para la Unión Europea es la inflación desbocada, impulsada por la escalada de los precios de la energía que, además, España ha sufrido con más fuerza que la media de países de la Unión. Por eso, en el caso del Estado, el ejecutivo comunitario reconoce que los españoles inevitablemente perderán poder adquisitivo, porque sus salarios no crecerán tanto como lo harán los precios.

"La receta es más de lo mismo", es decir, más armas, más apoyo financiero y más sanciones contra Rusia. Con la claridad y la elocuencia que lo caracteriza desde que ha estallado la guerra en Ucrania, el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, ha asistido este viernes a la reunión del G-7, en que ha anunciado 500 millones de euros más en armamento que la UE destinará a Ucrania, una cifra que elevará a 2.000 millones de euros el valor total de armamento que se habrá movilizado a través de los canales puestos en marcha por las instituciones comunitarias. Borrell ha dado por sentado que se hará porque ya tiene el apoyo de los veintisiete estados miembros, según varias fuentes diplomáticas. El presidente de Consejo Europeo, Charles Michel, ha hacho un tuit apoyándole.

Se acerca el fin de la barra libre de ayudas públicas que la Comisión Europea proporcionó a los gobiernos de la Unión para paliar las consecuencias económicas de la pandemia del coronavirus. En marzo de 2020, Bruselas adoptó el llamado marco temporal de ayudas de estado, que se ha ampliado en varias ocasiones desde entonces y que ha permitido a los gobiernos conceder subvenciones, créditos y garantías excepcionales a las empresas del país para parar el golpe que provocaron los confinamientos y las medidas restrictivas contra el coronavirus.

El límite del precio del gas llegará este viernes al consejo de ministros. Así lo anticipó el ejecutivo español martes y lo ha confirmado hoy jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. También Portugal aprobará esta "excepción ibérica". La medida se aprueba después de un tira y afloja entre los dos países y la Comisión Europea para cerrar un acuerdo que gustara a todas las partes, pero, sobre todo, para poder confirmar que hay acuerdo. Hace dos días, tanto España como Portugal anunciaban que tenían luz verde, pero la Comisión Europea les respondía que no se había tomado ninguna decisión formal, sino que solo se había dado una "preautorización" a través de una "carta de conformidad", según explican fuentes del ministerio de la Transición Ecológica al ARA.

Las promesas de los gobiernos de España y Portugal para poner un límite al precio del gas siguen siendo, de momento, promesas. Los dos gobiernos hace semanas que dan por hecho la luz verde de la Comisión Europea, pero Bruselas ha vuelto a enmendarlos. Primero fueron los ministros del ramo de cada país ahora hace una semana y este lunes ha sido el primer ministro portugués, António Costa, quien hablaba de un acuerdo desde Estrasburgo, al que se ha añadido el ejecutivo de Pedro Sánchez. Pero lo cierto es que Bruselas no da por cerradas las negociaciones. Según una portavoz de la Comisión, hay un "alto nivel de entendimiento político sobre los parámetros clave", pero no se han tomado "decisiones formales".

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) cierra la puerta a indemnizar a los accionistas del Banco Popular, que fue absorbido por el Santander en 2017 a través de un proceso de resolución de urgencia previsto en la normativa europea. El tribunal con sede en Luxemburgo recuerda que la directiva que regula estas operaciones establece que son los accionistas y los acreedores los que tienen que soportar de manera prioritaria las pérdidas que se deriven de un proceso como este, porque prevalece la necesidad de garantizar la estabilidad del sistema financiero por encima de sus derechos como inversores. Por lo tanto, el Santander no tiene que indemnizar a los antiguos accionistas de la entidad que vieron que sus inversiones perdían el valor.